ANÁLISIS

Si no es Convergència, se le parece mucho

0

En 2006, mientras el Govern de Pasqual Maragall negociaba con el de José Luis Rodríguez Zapatero cómo debía ser la reforma del Estatut, una visita secreta de Artur Mas a La Moncloa sirvió para cerrar un acuerdo del que el presidente de la Generalitat solo tuvo conocimiento después de que Mas y Zapatero lo cerrasen. Los socios parlamentarios del PSOE, ERC e ICV, también se enteraron cuando el acuerdo ya estaba sellado. Algo parecido ha pasado con el pacto cerrado este lunes por el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. 

En el Govern de Pere Aragonès la mayoría no sabían que estaba agendada la reunión que desveló elDiario.es, otros se enteraron por casualidad y algunos explican ahora que estaban al corriente para que la sensación de ridículo sea menor. Para zanjar la polémica por cómo se gestó el acuerdo y se formalizó el anuncio, Aragonès insistió este miércoles en una rueda de prensa de balance del curso en que la posición del Govern es solo una y negó que existan diferencias.   

Junts, un partido en el que conviven políticos a priori tan diferentes como Jordi Sànchez, que se inició en la izquierda próxima a Iniciativa, y Joan Canadell, admirador de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, es una formación que defiende que no es ni de izquierdas ni de derechas y que rechaza que se la defina como posconvergente. Pero en este caso es fácil adivinar que Convergència hubiese defendido lo mismo y probablemente con el entusiasmo con que lo han hecho tanto Puigneró como Canadell. De los nombres destacados de Junts solo el expresident Quim Torra ha mostrado su oposición al acuerdo sellado en el Ministerio de Transportes porque considera que es una decisión que va "en contra del medio ambiente, la naturaleza y la tierra".

En el programa electoral de ERC se apostaba por "preservar los espacios naturales que rodean el aeropuerto y aplicar todas las mejoras tecnológicas necesarias para aumentar los vuelos [intercontinentales] sin necesidad de la ampliación". Los republicanos estaban en contra pero han ido adaptando su discurso al gusto de lo que los 'lobbies' de empresarios les demandaban. Eso no significa que dentro del partido no exista oposición al proyecto. Sus cargos locales en los municipios más próximos al Delta del Llobregat y las juventudes del partido han criticado la ampliación porque interpretan que contradice la estrategia de lucha contra el cambio climático y perpetúa un modelo turístico que se pretendía modificar para primar la calidad a la cantidad. 

Una de las voces con más autoridad en las filas republicanas, el exdiputado Joan Tardà, ha resumido el malestar interno en un tuit en el que ha recordado que en el consejo nacional del partido no se ha debatido esta cuestión y que tampoco se ha pronunciado la militancia de ERC. "Cualquier afiliado está legitimado para decir la suya. Y seguro que los hay que estamos en contra". 

Aragonès, que argumenta que las obras se harán con todas las garantías medioambientales pero no aclara ni tan siquiera si se alargará la tercera pista (algo que el ministerio da por hecho), habló el martes por la noche con Ada Colau para intentar calmar el malestar de la alcaldesa de Barcelona por el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat. Colau denuncia que se ha actuado de espaldas a la ciudadanía y reclama a ambos ejecutivos que rectifiquen su decisión. El ayuntamiento de la capital catalana calcula que la ampliación implicaría un aumento en un 33% de las emisiones de dióxido de carbono. Traducido a toneladas serían 2,8 millones más al año. También según sus estudios, más de la mitad de los 20 millones de pasajeros que se ganarían serían turistas para una ciudad que, antes de la pandemia, comprobaba a diario las dificultades de conciliar la masificación con la vida de sus vecinos.

Pero esa es la visión de una parte del Ayuntamiento, puesto que el futuro del aeropuerto ha evidenciado las diferencias que existen entre los socios de gobierno en el consistorio y mientras los 'comuns' han expresado su rechazo a la ampliación tal y como está planteada, el PSC ha mostrado su entusiasmo por lo que califican de "magnífica noticia". 

Mientras, desde sectores independentistas han recordado a Colau y a Catalunya en Comú que sus aliados de Podemos forman parte del Gobierno que más ha presionado para que la ampliación siga adelante y les instan a dirigir sus quejas al Ejecutivo central. En un ejercicio de malabarismo, Aragonès aprovechó la rueda de prensa en la que defendía la ampliación del aeropuerto para criticar que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "no tenga opinión" sobre un proyecto que afecta a una laguna de gran valor ambiental.

En las filas independentistas quien ha mostrado su enojo por el pacto ha sido la CUP, que tras denunciar que el Govern "ha superado una línea roja" ha pedido la comparecencia de Aragonès y de Puigneró en el Parlament. Varias entidades ecologistas han convocado ya una manifestación para el 19 de septiembre y tanto los cupaires como Barcelona en Comú le dan apoyo.

En 2006, mientras el Govern de Pasqual Maragall negociaba con el de José Luis Rodríguez Zapatero cómo debía ser la reforma del Estatut, una visita secreta de Artur Mas a La Moncloa sirvió para cerrar un acuerdo del que el presidente de la Generalitat solo tuvo conocimiento después de que Mas y Zapatero lo cerrasen. Los socios parlamentarios del PSOE, ERC e ICV, también se enteraron cuando el acuerdo ya estaba sellado. Algo parecido ha pasado con el pacto cerrado este lunes por el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. 

