El Congreso aprueba que el Supremo juzgue a Laura Borràs con los únicos votos en contra de JxCat y PNV

Laura Borràs ha quedado este jueves a un paso de ser juzgada en el Tribunal Supremo por delitos de presunta corrupción. El Congreso ha autorizado a la Sala Segunda para que proceda contra la diputada, que afronta cargos por prevaricación, malversación y fraude por supuestos delitos en la contratación cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. Solo JxCat y el PNV se han opuesto al suplicatorio, como ya ocurrió la semana pasada en la votación del dictamen de la comisión.

El debate y votación sobre el suplicatorio en el Pleno del Congreso se ha celebrado este jueves a puerta cerrada y ha mostrado el momento de profunda división en el que se halla el independentismo catalán. JxCat reclamaba un claro voto negativo, al considerar que el procedimiento judicial vulnera los derechos de Borràs, pero ERC y la CUP, como también EH Bildu, han optado por no participar en la votación, en muestra del desacuerdo entre las tres fuerzas sobre cómo ha gestionado la diputada su imputación. Finalmente el Congreso ha dado luz verde al Supremo por 293 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

Anticapitalistas y republicanos habían pedido consensuar una estrategia conjunta frente a lo que denominan “nuevo embate del Estado”, que finalmente no se ha producido. Tanto ERC como la CUP, además, habían propuesto la dimisión de Borràs como diputada en el Congreso, alegando que de esta forma el juicio se produciría en el Tribunal Superior de Justicia catalán y podría evitar el Supremo, una opción que la diputada rechazó de plano. Por su parte, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha asegurado que no han participado este jueves en la votación para no legitimar la causa.

“A la represión se le combate, no se le deja ganar por incomparecencia del rival”, ha afeado Borràs a ERC y la CUP en declaraciones a los medios tras su comparencia en el pleno. “Hoy lo único que ha triunfado es la represión”, ha añadido la diputada, que siempre ha considerado que la causa contra ella tiene una motivación política.

Borràs ha cargado además contra la decisión de los diputados que han dado luz verde a su juicio. “Hoy los diputados, que conocen ya todas las circunstancias, van a atropellar mis derechos y lo van a hacer a conciencia. Anteponer la patria a la democracia impone estos peajes y espero que su conciencia lo resista”, ha asegurado Borràs tras su comparecencia ante el pleno. “Hoy soy yo quien me hallo en esta situación, pero podrían ser cualquiera de sus señorías”, ha apostillado.

Por la mañana varios diputados y cargos públicos de JxCat habían lanzado mensajes de apoyo a Borràs, incluido el president de la Generalitat, Quim Torra, quien ha asegurado que “ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España”. “Entre otros motivos, por eso somos independentistas, por el anhelo de una sociedad justa y respetuosa con los derechos fundamentales”, ha añadido.

El caso judicial de Borràs comenzó en noviembre de 2018, cuando se conoció la investigación que un juzgado seguía contra ella por una presunta contratación irregular mientras estuvo al frente del ILC. En concreto, la Fiscalía considera que la hoy diputada fragmentó contratos sobre diferentes servicios informáticos para beneficiar a Isaías Herrero, una persona con la que se cree que mantenía una relación personal, extremos que ella niega.

La acusación cree además que hay pruebas –como unos correos electrónicos publicados por La Vanguardia– para demostrar que Borràs urdió un plan para manipular los procedimientos de contratación en favor de aquella persona mediante la falsificación de presupuestos. La contratación del ILC con Herrero durante la etapa en la que estuvo Borràs al frente asciende a 259.863, una cantidad que según la investigación se habría otorgado directamente a él o mediante otras empresas.

La exconsellera de Cultura y hoy portavoz de JxCat en el Congreso siempre ha defendido su inocencia. Borràs sostiene que toda la contratación fue legal y que los trabajos se realizaron, por lo que no puede acusársele de prevaricación ni mucho menos de malversación. En su comparecencia ante la comisión aseguró que la causa era una “persecución política” contra ella y aseguró que la investigación seguida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona había sido irregular.