La Generalitat retrasa los pagos a las entidades del tercer sector, que denuncian una deuda de 150 millones

Las entidades del tercer sector en Catalunya, que gestionan decenas de centros de día de mayores, pisos de personas con discapacidad y centros de salud mental, vuelven a denunciar impagos de la Generalitat. No es la primera vez que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se retrasa en sus desembolsos y deja al sector en una situación financiera límite, agravada en este caso por la epidemia de coronavirus.

La Confederació, organización que aglutina a 1.200 entidades del sector, ha hecho público que desde la Generalitat les comunicaron, horas antes de la verbena de Sant Joan, que no iban a poder pagarles a tiempo todo lo correspondiente al mes de abril. “Nos abocan a endeudarnos todavía más, para hacer frente al pago de unos servicios efectivamente prestados, en unas fechas tan sensibles como estas y después del esfuerzo realizado”, lamentan desde la organización.

Más allá de estos retrasos, las entidades sociales que prestan servicios a las personas en Catalunya denuncian que arrastran con la Generalitat una deuda de 159 millones de euros: 76 correspondientes a facturas vencidas pendientes de pago y 83, a subvenciones ejecutadas y todavía no abonadas. Esto se suma al impacto económico de la COVID-19 en estas entidades, que calculan que asciende a 618 millones de euros. Se trata sobre todo de gastos de compra de material de protección –no lo recibieron de la Administración hasta semanas después del inicio de la pandemia– y de pérdida de ingresos por actividades cesadas.

La Confederación constata además que la situación de “agravio” hacia estas entidades ya se hizo patente cuando el Govern anunció una paga extraordinaria para compensar el sobreesfuerzo hecho sólo por parte de los trabajadores públicos. Desde el tercer sector no entiende cómo pueden quedar fuera de este reconocimiento los miles de profesionales que han trabajado en recursos asistenciales de atención a personas con salud mental, centros de protección a la infancia y la adolescencia, personas sin techo, mujeres que han sufrido violencia machista, personas con adiciones y otros, tales como atención al domicilio.