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Ni siquiera el PP confía en el nuevo Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha

La Empresa Municipal de Vivienda de Ciudad Real comienza su liquidación.

Ya lo hizo antes la de Albacete, ciudades gobernadas por el PP, mientras que en Toledo la empresa se mantiene gracias a ampliar sus actividades. En las ciudades gobernadas por el PP se encomienda a la iniciativa privada.

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Foto: EFE

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha iniciado el proceso de liquidación de su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMUSVI), al considerar que se había quedado “sin nada que hacer”, y para ello ha contado con el apoyo del PSOE, que venía reclamando el cierre por entender que la empresa de capital íntegramente municipal había perdido su razón de ser y se había convertido en un “Ayuntamiento paralelo” al realizar funciones ajenas a sus fines sociales. Sólo IU ha criticado la medida porque según su portavoz viene a reconocer el fracaso de la política de vivienda municipal.

No se trata de un hecho aislado, puesto que otras empresas municipales dedicadas a la promoción de vivienda con protección pública han echado el cierre en la región, siendo el caso más significativo el de Albacete donde el Ayuntamiento, también gobernado por el PP, decidió el pasado mes de diciembre la liquidación tanto de su sociedad urbanística URVIAL como del Instituto Municipal de Vivienda y Urbanismo, con parecida justificación a la de Ciudad Real.

En Toledo subsiste su Empresa Municipal con un pequeño parque de vivienda en alquiler, reconvertida en gestora de suelo y no sólo de vivienda mediante una ampliación de sus fines sociales, a mediados de 2012, que la facultan también para dedicarse a otras muchas actividades de gestión de servicios, patrimonio municipal y equipamientos o incluso promoción económica. Ese cambio, promovido por el PSOE con el apoyo de IU, no ha impedido las continuas críticas del PP local que con insistencia exige también la liquidación por entender que ha perdido su sentido.

Ciertamente las promotoras municipales de vivienda con protección pública se enfrentan a una grave situación, en primer lugar por la desaparición de las ayudas de los gobiernos central y autonómico a la promoción y a la adquisición, y en segundo lugar por el difícil acceso a la financiación, algo que también sufren los propios demandantes de vivienda, lo cual lleva a que el mercado de este tipo de vivienda esté paralizado y ello aunque la necesidad siga existiendo.

Un Plan de vivienda sin empresas municipales

Pero lo paradójico de esta actitud generalizada del PP en los ayuntamientos es que, tanto el Plan Estatal de Vivienda aprobado el pasado año como el Plan Regional de Castilla-La Mancha publicado en julio, ambos promovidos por ese partido, apuestan por los gestores públicos como instrumentos para su desarrollo y en especial en las líneas que estos planes priorizan, como la rehabilitación, la regeneración urbana y el alquiler.

El VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha prevé destinar en los próximos dos años 70 millones de euros a líneas de ayuda, entre las que destaca la destinada al alquiler, que contará con dos programas: uno de ayudas al alquiler de viviendas y un segundo programa para fomentar el Parque Público de Viviendas en Alquiler, con un presupuesto de 6 millones de euros.

Otro programa es el de rehabilitación edificatoria dotado con 34 millones de euros. El cuarto programa es el relativo a la regeneración y renovación urbanas con más de 7,5 millones de euros. La línea de rehabilitación se completa con el fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas, que prevé financiar iniciativas de regeneración de barrios, centros históricos o zonas turísticas, y por último se prevén ayudas para la implantación del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) cuando es obligatorio. También hay cambios en la normativa y en concreto se autoriza a los promotores de vivienda con protección pública a que puedan cambiar la calificación de las mismas de venta a alquiler o viceversa en función de la demanda esperada.

Nada de ello parece convencer a los gestores municipales del PP que prefieren liquidar sus instrumentos de gestión urbanística y promoción pública de vivienda, confiando quizá en que la gestión privada supla ese papel.

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