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Borràs exigió a Aragonès que se implicara en la desobediencia para mantener el escaño de la CUP

Laura Borràs, con Aragonès y Torrent en la entrada del Parlament en una imagen de archivo

Arturo Puente

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Laura Borràs ha llevado a cabo una verdadera maratón de actos, reuniones y sesiones parlamentarias entre el pasado jueves, cuando la Junta Electoral le ordenó retirar ya el acta de diputado de Pau Juvillà, y este viernes, cuando el escaño del cupaire ha quedado oficialmente vacante según el boletín oficial del Parlament. Durante este tiempo la presidenta ha ido cambiando de actitud, desde la retórica inicial que aseguraba que protegería al diputado hasta que el jueves rechazó que pudiera delegar su voto, dejándolo de facto fuera de la Cámara.

Entre medio, Borràs llegó a mantener el sábado una discreta reunión con el president, Pere Aragonès, a quien le exigió que garantizara una “cadena de desobediencias” que acabase implicando al Govern para mantener el escaño, tal como confirman varias fuentes conocedoras del encuentro. Una petición ante la que Aragonès manifestó que el Ejecutivo no podía hacer nada pero que como diputado la secundaría hasta el final. Desde el inicio ERC y CUP consideraron que esta propuesta era un farol de Borràs y de hecho fue la propia presidenta quien acabó virando su discurso al ver que los demás no se oponían.

La semana 'horribilis' de la presidenta había comenzado el viernes 28 de enero (la fecha será importante en términos judiciales), cuando la Junta Electoral Central (JEC) le notifica la resolución en la que le urge a retirar de forma inmediata el escaño a Pau Juvillà, inhabilitado mediante sentencia no firme por no haber retirado unos lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida, y a informar en el plazo de cinco días hábiles sobre sus actuaciones para ejecutar esa orden. En ese momento, el discurso de la presidenta se atenía a las votaciones del pleno, que habían acordado mantener el escaño hasta que la sentencia fuese confirmada por el Tribunal Supremo, lo que se conoce como sentencia firme.

Hacía tiempo que los tres grupos parlamentarios independentistas, ERC, Junts y la CUP, tenían una especie de comité de crisis, que intensifica sus trabajos a partir del jueves, cuando se conoce que la JEC notificará a la presidenta. A partir de entonces, ese fue siempre el grupo donde se hizo la negociación, de máxima tensión, entre las formaciones. Especialmente desde el viernes, cuando a Pau Juvillà le confirman que padece un tumor cerebral y que debe comenzar un periplo médico que complicará aún más toda la gestión de su caso.

En esas reuniones siempre estuvo la propia presidenta del Parlament. Junto a ella acuden por parte de su partido la secretaria de la Mesa Aurora Madaula y los diputados Francesc de Dalmases y Josep Rius. Además, llegado el momento, se incorpora también el diputado Jaume Alonso-Cuevillas, jurista de confianza de Borràs que cobrará especial protagonismo. Por parte de los republicanos acuden los dos miembros de la Mesa, Alba Vergès y Ruben Wagensberg, junto al diputado y jurista Jordi Orobitg, mientras que desde la CUP están el diputado Xavier Pellicer, la asesora Maria Sirvent y, de forma intermitente, el propio interesado, Pau Juvillà, y su abogada. También Eulàlia Reguant participó en algunos encuentros.

Desde el inicio Borràs es asesorada por Cuevillas, quien le recomienda que exija las máximas garantías al resto. “Todos dicen que te acompañarán, pero necesitamos concreciones de cómo te acompañarán y hasta dónde”, le plantea el abogado. Es también Cuevillas quien, ya en la primera reunión con ERC y la CUP, subraya que las repercusiones penales pueden ir mucho más allá de la mera desobediencia, cita la prevaricación y usurpación de funciones y recuerda que los funcionarios pueden negarse a cumplir ciertas órdenes. Pero Borràs hace una promesa a todos los presentes cuando les dice que ella no se arrugará mientras todo quede “en el ámbito administrativo” y no haya “una actuación judicial” contra ella, según fuentes conocedoras de las conversaciones.

La presidenta del Parlament también apuesta entonces por lo que diversas fuentes describen como un “órdago”. Ella propone no quedarse en la desobediencia a la Junta Electoral y llegar incluso a desobedecer al Tribunal Supremo cuando confirme la sentencia de Juvillà.

Pero desde el inicio Borràs vincula esa actuación a que otros organismos secunden la desobediencia, llegando a citar en algunos momentos la necesidad de que este compromiso se haga por escrito y de forma pública. Por ejemplo, por parte de sus posibles sucesores en la Mesa, incluso del conjunto de los diputados. Pero también debe incluir, a su juicio, al Govern, que según sus planes debe manifestar de antemano que solo obedecerá a la Cámara catalana en cualquier circunstancia.