En el Govern de Pere Aragonès la mayoría no sabían que estaba agendada la reunión que desveló elDiario.es, otros se enteraron por casualidad y algunos explican ahora que estaban al corriente para que la sensación de ridículo sea menor. Para zanjar la polémica por cómo se gestó el acuerdo y se formalizó el anuncio, Aragonès insistió este miércoles en una rueda de prensa de balance del curso en que la posición del Govern es solo una y negó que existan diferencias.   

Junts, un partido en el que conviven políticos a priori tan diferentes como Jordi Sànchez, que se inició en la izquierda próxima a Iniciativa, y Joan Canadell, admirador de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, es una formación que defiende que no es ni de izquierdas ni de derechas y que rechaza que se la defina como posconvergente. Pero en este caso es fácil adivinar que Convergència hubiese defendido lo mismo y probablemente con el entusiasmo con que lo han hecho tanto Puigneró como Canadell. De los nombres destacados de Junts solo el expresident Quim Torra ha mostrado su oposición al acuerdo sellado en el Ministerio de Transportes porque considera que es una decisión que va "en contra del medio ambiente, la naturaleza y la tierra".

En el programa electoral de ERC se apostaba por "preservar los espacios naturales que rodean el aeropuerto y aplicar todas las mejoras tecnológicas necesarias para aumentar los vuelos [intercontinentales] sin necesidad de la ampliación". Los republicanos estaban en contra pero han ido adaptando su discurso al gusto de lo que los 'lobbies' de empresarios les demandaban. Eso no significa que dentro del partido no exista oposición al proyecto. Sus cargos locales en los municipios más próximos al Delta del Llobregat y las juventudes del partido han criticado la ampliación porque interpretan que contradice la estrategia de lucha contra el cambio climático y perpetúa un modelo turístico que se pretendía modificar para primar la calidad a la cantidad. 

Una de las voces con más autoridad en las filas republicanas, el exdiputado Joan Tardà, ha resumido el malestar interno en un tuit en el que ha recordado que en el consejo nacional del partido no se ha debatido esta cuestión y que tampoco se ha pronunciado la militancia de ERC. "Cualquier afiliado está legitimado para decir la suya. Y seguro que los hay que estamos en contra". 

Aragonès, que argumenta que las obras se harán con todas las garantías medioambientales pero no aclara ni tan siquiera si se alargará la tercera pista (algo que el ministerio da por hecho), habló el martes por la noche con Ada Colau para intentar calmar el malestar de la alcaldesa de Barcelona por el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat. Colau denuncia que se ha actuado de espaldas a la ciudadanía y reclama a ambos ejecutivos que rectifiquen su decisión. El ayuntamiento de la capital catalana calcula que la ampliación implicaría un aumento en un 33% de las emisiones de dióxido de carbono. Traducido a toneladas serían 2,8 millones más al año. También según sus estudios, más de la mitad de los 20 millones de pasajeros que se ganarían serían turistas para una ciudad que, antes de la pandemia, comprobaba a diario las dificultades de conciliar la masificación con la vida de sus vecinos.

Pero esa es la visión de una parte del Ayuntamiento, puesto que el futuro del aeropuerto ha evidenciado las diferencias que existen entre los socios de gobierno en el consistorio y mientras los 'comuns' han expresado su rechazo a la ampliación tal y como está planteada, el PSC ha mostrado su entusiasmo por lo que califican de "magnífica noticia". 

Mientras, desde sectores independentistas han recordado a Colau y a Catalunya en Comú que sus aliados de Podemos forman parte del Gobierno que más ha presionado para que la ampliación siga adelante y les instan a dirigir sus quejas al Ejecutivo central. En un ejercicio de malabarismo, Aragonès aprovechó la rueda de prensa en la que defendía la ampliación del aeropuerto para criticar que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "no tenga opinión" sobre un proyecto que afecta a una laguna de gran valor ambiental.

En las filas independentistas quien ha mostrado su enojo por el pacto ha sido la CUP, que tras denunciar que el Govern "ha superado una línea roja" ha pedido la comparecencia de Aragonès y de Puigneró en el Parlament. Varias entidades ecologistas han convocado ya una manifestación para el 19 de septiembre y tanto los cupaires como Barcelona en Comú le dan apoyo.

En 2006, mientras el Govern de Pasqual Maragall negociaba con el de José Luis Rodríguez Zapatero cómo debía ser la reforma del Estatut, una visita secreta de Artur Mas a La Moncloa sirvió para cerrar un acuerdo del que el presidente de la Generalitat solo tuvo conocimiento después de que Mas y Zapatero lo cerrasen. Los socios parlamentarios del PSOE, ERC e ICV, también se enteraron cuando el acuerdo ya estaba sellado. Algo parecido ha pasado con el pacto cerrado este lunes por el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. 

En el Govern de Pere Aragonès la mayoría no sabían que estaba agendada la reunión que desveló elDiario.es, otros se enteraron por casualidad y algunos explican ahora que estaban al corriente para que la sensación de ridículo sea menor. Para zanjar la polémica por cómo se gestó el acuerdo y se formalizó el anuncio, Aragonès insistió este miércoles en una rueda de prensa de balance del curso en que la posición del Govern es solo una y negó que existan diferencias.   

3 de agosto de 2021 - 22:01 h