El PP catalán ha apoyado una propuesta de resolución registrada por Vox en el Parlament que reclama la derogación de la ley catalana contra la homofobia, además de toda la legislación estatal y autonómica derivada de la “ideología de género y woke”. La ley contra la homofobia, aprobada en el año 2014, fue pionera en España por ser la primera en contemplar sanciones administrativas contra todo tipo de discriminaciones a personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.
El texto se votó el pasado lunes en la comisión de Igualdad del Parlament, como una iniciativa registrada por Vox que, en la exposición de motivos, carga contra gobiernos del PP, el mismo partido que acabó apoyándola.
“Las políticas woke han tenido nefastas consecuencias para las sociedades donde han tratado de implementarse y España no ha sido una excepción, donde estas delirantes políticas se han consumado a través de normas aprobadas indistintamente por gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista en diferentes instituciones”, reza el inicio de la proposición.
La exposición de motivos continúa cargando contra diferentes normativas, especialmente las que recogen los derechos de las personas trans, a las que se acusa de ejercer un “borrado de la mujer”. Pero el texto de Vox también carga contra las medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres, como las pruebas físicas diferenciadas por sexo para acceder a algunos puestos de la función pública.
“Respecto a la ley 11/2014 [contra la homofobia] ya habíamos votado en contra en el momento que se aprobó, sobre todo debido al intervencionismo sobre la vida privada de las personas, a las que no se les puede obligar a revelar su orientación sexual, por ejemplo a la hora de establecer planes de igualdad en las empresas”, asegura la diputada del PP Belén Pajares, portavoz del partido en la comisión de Igualdad.
“Por supuesto que nosotros creemos que hay que luchar contra la discriminación de todos los colectivos”, afirma Pajares, que, sin embargo, entiende que “ya existen mecanismos para cuando se producen agresiones, y, por tanto, esta ley duplica la normativa”.
La diputada del PP considera además que la mención a las leyes con ideologia de género, incluso de gobiernos de su partido, se refiere únicamente a cuestiones como la ley del 'solo sí es sí', o la ley trans, además de la catalana contra la homofobia. “El plan contra la violencia de género no es en ningún caso una ley con ideología de género, fue un pacto de estado que presentó el PP con muchísimo consenso”, subraya.
Una visión que choca con lo que interpretaron otras diputadas de la misma comisión, que entendieron que la mención de Vox a las leyes con ideología de género englobaba todas las que el partido suele criticar.
“Nos sorprende que el PP se posicione cada vez más junto a la extrema derecha, como hizo en la Comisión de Igualdad y Feminismos, donde votó a favor para instar al Gobierno de España a que derogue todas las leyes en materia de Igualdad. Es inadmisible que el PP, por cuestiones oportunistas y partidistas, se muestre favorable a destruir todo lo que tanto nos ha costado conseguir y nos ha hecho ser una democracia plenamente moderna y consolidada”, afirmó la portaoz del PSC en la comisión, Elena Díaz.
La ley catalana contra todo tipo de discriminaciones al colectivo LGTBI acaba de cumplir una década en vigor y ha sido la base normativa a través de la que se han tramitado diversos expedientes sancionadores por agresiones y exclusiones por motivo de orientación sexual. La primera multa se tramitó en 2016, por insultos homófobos al trabajador de un centro residencial que se sancionaron con 300 euros.
En febrero de este año PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP presentaron un texto para modificar algunos aspectos, con el objetivo de actualizar la ley, armonizar el código sancionador e incluir algunas novedades en su texto, como contra las llamadas “terapias de conversión” o establecer una red de atención integral al colectivo.