El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimado la petición de la patronal del transporte y la logística UNO, que solicitó que se supendiera cautelarmente la llamada 'Tasa Amazon'. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor el pasado 1 de marzo, grava a las grandes distribuidoras de comercio electrónico por el uso del espacio público durante el reparto de mercancías a domicilio.
La patronal justificó su oposición a la tasa asegurando que su aplicación implicaría “gravísimos perjuicios de imposible o difícil recuperación”, tal como figuraba en el escrito presentado ante el juez, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Además, UNO apuntaba que para poder determinar el importe de la tasa, la administración requiere de datos relativos a todos los envíos que realiza la operadora de transporte. Según la patronal, la obtención de esta información “vulnera la protección de datos” y “se obliga a los operadores postales a infringur la normativa aplicable en materia de protección de datos”.
Por su parte, en el escrito del Ayuntamiento, la administración aseguraba que, por contra de lo que argumentaba UNO, sólo se graban las entregas realizadas y “en modo alguno se obliga a conseguir datos de imposible obtención”. Así, el consistorio contradice a la patronal y asegura que sólo se necesita la lista de direcciones en las que el operador ha realizado entregas, pero no se requieren ni el nombre del receptor del paquete ni el contenido del mismo.
Con todo, el juez ha considerado que los argumentos del Ayuntamiento tienen más peso y ha decidido desestimar la petición de la patronal y mantener la vigencia de la 'Tasa Amazon'.
Esta tasa grava a las 26 empresas que tienen una facturación anual de más de un millón de euros por el uso del espacio público que ocupan sus vehículos al realizar la entrega. Se equilibra así la ventaja comparativa del e-comerce respecto al comercio tradicional, que paga otros impuestos como el IBI por tener un local físico.
De esta manera, las empresas de comercio online que entregan a domicilio se equiparan a las de bicicletas o motos compartidas, que también pagan una tasa de ocupación del espacio público. Con esta iniciativa, se quiere incitar a un consumo más sostenible, ya que no se aplicará cuando los paquetes se dejen en un punto de recogida.
Para calcular la tasa, se ha encargado un informe a la Universitat de Barcelona, que ha cuantificado el precio que tiene el espacio público de Barcelona. Este se ha valorado en 2,6 millones de euros. Además, se ha repartido el peso de la tasa entre las empresas en función de su grueso de negocio en la ciudad y cada una de ellas deberá pagar el 1,25% de sus ingresos brutos. Eso sí, el importe total no podrá superar esos 2,6 millones.
Según datos del Ayuntamiento hay una ocupación diaria de las DUM (Distribución Urbana de Mercancías, es decir, las zonas de carga y descarga) de un 47,6% durante 4.830 horas al año. Este uso del espacio público, que se ha intensificado a raíz de la pandemia, supone un coste para el Ayuntamiento en concepto, por ejemplo, de mantenimiento.
Se trata de una ocupación del espacio público que va en aumento desde la pandemia. Según estimaciones del consistorio, el volumen de entregas diarias procedentes del comercio electrónico fue de 61.400, procedentes de 23 millones de operaciones anuales. En 2020 hubo 33 millones de operaciones.