La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado ante los grupos de la Cámara algunos de los detalles sobre la pérdida del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, inhabilitado por sentencia no firme. Lo ha hecho en abierto ante las cámaras en el marco de la Junta de Portavoces, una semana y media después de producirse los hechos, y después de una fuerte presión de los grupos para obtener las explicaciones que Borràs no había dado. El relato de la jefa del Legislativo ha huido de asumir cualquier responsabilidad en primera persona y se ha limitado a culpar a los funcionarios de la Cámara, a quienes ha culpado de retirar el escaño por su cuenta, desobedencieno al Pleno y sin recibir ninguna orden política por su parte.
Pese a las evidencias, que muestran que a Pau Juvillà no se le permitió tener ninguna participación parlamentaria desde el jueves 3 de febrero, cuando llegó el requerimiento definitivo de la Junta Electoral Central, Borràs ha negado ante los grupos que ella diese ninguna orden para apartar al diputado de la CUP. Según su versión, ella no tuvo ninguna responsabilidad en que Juvillà no fuese convocado a las reuniones de la mesa de aquella semana ni tampoco al pleno. Sobre el hecho de que ella misma no permitiese que el diputado delegase su voto, Borràs ha mantenido el pretexto de que fue para evitar un conflicto de competencias.
Esa misma versión ha mantenido para lo que ocurrió entre los días 3 y 4 de febrero, cuando finalmente Juvillà acabó quedándose fuera del Parlament. El jueves por la tarde, ha relatado Borràs, “la secretaría general dio una instrucción por imperativo legal. En la comunicación ordena que la retirada del escaño sea con efectos retroactivos para proteger a los funcionarios”, ha indicado sobre la actuación de una funcionaria que ocupa el máximo cargo no político por designación a dedo de la propia Borràs.
A partir de esa orden fue cuando los diferentes departamentos de la Cámara, liderados por sus trabajadores, comenzaron a cumplir la orden para apartar a Juvillà, como era borrar su ficha de la web o publicar su baja en el Boletín Oficial del Parlament, antes incluso de que lo ordenase la Mesa. Pero, además, Borràs ha relatado que incluso antes de la orden de la secretaria general, los funcionarios por su propia cuenta habían desactivado el sistema de registro electrónico y también el sistema de voto del pleno, por lo que los diputados tuvieron que votar a mano alzada.
Para la presidenta, estas actuación de los funcionarios fueron “totalmente improcedente” y “no son admisibles”, ha dicho. Por esta razón Borràs ha asegurado que ha pedido un informe sobre la situación interna que se generó. Con todo, Borràs no ha manifestado haber perdido la confianza en los funcionarios que ocupan los lugares de máximo poder interno nombrados por ella. El señalamiento de los funcionarios es además una versión ligeramente diferente a la que ofreció Borràs el pasado lunes, cuando puso el foco sobre unas supuestas responsabilidades de ERC y la CUP.
Pese a estas consideraciones, en el turno de réplica Borràs ha cambiado de tono y ha asegurado que no echa la culpa a los funcionarios, que a su entender actuaron por “miedo”. “Toda la responsabilidad es de la JEC, un órgano que ha querido pasar por encima del Parlament”, ha dicho. Sin embargo, Borràs también ha reiterado que, para el Parlament, Juvillà fue diputado hasta que la secretaria general ordenó la retirada de su escaño, entendiendo de esta forma que la decisión de una funcionaria está por encima de los acuerdos del pleno.
Junto a este relato de los hechos, Borràs ha hecho tres peticiones. La primera es hacer modificaciones en el reglamento del Parlament para evitar una supuesta ambigüedad sobre la situación de los diputados ante las inhabilitaciones. Por otro lado Borràs ha hablado de la necesidad de elaborar una ley electoral catalana, una tarea pendiente del Parlament desde hace décadas que sin embargo no tendría efectos en situaciones como la de Juvillà. Finalmente, la presidenta de la Cámara ha propuesto a los partidos que propongan en el Congreso modificar la ley electoral central, para evitar que pueda haber inhabilitaciones con sentencias no firmes.
Peticiones de dimisión de los no independentistas
En un formato muy infrecuente que, finalmente, ha sido una Junta de Portavoces en abierto, los grupos de la Cámara han tenido cinco minutos de intervención tras el discurso de la presidenta. Todos los partidos no independentistas, PSC, Vox, comuns, Ciudadanos y PP, han sido muy duros contra la actuación de la jefa de la Cámara, y todos ellos le han pedido la dimisión. El diputado socialista Raúl Moreno ha acusado a Borràs de haber degradado la institución con su “contorsionismo político”, mientras que David Cid, de los comuns, ha considerado que a la presidenta “se le ha escapado el Parlament de las manos”.
Desde el grupo de la CUP, directamente implicado por haber perdido un diputado en este episodio, la diputada Eulàlia Reguant ha evitado cargar directamente contra Borràs, pero le ha reclamado explicaciones para conocer por qué no se había mantenido la decisión votada por el pleno. “Soy la primera en no querer poner bajo el foco a los diputados, pero al final nos encontramos en que todas las explicaciones que se nos dan tienen que ver con los funcionarios”, ha reprochado, para acabar reclamando que el independentismo haga un mejor diagnóstico sobre lo que ha pasado para actuar mejor en las siguientes ocasiones.