La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado al juez que investiga el caso de las resoluciones municipales independentistas que impute al concejal de la CUP en Vic, Joan Coma. Según el escrito del fiscal, Coma alentó al pleno municipal a dar apoyo a la declaración independentista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre pasado. El juez investiga a decenas de ayuntamientos que aprobaron resoluciones en este sentido, así como a entidades como la ANC, pero esta es la primera vez que el fiscal pide investigar a un regidor concreto por los hechos.
El fiscal considera que lo manifestado por Coma en el ejercicio de sus funciones como concejal podría constituir delitos de rebelión y sedición, castigado este último con hasta dos años y medio de prisión. El juez Ismael Moreno debe decidir ahora si admite la petición del fiscal, llamando a Coma a juicio como imputado –“investigado” desde la última reforma del código penal–.
Vic aprobó la moción de apoyo a la declaración independentista del Parlament con 16 votos a favor de los 21 ediles que componen el pleno, correspondientes a CiU, ERC y la CUP. En aquella sesión, Coma reclamó “dejar de supeditar las decisiones de nuestras instituciones las instituciones españolas” y alentó a desobedecer instituciones españolas como el Tribual Constitucional, tal como lo hace la declaración aprobada en el Parlament y suspendida unos días después por el mismo tribunal.
La CUP, que ya ha comenzado a desobedecer las peticiones de información de la Audiencia Nacional en los ayuntamientos que gobierna, ha emplazado este lunes al resto de ayuntamientos que aprobaron mociones en el mismo sentido a “desatender las peticiones de información que están recibiendo por parte de los Mossos d'Esquadra” en nombre de la Audiencia Nacional.
Además, la CUP exige al conseller de Interior, Jordi Jané, “que ordene a los Mossos d'Esquadra que dejen de dirigirse a los Ayuntamientos y se abstengan de obedecer cualquier otro requerimiento” de la Audiencia. Los anticapitalistas defienden desatender estos requerimientos porque ven en ellos la voluntad de “acusar a personas concretas de los delitos de rebelión, sedición o malversación de fondos públicos”.
El comunicado recuerda que la AMI ha decidido este mismo lunes recomendar a los consistorios que no den la información requerida sino las actas de los plenos municipales al no reconocer la AN como autoridad competente: “Tenemos que mantenernos firmes en el ejercicio de la desobediencia a las instituciones españolas”.