El alcalde de Alicante y el PSPV dirigen el foco hacia la Conselleria por el control de los pisos adjudicados a cargos municipales
El escándalo por la adjudicación de viviendas de protección pública a una concejala del PP, a un arquitecto municipal y a los hijos de la jefa de contratación, ha abierto un nuevo frente de conflicto que ya empieza a trascender las paredes del Ayuntamiento de Alicante y apunta a la Generalitat. Este viernes, tanto el alcalde Luis Barcala, del PP, como la oposición del PSPV han coincidido, desde prismas opuestos, en señalar a la Conselleria de Vivienda como la administración responsable última de validar y fiscalizar quiénes son los beneficiarios de estos inmuebles protegidos.
El alcalde Barcala ha reclamado una modificación de la normativa autonómica para garantizar la “máxima transparencia” en el acceso a la vivienda de promoción pública. Según el primer edil, mientras que el Ayuntamiento se encarga de la cesión del suelo y la tramitación urbanística, es la Generalitat la que debe asegurar que solo quienes cumplen los requisitos legales accedan a una vivienda social. “No voy a permitir que alguien le arrebate ese derecho a quien realmente lo necesita”, ha recalcado, subrayando que la validación de los expedientes de los beneficiarios es competencia de la administración regional.
Por su parte, el Grupo Socialista en Les Corts Valencianes ha registrado una batería de preguntas dirigida a la consellera de Vivienda, Susana Camarero. Los socialistas coinciden en que la Generalitat es quien otorga el visto bueno definitivo a las listas de adjudicatarios y, por tanto, debe aclarar si existió trato de favor o una ausencia total de controles al permitir que una concejala de Urbanismo, familiares de una alto cargo municipal y un arquitecto resultaran beneficiarios.
El PSPV exige ceses y Barcala apuesta por la investigación
A pesar de esta coincidencia en el foco hacia la Conselleria, la tensión política a nivel local se mantiene al rojo vivo. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, y el diputado autonómico José Díaz han exigido responsabilidades políticas directas a Barcala. El PSPV reclama el cese inmediato de la jefa de Contratación —quien ha dimitido como directora general pero mantiene su puesto técnico— y ha anunciado que llevará el expediente a la Agencia Antifraude y a la Fiscalía Anticorrupción al considerar la operación como un “pelotazo urbanístico”.
Ante estas acusaciones, Luis Barcala ha incidido en la “total celeridad y contundencia” del expediente de averiguación de hechos que él mismo ordenó. El alcalde ha reiterado su compromiso de acudir a la Fiscalía ante el menor indicio de irregularidad y ha defendido la legalidad de la situación de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, recordando que se inscribió en la cooperativa cinco años antes de entrar en política. Barcala ha confirmado que el Pleno extraordinario solicitado por la oposición se tramitará con urgencia porque, según sus palabras, es prioritario que el asunto no quede bajo “la más mínima sospecha”.