La mitad de las 28.868 resonancias magnéticas que entre el 1 de enero y el 31 de agosto del presente año se aprobaron en el hospital La Fe de València, el de referencia de la Comunitat Valenciana, se derivaron a la sanidad privada de ellas, el 93% se adjudicaron a Ascires (13.406) y el resto a Imed (575) y a Affidea (445).
Así lo han asegurado fuentes de UGT con datos extraídos de los informes de actividad oficiales del mencionado centro sanitario que han sido consultados con elDiario.es. Fuentes del sindicato han denunciado “una estrategia deliberada de desmantelamiento del servicio público de radiología para beneficiar a empresas privadas”.
Según el mencionado informe interno, mientras el hospital La Fe realizaba 14.442 estudios de resonancia magnética con sus propios medios se derivaron a centros privados un total de 14.426 pruebas, una cifra prácticamente idéntica, lo que significa que por cada resonancia realizada en uno de los hospitales públicos más importantes de España, se ha enviado a un paciente a una clínica privada para realizarle esa misma prueba.
“Estas cifras son un absoluto escándalo y la prueba irrefutable de lo que venimos denunciando desde hace meses”, declaran desde el sindicato, y añaden: “Estamos presenciando el desmantelamiento planificado de un servicio público clave. Dejan nuestras máquinas, en las que se han invertido millones de euros, paradas por una falta de personal calculada, para luego regar con el dinero de nuestros impuestos los beneficios de empresas privadas”.
Para UGT, el informe demuestra que esta situación no es fruto de la casualidad, sino de “una gestión deliberada” de los recursos públicos ya que durante el periodo analizado, las máquinas de resonancia quedaron inutilizadas en 316 ocasiones de resonancia en el Hospital La Fe, especialmente en los meses de julio y agosto, con 66 y 81 cierres respectivamente. El propio informe estima que, debido a estos cierres, se dejaron de realizar 3.792 estudios a pacientes en el sistema público, según el sindicato.
La causa principal de estas derivaciones, según denuncia el sindicato, es la falta de contratación de personal, especialmente de enfermería y de técnicos especialistas (TSID) quienes, además, son desviados a otros servicios como las urgencias, en lugar de mantener operativas las resonancias. “Esto no es un problema nuevo, es una estrategia con un objetivo claro”, asevera la organización. “Ya en febrero alzamos la voz en los medios sobre la infrautilización de nuestros equipos. Advertimos desde 2024 que esto pasaría si no se contrataba personal. La respuesta de la Conselleria, gobernada por el PP, ha sido ignorarnos. Además durante el verano se han suspendido el programa de horas extra mientras los pacientes abultaban las salas de espera de las clínicas privadas. Crean un cuello de botella artificial para justificar las privatizaciones”, aseguran.
El sindicato reclama que el dinero público deje de financiar los beneficios de empresas privadas y se invierta donde es necesario: en la contratación del personal suficiente para que el Hospital La Fe pueda operar sus equipos al 100% de su capacidad. “Se ha realizado una inversión millonaria en tecnología de vanguardia en este hospital. Es inadmisible que esa inversión no se aproveche al máximo por una decisión política que precariza lo público para engordar cuentas de resultados privadas”, lamentan.
Sanidad asegura que ha reducido las derivaciones
Fuentes la Conselleria de Sanidad han asegurado al respecto que las derivaciones a las clínicas privadas del 1 de enero al 31 de agosto del presente año han sido 11.053 y que suponen un 50% menos de las que se derivaron en el año 2023, cuando se produjo el cambio de Gobierno. Sobre la diferencia con las 14.426 que aparecen en los informes de La Fe, comentan que puede deberse a la diferencia entre resonancias aprobadas y las realizadas de forma efectiva (puesto que puede haber una diferencia temporal), pero insisten en que el dato oficial es de las pruebas hechas. Preguntado el departamento que dirige Marciano Gómez por el coste de las derivaciones para las arcas públicas, no ha habido respuesta.