ERC inicia aquí el papel que después mantuvo durante toda la semana, que es permanecer en un segundo plano y decir que secundará lo que decida la presidenta. La CUP por su parte desconfía y reclama que se vaya paso a paso, con el argumento de que lo importante por el momento es proteger el escaño hasta que haya sentencia firme, que es lo que el Parlament ha votado.

El president apela a la separación de poderes

El sábado las agendas de Aragonès y Borràs coinciden en Manresa, donde se celebra un acto por un aniversario local. La presidenta de la Cámara aprovecha la ocasión para reunirse de forma discreta con el jefe del Govern, a quien le traslada su exigencia para mantener el escaño de Juvillà. Borràs le reclama un compromiso para lo que llama “una cadena de desobediencias” que acabe con el desacato final del propio Aragonès. Pide que haya un compromiso público para ello y vincula a esta actuación la continuidad del escaño de Juvillà.

Ante esta pretensión, el president le recuerda que el Ejecutivo y el Legislativo son poderes separados y que, como ya ocurrió en el caso de Quim Torra, una retirada de escaño no tiene efectos inmediatos en el Govern. Borràs le replica diciendo que el Govern no podrá aprobar leyes ni convalidar decretos si el Parlament queda parado, algo que Aragonès asegura que no le preocupa. Según le dice, ahora es la Cámara y ella como presidenta la única que puede decidir hasta qué punto llegar. Aragonès le promete, finalmente, que como diputado la secundará en cualquier actuación.

En ERC estaban convencidos de que Borràs iba de farol, pero también se habían preparado ante la posibilidad de que finalmente optase por desobedecer a la Junta Electoral. Los miembros republicanos de la Mesa habían hecho consultas jurídicas sobre las posibles consecuencias, pero habían manifestado al partido que estaban dispuestos a continuar hasta la inhabilitación. “Se trataba de meter miedo a la gente para poder decir que eran otros los que se echaban atrás. Y tuvo la decepción de que los demás no se echaban atrás”, asegura una fuente de ERC.

El domingo las tres formaciones vuelven a reunirse telemáticamente en una larga cita que todos consideran como muy determinante. El equipo de Borràs da un ultimátum: quieren garantías inmediatas de que los grupos respaldarán a la presidenta si mantiene el escaño de Juvillà. Estas garantías deben darse en forma de compromiso, público y por escrito.

Las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo en este extremo y, mientras que desde Junts afirman que siempre se destacó la cuestión de la comparecencia pública, otros recuerdan que también se exigían papeles firmados. Más allá de este detalle, todas las partes confirman que Jaume Alonso-Cuevillas reclamó a la CUP que toda su lista electoral por Lleida renunciaría a entrar al Parlament, como garantía de que Juvillà no sería sustituido en ningún momento.

Además, Junts entrega una propuesta de documento en el que se vuelve a involucrar al Govern en la desobediencia y pide celebrar una comparecencia pública defendido ese pacto por parte de los tres grupos. Este diario ha tratado de contrastar los detalles de estas conversaciones con Laura Borràs, pero desde su equipo se han negado “a confirmar ni desmentir” ninguno de los extremos.

Parada del Parlament y dictamen final

La CUP dice que tiene que consultar la propuesta de Junts con su secretariado nacional, el máximo órgano de decisión. Mientras tanto, ese mismo domingo, se produce una discusión paralela, porque la Mesa del Parlament debe reunirse al día siguiente y también el martes, y ambos días Juvillà tiene citas médicas. Borràs dice que puede aplazar la Mesa del lunes pero no la del martes, por lo que Juvillà no podrá participar. Esto es entendido como una afrenta por los anticapitalistas, que consideran que Borràs está apartando a su diputado sin decirlo para evitar el riesgo penal.

El lunes los anticapitalistas responden a la propuesta de Junts. Juvillà debe ser relevado como miembro de la Mesa pero mantener su escaño como diputado, aseguran. Y, además, si el problema es la seguridad de la presidenta, la CUP está dispuesta a asumir la presidencia del Parlament de forma transitoria para defender el escaño de Juvillà. “Eso no pasará”, es la respuesta de Borràs, que manifiesta desde el lunes su disgusto personal porque, según afea al resto, la han “dejado sola”.

La Mesa ampliada acaba celebrándose el martes. Juvillà no puede asistir, porque le coincide con una visita médica, pero tampoco se le convoca desde el Parlament, algo que suele ser automático. En la CUP crecen las sospechas de que el diputado está apartado de facto. En esa reunión, la presidenta sorprende proponiendo una parada de la actividad parlamentaria hasta que se reúna la Comisión del Estatuto del Diputado (CED), que debe realizar un nuevo dictamen a la vista del nuevo requerimiento de la JEC. Los letrados advierten a Borràs de que las comisiones las convocan sus presidentes y de que reglamentariamente ni ella ni la Mesa pueden imponer una parada de la actividad, por lo que finalmente esta decisión acaba siendo recogida en los acuerdos como una recomendación.

