El Govern de Catalunya no esconde su ambición en la negociación sobre la reforma del Código Penal que mantiene de forma discreta con el Gobierno central. “La reforma del delito de malversación es necesaria”, ha dicho la portavoz, Patricia Plaja, “porque es necesario hacer todos los cambios posibles para limitar al máximo la judicialización de la política por parte del Estado”. La representante del Ejecutivo ha confirmado de esta forma que, tal y como ya apuntó el president Pere Aragonès, el delito de malversación es el nuevo objetivo una vez acordada la derogación de la sedición.
La portavoz no ha querido mostrar las cartas del Govern en la negociación, pero sí ha subrayado que su intención es ser cuidadosos para que los retoques que se hagan en este tipo penal vayan dirigidos únicamente a los delitos relacionados con el procés y no a cualquier caso de corrupción, después de que en los últimos días se haya especulado sobre la posibilidad de que esta reforma beneficie a algunos miembros del PSOE, como el expresidente de la Junta de Andalucía Antonio Griñán, condenado por el caso de los EREs.
Tras rechazar valorar casos concretos como el del expresidente andaluz, la portavoz catalana ha asegurado que la reforma no debe beneficiar a “nadie que haya metido la mano en la caja”. Además, ha añadido la portavoz, tocar el delito de malversación “no quiere decir blanquear el uso del dinero público en beneficio propio”.
Pese a las intenciones manifestadas por el Govern, hilar fino en la reforma de la malversación podría no ser tarea sencilla debido a la propia configuración del delito. Fuentes conocedoras de la negociación explicaban este lunes a elDiario.es que una posibilidad que se plantea es introducir un precepto que rebaje cuando “el culpable no se ha beneficiado patrimonialmente de los bienes malversados”. Esta opción, que supondría una rebaja de penas por medio de un atenuante sí podría ser aplicable a casos diferentes a los condenados por el procés.
Más allá de la reforma de la malversación, el Govern se ha felicitado por el acuerdo que deroga la sedición a la vez que retoca el delito de desórdenes. “Se ha conseguido un avance importante y, objetivamente, es una mejora”, ha asegurado Plaja, que lo ha ligado directamente a la mesa de diálogo. Sobre ésta, el Ejecutivo ha confirmado que está trabajando para que se produzca una nueva reunión de la mesa, que en todo caso debería producirse antes de que acabe el año y serviría para rubricar el acuerdo sobre el Código Penal. La presencia de los presidentes no está decidida.
Después de que Junts haya pedido este martes que Aragonès acuda al Parlament para dar explicaciones sobre la negociación, Plaja ha confirmado que el president tiene previsto acudir a la Cámara en las próximas semanas. “Lo hará en primera persona”, ha dicho la portavoz, aunque ha dado a entender que solo responderá al Parlament una vez la negociación con el Gobierno haya concluido ya que, según ha dicho, “hemos actuado con la máxima discreción mientras se negociaba sobre la sedición y ahora también lo seremos”.