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CATALUNYA

El Gobierno y la Generalitat se dan tregua para evitar unas elecciones anticipadas

La visita de Sánchez a Barcelona va un paso más allá del deshielo con el Govern y certifica la voluntad mutua de buscar coincidencias para continuar la legislatura

Los independentistas permitirán al Gobierno tramitar los presupuestos en el Congreso sin garantizar aún su disposición a negociarlos

Torra ha vendido como "bilateral" el encuentro con el Gobierno, aunque también se ha sumado al independentismo de base en sus críticas al Consejo de Ministros 

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Pedro Sánchez y Quim Torra conversan con el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sanchez Llibre

Pedro Sánchez y Quim Torra conversan con el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sanchez Llibre David Zorrakino / Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Quim Torra han acabado reconociéndose esta semana como únicos socios disponibles. La visita que este jueves y viernes han hecho el presidente y Ejecutivo a Barcelona, primero para verse con Torra y los suyos y después para celebrar un Consejo de Ministros, ha certificado que si bien las diferencias entre Moncloa y el Palau son abismales, ponerse de acuerdo en lo mínimo es lo único que evitará las elecciones anticipadas que todos temen.

Si la visita de Torra a Moncloa el pasado julio fue la imagen del deshielo, el viaje del Gobierno a Catalunya ha ido un paso más allá y se ha convertido en una tregua, con un comunicado pactado sobre el "conflicto" catalán que ha dejado satisfecho al Govern. El texto acordado es abierto y no prefigura ningún nuevo paso, pero subraya que la voluntad de Sánchez continúa siendo, igual que en la investidura, ofrecer diálogo a los independentistas y buscar acuerdos en Catalunya.

La vía contemplada por Sánchez es una mejora del autogobierno que pueda ser aceptada como reforma del Estatut por una amplia mayoría de catalanes. Pero esta opción está lejos del mínimo que están dispuestos a aceptar los independentistas, que es un referéndum de independencia. Algo que la ministra Meritxell Batet ha rechazado enérgicamente tras el Consejo de Ministros, asegurando que su límite es la Constitución, que a su entender no lo permite.

El marco constitucional, sin embargo, acabó no figurando en el texto pactado por exigencia del Govern. Una cesión por la que la oposición de PP y Ciudadanos han cargado con dureza, pero que para el Gobierno no es tal, al haber una mención explícita en el comunicado a garantizar la "seguridad jurídica". "No hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución", ha zanjado Batet en rueda de prensa, recalcando además que la expresión utilizada está recogida en el artículo 9 de la Carta Magna.

Sin poder exhibirlo como un acuerdo con el Govern, Batet y la portavoz Isabel Celaá también se han felicitado por haber sido capaces de superar este jueves la votación sobre el techo del déficit, gracias a los apoyos de su grupo, Unidos Podemos, y los independentistas catalanes. Esta votación es de gran importancia porque permite al Gobierno tramitar los presupuestos, es decir, da al Ejecutivo unas cuantas semanas antes de empujarlo a la parálisis.

Tanto ERC como PDeCAT votaron afirmativamente la senda del déficit por recomendación de la Vicepresidència económica, en manos de los republicanos, a los que gusta tanto lo que supondría la medida concreta –500 millones de euros para Catalunya si supera todos los obstáculos y acaba aprobándose–, como que el PSOE siga unos meses más en Moncloa. Con todo, el apoyo en el Congreso no garantiza aún que los independentistas estén dispuestos a negociar las cuentas. Los últimos signos han sido más bien los contrarios, el último del Consell Nacional del PDeCAT, que ha rechazado apoyar las cuentas de Sánchez.

Que el 'feeling' no es bueno entre los gobiernos es patente. En la reunión del jueves fueron incapaces de cerrar un orden del día y ni tan siquiera de ponerse de acuerdo sobre si era un encuentro o una cumbre, ni sobre si había habido dos reuniones o tres. Tampoco los guiños del Consejo de Ministros han gustado en la Generalitat: el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat por "unilateral" y la inversión en infraestructuras por estar comprometida hace tiempo. Tras vender como un éxito una supuesta bilateralidad de la reunión del jueves, el viernes el Govern de Torra ha preferido ponerse del lado de los manifestantes independentistas que han protestado contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona mientras los líderes independentistas siguen en prisión.

Pero pese a los desencuentros, los gestos y un entorno de protesta constante, tanto el encuentro entre gobiernos como el Consejo de Ministros se han acabado celebrado sin incidentes de gravedad. Un hecho que se ha convertido en noticia tras semanas de previsiones agoreras sobre posibles altercados violentos provocados por los manifestantes. La calle finalmente ha sido controlada, pero el Govern es consciente de que más daño que los encapuchados le pueden hacer las críticas que recibe cada vez que muestra sintonía con el PSOE.

El desconcierto en el  independentismo, sobre todo en sus sectores más exaltados, se ha convertido en malestar. Y parece ir a más, de la misma forma que PP y Ciudadanos suben el grado de beligerancia contra el Gobierno en cada debate del Congreso. Sin embargo, Sánchez y Torra se han vuelto a emplazar para verse en enero, lo que coincidiría de pleno con el juicio a los presos. Para ninguno de los dos son las mejores fechas, pero ambos han aceptado con estoicismo que mientras dure la legislatura ya no actuarán como preferirían sino dentro de los limitados márgenes posibles.

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