El tribunal impide al Palau acusar a Convergència de cobrar comisiones por pedirlo fuera de plazo
El Ayuntamiento de Barcelona y ERC ganaron la batalla política del caso Palau, pero han perdido la guerra jurídica. El tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha impedido este viernes el cambio en la acusación del Consorcio del Palau de la Música, que el martes finalmente decidió acusar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de recibir 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública a través del auditorio.
La presidenta del tribunal, la magistrada Montserrat Comas, ha explicado que la modificación de la acusación del Consorcio llega fuera de plazo, ya que el día indicado para hacerlo habría sido el pasado 17 de mayo, jornada en que todas las acusaciones, incluido el Consorcio, elevaron a definitivas sus conclusiones. Aquel día el Consorcio no acusó a Convergència, por lo que ahora el tribunal no ha aceptado el cambio en la acusación. “No se puede ir hacia atrás, igual que ahora no podríamos aceptar que declarara un nuevo testigo”, ha indicado Comas.
“Las administraciones que integran el Consorcio [Generalitat, Estado y Ayuntamiento de Barcelona] sabían con antelación que el día en que las acusaciones tenían que elevar a definitivas sus conclusiones era el 17, y ese día el Consorcio no pidió un aplazamiento”, ha aseverado Comas. La magistrada ha añadido que aceptar la petición del Consorcio podría implicar en el futuro la nulidad del juicio, si así lo solicitaba alguna de las defensas.
Pese a que el Consorcio haya llegado tarde, Convergència no se librará de la acusación. Y es que la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) sí acusan al partido y a su extesorero, Daniel Osàcar –que se expone a ocho años de cárcel– y piden el decomiso a la formación nacionalista de 6,6 millones de euros. Tras lo ocurrido este viernes, aunque haya condena contra el partido los millones no terminarán en el Palau, sino en el fondo estatal de decomisos.
La aceptación o no de la nueva acusación del Consorcio ha provocado un encendido debate jurídico entre las partes, en el que las defensas de Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull, Daniel Osàcar y CDC y los dos directivos de Ferrovial acusados se han opuesto a la nueva acusación del Consorcio. También se ha mostrado en desacuerdo el fiscal, Emilio Sánchez Ulled. Solo la FAVB ha apoyado al Consorcio.
El abogado de Osàcar y CDC, Xavier Melero, ha dejado una frase con mensaje para el Ayuntamiento de Barcelona en la que ha defendido que la petición del Consorcio llegaba tarde. “Solamente el formalismo nos protege del peligrosísismo idealismo de burócratas y políticos”, ha afirmado. Además, ha recomendado a entes públicos como el Consorcio que recurran a la abogacía privada en vez de a letrados de la administración pública –en este caso, de la Generalitat– “para que no se vean expuestos a situaciones de esta naturaleza”.
Por su lado, el letrado de Millet, Abraham Castro, ha considerado “inadmisible” que consideraciones “estríctamente políticas” como las que, a su juicio, provocaron el cambio de acusación del Consorcio, “se permita que incidan en el normal desarrollo de un juicio”.
La defensa de Millet pide para él dos años de cárcel
Tras negar al Consorcio la acusación a Convergència, el tribunal ha procedido a dar la palabra a las defensas para que elevaran a definitivas sus conclusiones provisionales. La defensa de Millet reclama para él menos de dos años de cárcel y pide al tribunal que tenga en cuenta su confesión sobre el saqueo del Palau y el atenuante de dilaciones indebidas.
También pide el mismo atenuante la defensa de Jordi y Gemma Montull, que además de adherirse a la condena solicitada por el fiscal –10 años y diez meses de cárcel para el padre y 3 años de prisión, el último sustituible por una multa, para la hija–, solicita una pena alternativa de menos de un año de cárcel para cada uno. Por su lado, Osàcar pide su absolución.
El juicio del caso Palau encara su fin. El lunes, el fiscal Emilio Sánchez Ulled, del que este jueves se conoció que se trasladará a Bruselas una vez termine el jucio, empezará a leer su informe definitivo, tras rebajar las penas de cárcel a Millet y a los Montull por su delación sobre las comisiones de CDC. Llega la traca final.
