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El expresidente del Constitucional Pascual Sala no ve los delitos de rebelión y sedición en la causa del 'procés'

Pascual Sala afirma que el Estatuto catalán "está vivo y fue validado en referéndum"

elDiario.es Catalunya

El expresidente del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Supremo, Pascual Sala, ha asegurado este martes que es “imposible” acusar a los políticos y activistas independentistas procesados por el 'procés' de delitos de rebelión y sedición. A su juicio, en Catalunya no se produjo un levantamiento violento, por lo que ve “difícil” que esos delitos puedan existir.

El magistrado se ha expresado así en los micrófonos de Rac1, desde los que ha recordado que esa opinión es compartida por “muchos penalistas y muchos magistrados”. “Para mí es muy difícil por no decir imposible que exista un delito de rebelión, por no decir que me parece problemático que exista un delito de sedición”, ha asegurado. Así, los delitos que tendrían cabida a su juicio serían los de desobediencia al Tribunal Constitucional y “tal vez” el de desórdenes públicos.

“Puede haber jueces que crean que ha habido una rebelión, que tengan más conocimiento que yo”, ha explicado, después de asegurar que la suya no es una opinión política sino jurídica, con la que se puede discrepar.

Sala es uno de los magistrados que ha ostentado los máximos cargos de la judicatura, incluyendo la presidencia de los dos máximos tribunales y también la del Consejo General del Poder Judicial. Con ese bagaje, el magistrado ha defendido la independencia judicial, asegurando que cualquiera que sea la decisión final de los jueces “debe ser respetada”. “Sin perjuicio del derecho que se tiene para opinar de sus decisiones”, ha apostillado.

Eso no ha sido obstáculo para que haya opinado en contra de la llamada judicialización de la política. “Hay que evitar que la política acabe derivando en cuestiones judiciales”, ha expresado, al entender que “las prisiones no ayudan a resolver los problemas políticos”. Y es que, al parecer de Sala, “es una cuestión eminentemente política, aunque tiene derivadas judiciales. Pero no son los jueces quienes deben resolver ese tema”, ha explicado.

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