La macrooperación de este miércoles ordenada por el juez de Barcelona Joaquín Aguire abarca no solo el Tsunami Democràtic y una presunta trama rusa del procés sino que también pretende averiguar si los dos expolíticos de Convergència y ERC David Madí y Xavier Vendrell han conseguido “réditos económicos derivados del tráfico de influencias” con altos cargos de la Generalitat, incluso para “obtener contratos de emergencia” relacionados con la crisis sanitaria.
En los autos de entrada y registro a los domicilios de los investigados, el juez menciona los “elementos e indicios” aportados por la Guardia Civil en base a los pinchazos telefónicos autorizados a Madí y Vendrell. Agrega el juez que la incautación de documentos de sus despachos y el volcado de sus teléfonos móviles y el resto de sus dispositivos electrónicos resulta “proporcionada” y “útil” para “buscar elementos de prueba relacionados con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencia y blanqueo de capitales”.
Respecto a Vendrell, el juez cita un informe de la Guardia Civil en el que el Instituto Armado afirma que el exconseller de Gobernación “participó en la gestión de los centros que se abrieron para ingresar a personas procedentes de residencias afectadas por la COVID-19” y que a cambio “percibió 5.000 euros”.
Además, siempre según la Guardia Civil, Vendrell “intentó obtener un mayor rédito económico” asociándose con Madí y otros dos empresarios “para proveer de test rápidos a la administración catalana”. No obstante, la Guardia Civil matiza que por el momento “no se ha podido determinar si tales intenciones fructificaron”.
Como base de esta hipótesis la Guardia Civil menciona una conversación interceptada entre Vendrell y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que el exdirigente de ERC le dice que el departamento de Salud “ha dejado a las residencias a los pies de los caballos”. “No hemos salido con ventaja, aquí el independentismo necesita salir con ventaja de la crisis…porque si no, no podemos… no podemos marcar paquete. No, no…como le quieres hacer creer a la gente que con la independencia estaremos mejor, no me vale decir porque no tengo todas las competencias”, transcribe la Guardia Civil que Vendrell dijo a Aragonès.
Además, según el juez, en una conversación telefónica Vendrell se jactó de que tras el nombramiento de Salvador Illa en el Gobierno iba a tener “acceso” al ministerio de Sanidad, algo que “considera clave porque ha puesto mucho tiempo y dinero y llega la hora de recoger”.
Con la operación de este miércoles el juez también busca corroborar si, tal y como apunta la Guardia Civil, Madí también intentó “obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus”. Los “negocios” de Madí en este sentido pasaron, según el Instituto Armado, por “activar una vez más sus contactos políticos” como por ejemplo los hasta este septiembre secretario del Govern Víctor Cullell y el secretario de Interior, Braulí Duart.
A éste último, en una conversación interceptada, la Guardia Civil asegura que Madí “le explicó el desbarajuste que se estaba viviendo en la gestión de la crisis”. Sin embargo la tesis de la Guardia Civil no pasa de la mera sospecha que deberá ser contrastada mediante los documentos intervenidos este miércoles. “Si bien hasta el momento no se ha podido corroborar si esas intenciones fructificaron, no es descartable que David Madí se haya podido ver beneficiado por alguna adjudicación pública”, llega a reconocer la Guardia Civil.
Todo ello indica, a criterio del juez, la “influencia” de Madí y Vendrell en la administración catalana y la “estructura clientelar” de la propia Generalitat “que deriva en beneficiar de forma arbitraria y recurrente a una serie de personas físicas y jurídicas”.
Urbanismo y residuos
Además de los relacionados con la COVID-19, el auto del juez plantea que Madí y Vendrell, aprovechando sus contactos políticos tras años en las instituciones catalanas, intentaron hacerse con varios contratos de la Generalitat desde su nueva posición de empresarios y 'lobbistas'. En este punto en el auto aparecen varios nombres no solo de actuales miembros del Govern y de la élite empresarial catalana que el juez no implica en las supuestas maniobras de Madí y Vendrell, sino que son interlocutores o sus nombres son mencionados por ambos investigados en los pinchazos intervenidos.
El proyecto sobre el que la Guardia Civil ha recogido más indicios está relacionado con Vendrell y versa sobre la recalificación urbanística de los terrenos de Villa Bugatti en Cabrera de Mar (Barcelona), en los que, según los investigadores, el exconseller de ERC proyectaba negocios de hostelería y una escuela de educación especial a través de una fundación que preside.
“Para explotar el negocio Vendrell no ha dudado en influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel como los consejeros Damià Calvet [Territorio] o Josep Bargalló [Educación]”, expone la Guardia Civil. Pese a que la comisión de Urbanismo no aprobó la modificación de los terrenos, la Guardia Civil asegura que “se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti pues no disponen de licencia y se vienen celebrando eventos incumpliendo reiteradamente las normas urbanísticas y sanitarias”.
Según la Guardia Civil, Vendrell “obtuvo el compromiso del Departamento de Territorio de darle una agilidad superior a la que marca la norma” y consiguió que Interior hiciera la vista gorda con las actividades hoteleras de Villa Bugatti. En una conversación interceptada, Brauli Duart, por entonces secretario general de la conselleria, “tranquilizó” a Vendrell “al decirle que habría controles policiales informativos para que Torra estuviera contento, pero es pura escenografía”.
En paralelo, Vendrell habría intentado ampliar los conciertos de uno de los centros de la fundación que preside, lo que llevó a la detención este miércoles de dos altos cargos de la conselleria de Educación. En una de las conversaciones interceptadas a Vendrell, la Guardia Civil resalta que el exconseller dijo a su socio haber hablado con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, porque le estaban “tocando los cojones por todo el tema del concierto”. “¡Hostia! Agilizar esto un poco…llama a la consejera de Salud por todo el tema de los laboratorios, llama al Bargalló y llama al Chakir por todo el tema de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal”, reza la transcripción de la conversación entre Vendrell y su socio realizada por la Guardia Civil.
Asimismo, los pinchazos telefónicos, a criterio de la Guardia Civil, “han puesto de manifiesto el interés” de Vendrell en contratos de tratamiento de residuos “de determinados municipios vinculados fundamentalmente a ERC”. Otro de los negocios de los que Vendrell “pretende beneficiarse de sus relaciones con políticos de ERC” es el de los laboratorios de biomecánica, agrega el Instituto Armado. Además, según el auto, en una conversación telefónica Vendrell se jactó de que tras el nombramiento de Salvador Illa en el Gobierno iba a tener “acceso” al ministerio de Sanidad, algo que “considera clave porque ha puesto mucho tiempo y dinero y llega la hora de recoger”.
Respecto a Madí, la Guardia Civil apunta a su “interés” como lobbista de empresas VTC le llevó a un “importante tráfico de influencias” que, no obstante “parece no haber fructificado” y que se habrí materializado en reuniones con el conseller Calver y altos cargos del departamento de Territorio. La Guardia Civil apunta además a que Madí, presidente de Aguas de Catalunya, “pretende acometer la adquisición de Agbar”, una operación que no se ha producido pero en la que, siempre según el Instituto Armado, el exdiputado de CiU “habría activado sus contactos políticos”.