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Turull, Rull y Sànchez ven “absolutamente precipitado” el cierre del caso del 1-O

Procesados avisan que afrontarán juicio al "procés" en condiciones precarias

EFE

Barcelona —

Los exconsellers catalanes Jordi Turull y Josep Rull y el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, han remitido al Tribunal Supremo sendos escritos de alegaciones en los que piden decenas de nuevas diligencias ante el “absolutamente precipitado” cierre del sumario por parte del juez Pablo Llarena.

Los tres procesados han presentado escritos el mismo día en que el Tribunal Supremo ha acusado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva de usar “una estrategia dilatoria” y una “contumaz insistencia en un reinicio del plazo para instrucción” que “sólo puede interpretarse como una actuación contraria a las más elementales exigencias de buena fe”.

Los tres piden que se revoque la conclusión del sumario por considerarlo “absolutamente precipitado” y por echar en falta la práctica de diligencias imprescindibles para una reconstrucción “mínimamente solvente” de lo sucedido. Entre otras muchas diligencias, piden las actas de los consejos de ministros de los años 2017 y 2018 “en las que se haya debatido o incluso propuesto al Congreso la declaración del estado de sitio”.

Protestan, al igual que Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart, sobre los problemas informáticos que les han impedido acceder a parte de la causa y reclaman, en el caso de que se confirme el fin de la instrucción, el sobreseimiento del caso al entender que no han cometido los delitos por los que están procesados.

Sostienen que no hubo alzamiento público ni violencia y argumentan que “convocar un referéndum ilegal o pretender la independencia de un territorio por vías pacíficas son conductas carentes en España de tipicidad penal”. Además, plantean cómo es posible que el propio Supremo juzgase y condenase al exconseller de Presidencia Francesc Homs por desobediencia a raíz de la consulta del 9-N de 2014 y, sin embargo, ahora entienda que “hechos prácticamente idénticos” merecen ser castigados con 30 años de prisión.

Según ellos, la única diferencia entre el 9-N y el 1-O fue la intervención de los cuerpos policiales para impedir “por la fuerza” la votación por decisión del Gobierno central. A juicio de los recurrentes, las protestas frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat del 20 de septiembre fueron “un acto de legítima protesta” y no un alzamiento.

“Si el propósito de las decenas de miles de personas concentradas hubiera sido realmente alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada ante la congregación de un número tan elevado de personas”, apuntan. Equiparan lo ocurrido con protestas contra desahucios o contra “resoluciones judiciales polémicas” y citan las manifestaciones posteriores a que se conociera la sentencia de La Manada.

Por ello, entienden que la calificación de los hechos es “absolutamente desmesurada” y solo se explica por el contexto político subyacente. En el caso del 1-O, aseguran que es imposible “alzarse” ejerciendo la “resistencia pasiva”, como en su opinión hicieron los ciudadanos catalanes ante “las cargas policiales”.

Insisten en que no hubo violencia el 20 de septiembre y, en cuanto al 1-O, añaden: “Las únicas personas que llevaron la iniciativa en el empleo de la fuerza física en aquella jornada fueron los agentes policiales por orden de sus responsables”.

“Curiosa rebelión la que se promueve sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada tras haber recontado los votos emitidos. Extraña rebelión aquella en la que la Policía y la Fiscalía no hacen nada hasta pasado casi un mes para detener a los responsables de la supuesta violencia en lugar de hacerlo inmediatamente”, argumentan.

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