Apenas conocidos los resultados de los últimos comicios catalanes, la prensa de derechas salió rauda a celebrar las exequias de Artur Mas. Las primeras lecturas sugerían que con los 12 diputados perdidos por CiU lo que quedaba malherida no era solo la coalición conservadora como tal sino la propia demanda de autodeterminación. La recuperación de la sobriedad o la simple imposición del principio de realidad han obligado a matizar la euforia. Y es que, dando aquí sí por buenas las encuestas previas, el apoyo al derecho a decidir no solo no se ha desvanecido sino que ha trepado a casi las dos terceras partes del Parlamento catalán. Esta cifra es más abultada si a los 87 diputados obtenidos por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP se suman los 20 obtenidos por un PSC que también defendió la consulta en su programa electoral.
En realidad, ni la derecha españolista ni la catalanista tienen mucho que festejar. La primera, es verdad, consiguió movilizar un voto que no suele emerger en las elecciones autonómicas. Ese fue el objetivo, de hecho, de la demagógica campaña de Alicia Sánchez-Camacho “contra la Cataluña sin apellidos castellanos”. Pero lo cierto es que este voto no fue a parar principalmente al PP, que apenas consiguió un diputado más. Engrosó el caudal de Ciutadans, un partido neolerrouxista al que no se responsabiliza por los recortes y que en cambio supo conectar con una parte de las clases trabajadoras castellanoparlantes de la periferia urbana. Los 28 escaños de 135 que suman unos y otros no pueden subestimarse. Pero los deja muy lejos de encarnar la “Cataluña real”.
Tampoco la derecha catalanista está de parabienes. No solo por su propia caída, sino por el palmario desplazamiento del voto soberanista a la izquierda (algo que también genera inquietud en ciertos medios de Madrid, aunque se hayan esforzado en disimularlo). CiU ha fracasado estrepitosamente en su intento de hegemonizar la nueva coyuntura. Y lo ha hecho en beneficio de una ERC que, con casi medio millón de votos (13,68%) y 21 diputados, ha sido la triunfadora más clara de la jornada electoral. También ha sido relevante el crecimiento de ICV-EUiA y la irrupción de la CUP-Alternativa d’Esquerra en el Parlament, un fenómeno que bien podría atribuirse a su capacidad por presentar un discurso claramente crítico con el capitalismo financiarizado sin renunciar a su apuesta soberanista.
Este revelador indicador debe relacionarse, por fin, con la clamorosa derrota del principal partido de izquierdas de la oposición, el PSC. Con un escaso 14,6 % de apoyo electoral y lejos de su 38,2 % del 1999, ha caído a su mínimo histórico: 523.333 votos. En estos comicios, la formación liderada por Pere Navarro se presentaba con una fuerte división interna. No contaba ni con Ciutadans pel Canvi, la plataforma impulsada en su momento por Pascual Maragall, ni con la figura de su hermano, Ernest Margall, que anunció su baja del partido y la intención de crear uno nuevo. Concurría a la cita, además, seriamente desdibujado en los dos ejes tradicionales que marcan la política catalana. En el nacional, con una propuesta de “federalismo desde el centro” inverosímil si se atiende a la posición del PSOE en materias como el Estatut o el modelo de financiación. Y en el social, con un vaporoso discurso anti-austeridad que parece una broma si se coteja con las reiteradas rendiciones del partido a los mercados financieros y con su disposición a pactar con el PP medidas como la reforma exprés de la Constitución de 1978.
En realidad, bien puede decirse que es el régimen turnista salido de la transición el que experimenta un mayor deterioro. Las dos principales fuerzas históricas de Catalunya, CIU y PSC, suman ya menos de la mitad de los votos. Con el PP, el otro partido-régimen, llegan apenas al 58%. El espacio de izquierda nacional ocupado por ERC, ICV-EUiA y CUP, en cambio, ha crecido notablemente y ya tiene tan solo 150.000 votos menos que CIU (en la provincia de Barcelona llega a un empate técnico). De lo que se trata, a partir de aquí, es de saber si esta distancia puede recortarse e incluso revertirse. En las urnas, pero también en la calle y en el sentido común dominante.
En otros países europeos, este escenario dista de ser utópico. La erosión de la alternancia entre grandes partidos liberal-conservadores y social-liberales y la emergencia de alternativas más radicales es una realidad en muchos de ellos. En algunos casos, es verdad, en beneficio de opciones de extrema derecha, xenófobas y racistas. Pero también de otras integradas por fuerzas de izquierda y movimientos sociales con un discurso democrático radical en defensa de “los de abajo” y cada vez más críticos con los partidos progresistas tradicionales. El caso más emblemático de esta evolución sería Grecia, con Syriza. También en España podrían detectarse situaciones similares, sobre todo en aquellos territorios con identidades nacionales propias. Bildu, en Euskadi, Alternativa Galega, en Galicia, Compromís, en la Comunidad valenciana, serían ejemplos de esta tendencia.
La realidad catalana tras las elecciones no es ajena a esta realidad. A pocos años de la irrupción del 15-M, de las coordinadoras en defensa de los servicios públicos y de movimientos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el crecimiento del soberanismo y su desplazamiento a la izquierda ha generado condiciones inéditas para la gestación de un nuevo bloque político, social y cultural. Un espacio en el que, objetivamente, podría confluir gente proveniente de movimientos sociales y de formaciones como ICV-EUiA, CUP y ERC, e incluso aquellas bases socialistas que hayan roto -o que estén dispuestas a hacerlo- con un partido desnortado social y territorialmente.
El problema, ciertamente, es que este espacio común no solo carece de materialización práctica sino que tiene por delante numerosos obstáculos. Algunos tienen que ver con las proverbiales disputas cainitas que aquejan a las izquierdas y a los espacios críticos. Otros, con experiencias más cercanas como las del gobierno Tripartit, que a diferencia de lo que ocurre con Syriza, presenta claroscuros sobre los que no se ha realizado ni un balance ni una autocrítica adecuados. Finalmente, están las limitaciones coyunturales de las fuerzas de izquierdas más organizadas: el mayor peso de elementos socialmente conservadores en ERC, las vacilaciones de los sectores socialistas descontentos con el PSC, la excesiva profesionalización existente en ICV-EUiA, el dogmatismo de cierta militancia de la CUP.
Ninguno de ellos, con todo, debería resultar insuperable. La agudización de la crisis capitalista y la descarnada ofensiva neoliberal y neofranquista a la que se está asistiendo, están imponiendo condiciones objetivas cada vez más evidentes para la generosidad, el aprendizaje mutuo y la confluencia de proyectos. Esta confluencia podría plantearse un horizonte electoral o no, limitándose a actuar como simple ámbito de articulación de las luchas y prácticas alternativas existentes. De lo que se trataría, en cualquier caso, es de determinar si es posible avanzar, más allá del 25-N, al menos a partir de dos ejes. El primero, la asunción, en términos programáticos y de práctica cotidiana, de las exigencias de democratización radical, desobediencia civil y defensa de los bienes públicos y comunes planteadas por diferentes colectivos desde el estallido de la crisis. El segundo, la búsqueda consciente de complicidades con quienes en España y en Europa luchan por un horizonte similar. Si se consigue antes de que la fragmentación social cause estragos irreparables, el degradado régimen constitucional surgido de la transición y rendido a las demandas de la Troika puede tener las horas contadas.
@JaumeAsens y Gerardo Pisarello son miembros del grupo promotor del manifiesto “Por una radicalización democrática más allá del 25-N”.
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