“Al final es mejor dar la cara aunque te la partan”. A Oriol Camacho se le ha agotado la paciencia. Testigo de un caso que investiga varios delitos relacionados con la Federación Catalana de Fútbol (FCF), recibió como un mazazo la decisión de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) del pasado 30 de julio de retirarle la protección como alertador de corrupción.
En la resolución, firmada por el director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, se acuerda cerrar el expediente por el que se le otorgó la condición de persona informante o protegida (reconocida por la ley que intenta evitar posibles represalias a los alertadores de corrupción) al aducir que Antifraude “no puede llevar a cabo más actuaciones de protección” a Camacho. Consultada por elDiario.es, la OAC ha declinado comentar el caso por razones de confidencialidad.
“Me siento desamparado por la Oficina Antifraude”, denuncia Camacho, que, si bien reconoce que durante el tiempo en que ha contado con protección no ha tenido represalias laborales (estaba de baja), lamenta que la OAC “no ha hecho nada” ante el “acoso” de sus antiguos jefes en la Federación Catalana de Futbol.
El caso de Camacho pone de manifiesto la distancia que existe entre una normativa que desde 2023 brinda protección y apoyo a los denunciantes de corrupción (fruto de una directiva europea que España tardó más de cuatro años en trasponer) y el día a día de los alertadores. “Todos los alertadores que conozco estamos fatal de salud mental”, alerta este jurista.
Al miedo a terminar sin trabajo (a menudo los denunciados son los jefes) se le suman los problemas psicológicos derivados del estrés como los que sufre Camacho (tiene reconocida una incapacidad temporal como accidente laboral y está a la espera de si se prolonga o le obligan a volver a la FCF). “Si tengo que volver a trabajar allí, lo pasaré mal”, advierte Camacho.
Árbitro desde 1998, Camacho empezó a trabajar en la FCF hasta convertirse en su secretario general en 2020. La entidad, sin ánimo de lucro e históricamente un remanso de paz con una plantilla estable, entró en ebullición después de la pandemia, con conflictos laborales, elecciones anuladas y dos facciones de directivos enfrentadas. El mal ambiente y los rumores de chanchullos ascendieron a causa penal a inicios de 2024.
Los Mossos registraron en marzo la sede de la entidad por una supuesta falsificación en las actas de delegación de voto de varios clubes. La causa permanece abierta, con la instrucción a punto de terminarse y con la cúpula de la FCF investigada. Camacho es uno de los testigos clave del caso, y fue interrogado por los investigadores de Anticorrupción de la policía catalana el 5 de marzo 2024.
Apenas ocho días después, y tras la petición de Camacho a los Mossos, la OAC le otorgó la condición de persona “informante o denunciante protegida”, y requirió formalmente a la Federación Catalana de Fútbol que se abstuviera de llevar a cabo “represalias” contra el jurista. También informó de la condición de Camacho al juzgado de Sabadell (Barcelona) que lleva a cabo la investigación.
Dos meses después, la propia OAC deja sin efecto la protección a Camacho, que recurre y vuelve a obtenerla. El pasado 30 de julio, sin embargo, la OAC decide retirársela al considerar que ya no puede llevar a cabo “ninguna otra actuación concreta de protección”.
Según Antifraude, corresponde ahora al juzgado de instrucción de Sabadell que investiga el caso de la FCF (una causa que ya estaba abierta cuando la OAC otorgó la condición de persona protegida a Camacho), la adopción de medidas de protección “sin perjuicio de la asistencia” que le pueda prestar la OAC.
Pese a retirar la condición de persona protegida al jurista, la OAC “se ofrece” al juzgado para “toda la asistencia que puedan precisar” si la magistrada decide que Camacho precisa de protección. No consta que a día de hoy el juzgado haya decidido medidas para evitar represalias al denunciante.
“La resolución no comporta que el solicitante quede desprotegido ante posibles actos de represalia, sino que como hay procesos judiciales pendientes, se dan por finalizadas de forma provisional las actuaciones de la OAC y queda en manos de la Fiscalía y el juez competente la aplicación de medidas de apoyo”, resuelve Antifraude.
La OAC y Camacho coinciden en que el periodo de protección ha evitado una represalia en forma de despido, pero disienten en que las declaraciones públicas del presidente de la FCF, Joan Soteras, contra Camacho y el bloqueo del correo corporativo del jurista supongan una represalia al denunciante.
En su resolución, la OAC menciona una única reunión en persona con Camacho para tratar su caso. El denunciante también echa en falta más “empatía” por parte de la Oficina. “En este tiempo me hubiera venido bien una llamada para saber cómo estaba”, lamenta.
Camacho relata que en los últimos años en los que ostentó el cargo, la directiva encabezada por Soteras (uno de los investigados del caso) le aplicó un “vaciado de competencias” en asuntos económicos, de recursos humanos y de administración. El clima laboral, admite, estaba enrarecido tras un conflicto interno con un grupo de trabajadores que lo enfrentó a Soteras y empezó a realizar algunas grabaciones “por seguridad”.
“Me llegaron a pedir cosas ilegales, como que accediera al correo electrónico del anterior asesor jurídico”, afirma. El sufrimiento que narra Camacho pareció atenuarse cuando se lo contó todo a los Mossos d'Esquadra. “Me sentí liberado y escuchado por los mossos, que me trataron sin condescendencia aunque sabían que lo estaba pasando muy mal”, recuerda. “Y me avisaron de que si encontraban algo en mi contra lo pondrían igual en el atestado, como tiene que ser”, agrega. Más de un año después, Camacho sigue siendo testigo y Soteras imputado en el caso.