Laura Borràs (JxCat) alega que sufre una “persecución política” y pide al Congreso que no autorice su juicio

La diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs ha defendido este jueves en el Congreso su inocencia ante las acusaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo formula contra ella por el caso de presunta contratación irregular durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La diputada ha acudido por petición propia ante la comisión del Estatuto de los Diputados para alegar que sufre una persecución política por ser independentista, por lo que ha pedido que la Cámara no autorice el suplicatorio para desaforarla e impida así su juicio.

La diputada ha tratado de convencer a los miembros del Congreso de que voten negativamente a la petición del Tribunal Supremo, una decisión que el pleno deberá tomar en las próximas semanas. Borràs tiene perdida esa votación de partida, pues los principales partidos, PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, entre otros, ya han anunciado que apoyarán el suplicatorio. En cambio ERC y la CUP todavía no han anunciado su sentido del voto.

Pese a estas previsiones, Borràs no se da por vencida y este jueves ha alertado a los diputados de que permitir su juicio es “corrosivo para la democracia” y va contra la presunción de inocencia “de todos los diputados”. Bajo su punto de vista, además de una policía patriótica existe una “Fiscalía patriótica e incluso una justicia patriótica”. Por ello ha reclamado “que los que ahora se quejan de la policía patriótica no permitan que este Congreso se convierta en un congreso patriótico”.

Utilizando como espejo los polémicos informes de la Guardia Civil en la causa sobre la manifestación del 8 de marzo en Madrid, la diputada independentista ha asegurado que este mismo sesgo policial se aplica en su causa y en la de otros políticos catalanes.

Durante su argumentación Borràs ha denunciado que la investigación realizada contra ella por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, bajo tutela del juzgado número 9 de instrucción de Barcelona, fue “prospectiva” y por tanto ilegal, al haber comenzado porque su nombre apareció en unas escuchas que la policía estaba haciendo en otra causa. En opinión de la diputada, tanto la fiscal como la juez de esa instancia trataron de “buscar delitos” y llegaron a cambiar a los Mossos por la Guardia Civil cuando los primeros consideraron que no había comportamientos reprochables.

“Estamos aquí por una juez incompetente, incompetente porque no podía juzgarme ella sino el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, además de manifiestamente negligente”, ha asegurado Borràs, en una larga exposición que ha repetido ante la prensa, después de que el Congreso no le haya autorizado a dirigirse a los diputados a puerta abierta.

Ante los miembros del Congreso, Borràs ha defendido no solo su inocencia, sino también que ha habido una violación de sus derechos, por ser la causa una “persecución política” y sin indicios de delito.“No soy culpable”, ha asegurado, “no he cometido ninguno de los presuntos delitos de los que se me acusa. Y no soy ni ilusa ni cándida: la causa por la que se me persigue nunca debería haber llegado al Supremo por el catálogo completo de errores procesales y por la ausencia absoluta de hechos susceptibles de ser perseguidos penalmente”.

La causa contra Borràs, que ella ha tildado de “pesadilla” comenzó en noviembre de 2018, cuando se filtraron los primeros informes policiales que la investigaban por una presunta contratación irregular mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. En concreto, la Fiscalía considera que fragmentó contratos para beneficiar a un amigo personal, con quien habría además urdido un plan para manipular los procedimientos de contratación en su favor. La exconsellera de Cultura y hoy portavoz de JxCat en el Congreso siempre ha defendido su inocencia. Borràs sostiene que toda la contratación fue legal y que los trabajos se realizaron.