Una veintena de ciudades catalanas dificultan el padrón a migrantes: “Te recuerdan que no eres bienvenido”

Hace unos meses, Patricia hizo el trámite para empadronar a una amiga en su casa. El problema es que esa amiga no vivía con ella sino con sus hijos, en un piso realquilado. Al no figurar en el contrato, esta familia no se podía empadronar en su casa y Patricia decidió echarles un cable. “No es la primera vez que lo hago”, dice esta mujer, de origen guatemalteco, que asegura que ha hecho lo mismo por muchas otras amigas y compañeras que se encuentran en situaciones precarias.

Pero un día, a las pocas semanas de iniciar el trámite, la policía local se plantó en casa de Patricia. Venían a comprobar que su amiga realmente vivía allí. “Me asusté muchísimo”, asegura esta mujer. A pesar de que ella ya tiene los papeles en regla, dos de sus compañeras de piso, al igual que la amiga a la que empadronó, siguen en situación administrativa irregular.

Finalmente, no consiguieron empadronar a la amiga, y Patricia y sus compañeras de piso decidieron que aquella sería la última vez, al menos en un tiempo, harían algo así. Tal fue el susto que Patricia no ha dado su nombre real y tampoco ha querido especificar en qué municipio sucedió el incidente.

Situaciones como esta se viven en una veintena de municipios de Catalunya, en los que vive el 40,6% de la población, según un informe de ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social). En total, 3,2 millones de personas residen en lugares en los que empadronarse puede suponer un problema, a pesar de que la normativa dice que es un derecho y una obligación.

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. A pesar de ello, desde ECAS denuncian que, si bien los consistorios no deniegan explícitamente este derecho, sí “es frecuente que usen técnicas sibilinas para que ciertas personas no se acerquen a un Ayuntamiento a empadronarse”.

La presencia de la policía es una de estas técnicas. Y es que, aunque la ley reconoce que los Ayuntamientos pueden usar diversas herramientas para comprobar que la persona que reclama empadronarse realmente vive en ese domicilio, recurrir a los cuerpos de seguridad es una manera de “desincentivar”. Sobre todo a personas en situación administrativa irregular, a aquellas que viven en infraviviendas o las que están ocupando que, independientemente de su situación, tienen el derecho de empadronarse allí donde residen.

Otra de las maneras de dificultar el acceso al padrón es retrasar los plazos. En 10 municipios, como Barcelona, Lleida, L' Hopitalet o Sabadell, se ha detectado que el tiempo de resolución del proceso es superior a los tres meses, que es el máximo que contempla la ley. Y que, después de eso, no se aplica el silencio positivo, también contemplado en la norma.

Igualmente han reportado que en diversos municipios los criterios para empadronarse cambian aleatoriamente en función de quién solicite el trámite. Uno de los ejemplos más paradigmáticos sería Ripoll. Precisamente, la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílva Orriols, ha sido denunciada por delitos de odio contra colectivos migrantes por dificultar el empadronamiento de personas de origen árabe.

En otros, municipios como Lloret de Mar o Lleida se piden requisitos que exceden lo que requiere la ley, como pueden ser documentos como las facturas de agua o luz (que dejan fuera a personas que ocupan) o acreditar un mínimo de tiempo viviendo en el municipio.

También se ha reportado que, por ejemplo en Calafell, Tarragona o Terrassa se da la ironía de que, para que aquellas personas que no figuren en un contrato de alquiler o tengan una propiedad puedan empadronarse, necesitan un informe de Servicios Sociales. Pero, a la vez, sólo pueden pedir cita en Servicios Sociales aquellas personas que están empadronadas en el municipio.

Las personas sinhogar, las más vulnerables

Una de las vulneraciones más frecuentes y que se viene repitiendo desde hace más años es la imposibilidad de empadronarse en casos de vivienda inexistente o precaria. Es decir, que sólo se le reconoce este derecho a las personas que tienen un contrato de alquiler, hipoteca o propiedad y se deja fuera a aquellas que subarriendan, que viven en lugares sin cédula de habitabilidad, personas que ocupan, o sinhogar. Esto también contraviene la ley, que establece la figura alternativa del empadronamiento en “domicilio ficticio”, que permite registrarse en un equipamiento municipal, a pesar de no residir en él.

