El CERMI pide que la accesibilidad universal en Castilla-La Mancha se garantice para el 2017
Miembros de la comisión permanente del Aurelia Sánchez Comite de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI) han participado en una nueva edición del Consejo de Gobierno abierto, para poder trasladar las prioridades del sector de la discapacidad a los miembros del Ejecutivo. Tal como ha apuntado la presidenta, Cristina Gómez, la iniciativa ha resultado “muy positiva” en cuanto ha permitido tratar políticas de manera transversal y no limitadas al Bienestar Social.
Entre las principales prioridades, se encuentra la educación, un sector que abogan debe ser lo más inclusivo posible y no sólo durante la etapa obligatoria, sino también en las postobligatorias como la Formación Profesional o la Universidad. “Queremos avanzar en una formación básica adaptada, de acorde a su discapacidad y no sólo las tradicionales”, explicó Gómez. En la misma línea, el CERMI se refirió al empleo, por lo que han puesto encima de la mesa una Estrategia regional para el empleo de las personas con discapacidad que abarque el empleo protegido.
Por esto, han pedido que se guarde una reserva del 6% del empleo público para que vaya a los centros especiales de empleo. Además, han pedido al Gobierno regional que guarde 50 plazas de las Ofertas de Empleo Publico para personas con discapacidad y que se ofrezcan incentivos a la contratación para el acceso a empleo ordinario.
Garantizar la accesibilidad universal
Gómez destacó que ya está en marcha la tarjeta sanitaria preferente para las personas con discapacidad y que, ya que ya “han traído la prioridad y estabilidad del sector” se quieren revisar los sistemas de promoción asociativa y desarrollar un concierto social para que sea “fluida y estable” y seguir prestando así el apoyo a centros residenciales.
Entre las prioridades que han presentado hasta el Gobierno se encuentra la accesibilidad universal, para lo cual se han propuesto el horizonte de diciembre de 2017 para que esté garantizada en la región. Entre las demandas también se encuentra incluir en “todas las políticas” el género y apoyan la Ley de Protección Social que garantizará los apoyos “ de por vida” en el caso de perder los familiares directos.
Apoyo para el sistema de la dependencia
El Comité también ha pedido que el sistema de la dependencia reciba más apoyos del Gobierno español, para que sea este quien soporte su financiación y se convierta así en un sistema equilibrado. En términos regionales, han señalado que es neesaria la reforma del Estatuto de Autonomía para reconocer el tercer sector y también garantizar los servicios sociales para que no se vean desmantelados en el caso de una crisis económica.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez ha comunicado la aprobación del proyecto de Decreto de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida. Se trata de un documento “muy importante” que servirá como la transposición de una normativa nacional adaptada a las necesidades regionales.
Entre las novedades del mismo se encuentra incorporar a las entidades de discapacidad como posibles beneficiarias de la tarjeta de estacionamiento, por lo que los beneficiarios no serán solo personas físicas sino también jurídicas y también podrán optar al mismo quienes sufran de enfermedades o de patologías de gran novedad. En cuanto a la accesibilidad universal, Sánchez ha destacado que se trabaja para modificar el decreto de accesibilidad y aprobar un plan autonómico “que puede ser el futuro de la ley de accesibilidad universal”.