La idea de los independentistas era convocar la CED para el viernes, cuando acaba el plazo para informar a la Junta Electoral de la retirada del escaño. El equipo de Borràs ya prevé remitir el dictamen que se apruebe como respuesta, pero, mientras tanto, evitar que Juvillà actúe como diputado, de forma que se blinde contra una eventual imputación. Esta comisión, además, sería presidida por Jaume Alonso-Cuevillas, según había acordado Junts hacía tiempo.

Sin embargo, el jefe de filas de Junts, Albert Batet, comete un error y registra el martes el cambio de la presidencia de la CED, lo que de forma automática destituye a David Saldoni como presidente y deja la comisión en un limbo de poder hasta la siguiente reunión. En ese momento el diputado del PSC David Pérez, secretario en la CED queda como único responsable de la comisión y se apresura a convocarla para el día siguiente.

Este error provoca la cólera de Cuevillas, que se queda sin apenas margen para preparar el dictamen. El texto, pese a todo, comienza a redactarse el miércoles, siempre en comunicación con Borràs. Partiendo de trabajos previos, la idea de Cuevillas es poner de manifiesto que, según el reglamento del Parlament, Juvillà mantiene en ese momento el escaño y que lo mantendrá hasta que haya sentencia firme. Pero hace dos apuntes más. Por un parte, indica que “en todo caso”, la Cámara debe mantener el acta hasta que el Supremo rechace las cautelares presentadas, lo que supone una rebaja inicial a la pretensión manifestada hasta entonces.

Pero el texto inicial aún recoge una segunda salvedad que, según entiende la CUP, deja muy tocada la legitimidad de Juvillà como diputado y que acaba dejando su escaño en manos de los funcionarios: “Las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos”, rezaba uno de los puntos del primer borrador.

Finalmente la CUP pacta con Cuevillas sacar este párrafo de la parte resolutiva y colocarla en la dispositiva. Un cambio que es menor, a juicio de Junts, y que acaba permitiendo que una propuesta de dictamen consensuada llegue a la Comisión del Estatuto del Diputado por la tarde.

Los anticapitalistas son conscientes de que el dictamen que están a punto de aprobar deja el escaño de su diputado al borde de la suspensión. Pero calculan que es preferible votar conjuntamente el texto que, al fin y al cabo, reconoce a Juvillà como diputado y agarrarse a eso como a un clavo ardiendo. Además, tras la comisión, debe celebrarse un pleno para ratificar lo acordado, que se fija para el jueves. Ese es el momento en el que la CUP decide lanzar su propio órdago y, por la mañana, registra una petición de delegación de voto para Juvillà, aprovechando que el pleno es en formato reducido por razones sanitarias.

La prueba del nueve

Esta delegación del voto es la prueba del nueve del compromiso de Borràs con el escaño del diputado, porque es ella quien debe decidir si lo acepta, dando validez a la decisión de que continúa siendo diputado; o no lo acepta, dejando al descubierto que ya ha acatado la orden de la Junta Electoral de cesarlo. Finalmente la presidenta rechaza la petición, pero lo hace bajo el argumento de que, como el pleno tiene que votar sobre un dictamen que afecta a Juvillà, dejar que el propio diputado vote puede incurrir en un conflicto de intereses. Fuentes jurídicas del Parlament consultadas por este diario aseguran que ese argumento no se sostiene.

El pleno del jueves aprueba el dictamen, en el que ratifica a Juvillà como diputado pero donde también se incluye la salvaguarda de que no se impedirá a los funcionarios ejecutar las órdenes de la JEC. Tras el pleno se desencadena la resolución del caso Juvilla. En la web del Parlament, su nombre va desapareciendo de las comisiones y los grupos en los que participaba. La secretaria general, Esther Andreu, envía un comunicado a la Mesa hacia el final de la tarde en el que explica que “por imperativo legal” y “para evitar que se impute a mi persona o a otros funcionarios” ha dado órdenes de cumplir el mandato de la Junta Electoral.

Pau Juvillà fue dado de baja el jueves, pero con efectos retroactivos desde el día 28 de enero, el mismo día que Borràs había recibido la notificación que le alertaba de repercusiones penales en cinco días. El jueves por la noche, en su ficha de diputado aparecía como cesado. El viernes a primera hora el boletín oficial del Parlament informaba de que había causado baja como diputado. Durante todo este tiempo y hasta el cierre de esta crónica, ni la presidenta ni miembros del personal de la Cámara se han puesto en contacto con él para informarle sobre su salida.

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