Barcelona es de los pocos municipios en los que se contempla y se garantiza esta figura. Por eso, centenares de personas del Área Metropolitana de Barcelona se han visto obligadas a empadronarse en Barcelona aunque vivan en otras ciudades. Esto también ha convertido a la capital catalana en un espacio más atractivo y seguro para las personas sinhogar, que no sólo encuentran más oportunidades laborales y ayuda en Barcelona, sino que también ven más fácilmente garantizado el padrón y, con él, el acceso a Servicios Sociales o la sanidad pública.

En muchos lugares se ponen trabas para acceder al padrón en domicilio ficticio. En la mayoría de municipios se requiere una cita previa que sólo se puede sacar online para iniciar el trámite. Luego, se pide la comprobación por parte de Servicios Sociales de que la persona realmente reside en ese municipio. Esto suele hacerse con una visita de Servicios Sociales al lugar en el que el solicitante haya asegurado que pernocta.

Todo ello son impedimentos indirectos para que las personas sinhogar puedan acceder al padrón. “Es un verdadero problema, porque el proceso puede durar más de tres meses y las personas sinhogar a veces deben desplazarse por seguridad, con lo que los trabajadores sociales en ocasiones no les encuentran y el proceso debe volver a empezar”, explica Beatriz Fernàndez, presidenta de la Fundació Arrels.

“Barcelona tenía una gestión ejemplar hasta hace pocos meses”, aseguran desde ECAS. Esta crítica viene porque, además de ser una de las pocas ciudades con el padrón ficticio, contaba también con la opción del padrón colectivo, que permitía a entidades sociales empadronar a personas vulnerables en sus sedes. Pero en mayo, el Ayuntamiento decidió prescindir de ella.

La decisión provocó protestas por parte de entidades, que aseguraron que se estaba dificultando el padrón a personas vulnerables, pero el consistorio aseguró que no había cambiado su protocolo. “Las entidades estaban colapsadas de correspondencia, así que estamos empadronando a los solicitantes en otros equipamientos públicos y, en el caso del sinhogarismo, en centros especializados”, afirman desde el Ayuntamiento.

El consistorio también asegura que están reforzando el personal y los recursos para poder atender a todos los solicitantes, pero las entidades siguen preocupadas, sobre todo porque hay mucha gente empadronada en sus sedes a las que no están seguras de poder localizar para comunicarles que tienen que volver a registrarse.

“El padrón es un derecho importantísimo para todo el mundo, pero para las personas sinhogar acceder a Servicios Sociales o al CAP puede ser vital”, apunta Fernàndez. Con todo, desde Arrels aseguran que Barcelona sigue siendo de los municipios que más y mejor garantiza el derecho a estar empadronado a las personas sinhogar.

A pesar de ello, este año y por primera vez, la capital catalana ha ingresado en la lista de municipios que dificultan el derecho al padrón. De momento, son pocas quejas las que se han reportado en Barcelona, pero desde ECAS ya alertan de un cambio de tendencia. Han detectado falta de información, procesos que se alargan más de tres meses y denegación del padrón a personas que viven en casas ocupadas.

Desde la entidad aseguran que el derecho al padrón en Catalunya ha empeorado respecto al año pasado, con nuevos municipios en la lista y más grandes que, como Barcelona, hacen que aumente el número de población potencialmente afectada. También han recogido un número mayor de casos de casos de personas cuyo intento de empadronarse derivó en informes policiales, expedientes de extranjería o de Servicios Sociales.

Ese fue, casi, el caso de la amiga de Patricia. Al no tener los papeles en regla, teme otra visita de la policía. Así que, de momento, no está empadronada, aunque la ley la ampare. “Te recuerdan cada día que no eres bienvenido y que tu sitio está en los márgenes”, asegura.