Los Mossos admiten al juez que no guardan “documentación” sobre quién ordenó espiar una asamblea de profesores
La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores no está documentada. Así lo ha trasladado la policía catalana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que argumenta que no puede presentar la orden operativa que precedió al espionaje porque no se puso por escrito.
Seguir la cadena de mando es una de las mayores dificultades con las que habitualmente se encuentran los denunciantes de actuaciones policiales que vulneran derechos fundamentales. El caso del espionaje a una asamblea de profesores que preparaba una de las huelgas docentes en Catalunya del pasado curso no está siendo una excepción.
El espionaje encendió todavía más los ánimos ya caldeados entre los docentes por su conflicto laboral con el Govern, que sigue sin cerrarse (hay una huelga convocada para este martes, primer día de curso).
Hasta tres sindicatos han interpuesto demandas, por la vía administrativa, para reclamar que se condene a la policía catalana por vulnerar los derechos de los docentes. Antes de dictar sentencia, los jueces deben recabar la documentación del caso y, si lo creen conveniente, escuchar a testigos.
A petición de la CGT, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC requirió a los Mossos d'Esquadra que aportaran el expediente completo administrativo del espionaje.
La documentación reclamada por los jueces era muy concreta y debía incluir la orden de servicio u operativa en la que se basó la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del 6 de mayo; las instrucciones impartidas a las agentes que acudieron a la reunión; la valoración del riesgo y la ponderación policial de la actuación en relación con su afectación en los derechos fundamentales de reunión y de huelga; y el parte policial de la actuación.
La respuesta de los Mossos a los jueces ha sido parca en palabras y documentos y genérica, sin referirse al caso concreto del espionaje a la asamblea docente. En síntesis, el expediente no existe.
En un escrito de cinco párrafos, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informa a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.
Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información es “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.
El mando indica a los jueces que las funciones de su comisaría son “estrictamente preventivas” y están orientadas a “la obtención, tratamiento, análisis e integración de información relacionada con conflictos sociales y laborales en tanto que fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión u alteración del orden público”.
Las vías para obtener la información, agrega el mando, responden a una “metodología predefinida” y son de dos tipos: las “fuentes abiertas” que no implican afectación en derechos fundamentales y “la toma en consideración de antecedentes”.
El comisario Hernàndez evita concretar a los jueces en cuál de los dos “ejes” para obtener información que tienen los Mossos se enmarca el acudir a una asamblea de docentes sin identificarse como agentes de policía.
“No se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicio o de planificación y valoración, ni de partes de intervención ni, en definitiva, ningún expediente, porque no se elaboró”, concluye el escrito de Hernàndez.
En un escrito posterior, la jefa de servicio de protección de la seguridad ciudadana de la conselleria de Interior, María Paz Martí, agrega que la infiltración policial “vino motivada” por las “numerosas movilizaciones” de docentes a lo largo del curso, que en algunos casos habían provocado “alteraciones”.
“Esta situación —agrega el escrito de Martí— justificaba la necesidad de recoger y disponer de información, vía fuentes abiertas, para poder dimensionar y planificar los dispositivos policiales pertinentes”.
En ninguno de sus informes a los jueces la policía catalana da respuesta a si policialmente se evaluó la afectación en los derechos de reunión o de huelga de los docentes que suponía enviar a dos agentes a una asamblea.
A nivel político, el Govern pidió perdón por la infiltración “mal planteada” de los Mossos, aunque también la tildó de “democrática”, al tiempo que descartó cesar al director general, el major Josep Lluís Trapero, como le exigió la oposición.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo, ERC y los Comuns, también reclamaron en un principio la dimisión de Trapero, aunque evitaron ponerla como línea roja y terminaron aprobando los presupuestos en plena crisis educativa.
Lo único que concedió el Ejecutivo es que revisaría el operativo para analizar dos parámetros: si el espionaje fue oportuno y si respondió a criterios de proporcionalidad. Insuficientes explicaciones para los docentes. El conflicto educativo en Catalunya sigue abierto y la infiltración policial espera sentencia.