Las mismas fuentes han explicado que “el pasado 9 de mayo de 2025 se inició una auditoria de los servicios de resonancia magnética de hospitales de la Comunitat Valenciana, comenzándose las actuaciones en el hospital La Fe, en relación a la actividad durante 2024”. La primera fase de la auditoría con la información obtenida de conciertos y concesiones, infraestructuras, régimen jurídico de personal y las unidades de documentación clínica y admisión de ambos hospitales, finalizó el pasado ocho de septiembre.
Tras esa fase, y durante el mes de septiembre, en orden a planificar las siguientes actuaciones de la segunda fase de la auditoría se ha mantenido una reunión preliminar con los responsables de los servicios de radiodiagnóstico y resonancia magnética de los hospitales analizados: “Los resultados preliminares de la auditoría reflejan que el hospital depende en exceso de la externalización de resonancias magnéticas y que, a su vez, existen oportunidades de mejora en la utilización de los equipos propios. Por otra parte, los resultados preliminares apuntan a que la gestión y organización del personal, más que la tecnología disponible, es un factor esencial para la mejora de procesos y la efectividad de la prestación de resonancia magnética y, por último, que existe un amplio margen para incrementar la productividad interna y reducir costes si se optimizan horarios, flujos, procedimientos y utilización eficiente de los equipos de resonancia magnética”.
Asimismo, las mismas fuentes han informado de que esta primera fase de la auditoría refleja que los equipos de resonancia magnética del hospital se renovaron en un 80% durante 2023 y que a pesar de ello, la capacidad del servicio de radiodiagnóstico hospitalario para atender la demanda poblacional de pruebas de resonancia magnética es insuficiente y conlleva “la derivación externa de pruebas en un porcentaje superior al deseable”. El análisis de la actividad interna concluye “una oportunidad de mejora del 38% con los recursos disponibles”. El número de especialistas en radiodiagnóstico en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe es de 51 facultativos y 109 técnicos en radiodiagnóstico.
Otro aspecto que refleja preliminarmente la auditoria, según Sanidad, es que, mediante herramientas de gestión por procesos y mejora organizativa, se puede incrementar la productividad en ambas categorías profesionales especialmente importantes en la realización e interpretación de las pruebas de resonancia magnética, los facultativos especialistas en radiodiagnóstico y los técnicos especialistas en radiodiagnóstico.
Desde UGT consideran que estas explicaciones son excusas y consideran muy grave que desde Sanidad se admita que el problema es la falta de personal y que insinúen que la culpa es de los propios trabajadores, “como si no fueran lo suficientemente productivos”. El sindicato afirma que “hablar de incrementar la productividad es un insulto” puesto que “la productividad se incrementa dotando de medios a los profesionales, no exprimiendo a una plantilla bajo mínimos” y afirman “el amplio margen para incrementar la productividad interna del que hablan se llama contratación de personal y desbloqueo inmediato del sistema de autoconciertos, que ellos mismos han desmantelado para favorecer la derivación a la privada”.
Consultados Imed y Affidea por elDiario.es no han hecho valoraciones al respecto mientras que desde Ascires se han remitido a la respuesta de la Conselleria de Sanidad.
Rescate de las resonancias en 2021
Las resonancias magnéticas siguen siendo un importante negocio para la sanidad privada a pesar de que el Gobierno del Botánico las recuperó para la gestión pública en diciembre de 2021, tres años después de vencer las concesiones otorgadas en el 2000, cuando el expresidente del PP, Eduardo Zaplana, privatizó el servicio.
Aunque con tres años de retraso con respecto a la finalización del contrato (año 2018) por la falta de formación del personal, la Conselleria de Sanidad, entonces dirigida por la socialista Ana Barceló, recuperó la gestión directa de este servicio a mediados de diciembre, así como a los 120 empleados de la unión temporal de empresas (UTE) que daba el servicio, formada por el Grupo Ascires (a través de Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y Ribera Salud.
El modelo impulsado por Zaplana supuso un importante quebranto para las arcas públicas. En concreto, según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.