La Inspección de Trabajo ha concluido que la planta química de Iqoxe en Tarragona, cuya explosión en enero de 2019 provocó tres muertos, incumplía la normativa de riesgos laborales en cuatro materias, entre ellas la formación de trabajadores en atmósferas explosivas y la protección de los empleados. Además la planta funcionaba sin un plan de prevención de riesgos laborales aprobado.
Así lo expone la Inspección en su informe definitivo entregado a la magistrada de Tarragona que investiga el accidente, que encara la recta final de la instrucción y debe decidir si envía a juicio a los dos directivos de Iqoxe imputados. Sobre la mesa de la instructora, un sumario de casi 10.000 páginas que da cuenta de la política de reducción de costes y seguridad laboral llevada a cabo por la empresa, pero que no es definitivo a la hora de aclarar las causas del accidente. Distintos peritos no coinciden a la hora de determinar de forma concreta qué provocó la explosión.
A esta divergencia entre peritos se agarra la defensa de los dos investigados, el director de la planta de Iqoxe en La Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la compañía, José Luís Morlanes, para reclamar su exoneración. Las acusaciones lo ven distinto. La Fiscalía advierte de que no solo hay que tener en cuenta los componentes científicos sino también las “circunstancias que dieron lugar a la explosión”, que a su juicio pueden constituir varios delitos: contra derechos de los trabajadores y contra la seguridad en el trabajo, un delito ambiental por los vertidos al mar de la planta y otro contra la ordenación del territorio por las deficiencias en autorizaciones de seguridad y urbanísticas.
El informe de la Inspección de Trabajo, requerido por la jueza en marzo de 2020 y entregado un año y cuatro meses después, da un espaldarazo a las tesis de las acusaciones, que vinculan el accidente con la decisión empresarial de recortar en seguridad y personal al tiempo que se exigía a la plantilla aumentar la producción.
Según expone el inspector, la empresa le entregó un documento del año 2015 como plan de prevención de riesgos laborales, pero del que “no consta” que fuera aprobado ya que no aparece ninguna firma en él ni tampoco ningún acta en la que se le diera luz verde. “Tampoco existe constancia de que los trabajadores sean conocedores del plan”, abunda el inspector.
La Inspección señala además que el documento no contiene referencias ni sobre las nuevas unidades productivas instaladas después de 2015, entre las que se encontraba la siniestrada, ni sobre la evaluación de riesgos laborales del proceso productivo del MPEG-500, que se estaba fabricando en el momento de la explosión.
El informe de la Inspección es demoledor en cuanto a los riesgos para los empleados de la planta: tras encuestar a la plantilla se concluye que el 98% de trabajadores está expuesto a una “situación desfavorable” en su puesto, y el 71% dice que muchas veces o siempre tiene que trabajar muy rápido. En consecuencia la Inspección recomienda aumentar el personal para “corregir las excesivas tareas asignadas a los trabajadores en relación al tiempo que tienen para poder llevarlas a cabo”.
El inspector tampoco ha logrado encontrar en Iqoxe documentos sobre la evaluación de riesgos en atmósferas explosivas ni rastro de formación específica a la plantilla de los riesgos de trabajar con óxido de etileno. Y sobre los equipos de protección individual de los trabajadores, el dictamen resalta que no se ajustan a lo que dicen sus fichas sobre su seguridad. Por ejemplo: las gafas protegen contra los impactos, pero no contra las salpicaduras de óxido.
Discrepancias entre peritos
Menos definitivos son los informes que los distintos peritos del caso han aportado sobre las causas de la explosión. Incluso los cuatro especialistas designados por el juzgado y que no son de parte no llegan a una misma conclusión. La primera perito apuntó a que la unidad siniestrada requería una parada por mantenimiento que nunca se llevó a cabo y que el día del accidente “presentaba fallos pero se decidió seguir produciendo, en detrimento del principio de prudencia y prevención por seguridad”.
El segundo perito se limita a señalar que el accidente fue debido a un “sumatorio de causas, pero no queda claro cuál es la real”, mientras que el tercero y el cuarto no han observado “defectos” ni “incumplimientos” en la maquinaria que hubieran podido influir en el accidente.
La jueza también ha recibido un informe de un exempleado de la compañía que rebate la tesis del dictamen pericial encargado por Iqoxe al Institut Químic Sarrià (IQS), que tilda de “poco científico” por concluir que el accidente era “imprevisible” y por no tener en cuenta que el reactor accidentado no estaba totalmente automatizado. “Las condiciones de trabajo y la política de gasto mínimo fomentadas por los ejecutivos llevan a que la probabilidad de accidentes fuera muy elevada”, concluye el exempleado.