Las bases de las plazas que investiga Anticorrupción cambiaron tras los correos de la presidenta del Puerto de Valencia

Los correos internos, revelados por elDiario.es, entre la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y su equipo directivo, en los que se acredita que participó de forma directa en la elaboración de los pliegos de los procesos selectivos que investiga la Fiscalía Anticorrupción, incluían los borradores de las bases para los puestos. Sin embargo, comparando estos documentos provisionales con los oficiales que finalmente se firmaron el 26 de abril de 2024, se aprecian notables diferencias.

Las plazas a las que se refieren los correos son tres y las bases figuran firmadas por Chao, según la documentación publicada en la web de la APV. Se trata de los puestos de subdirector de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación; de jefe de Apoyo a Gestión Económico-financiera; y de subdirector de Gestión de Dominio Público. De ellas, las dos primeras son las que estaría investigando Anticorrupción, adjudicadas a dos extrabajadoras del Consorcio Valencia 2007.

En ambos casos, en los borradores de las bases ya aparece una propuesta de tribunal idéntica para ambas plazas que, en comparación con el documento final publicado, experimenta tan solo dos cambios: el vocal tercero y su suplente.

Por otra parte, en las bases finales aparecen dos requisitos que no estaban previstos en los borradores. En el caso de la subdirección de Infraestructuras se añade como requisito para poder inscribirse en el proceso al menos “10 años de experiencia profesional en administración, organismo o ente de derecho público, realizando labores de jefatura de obras, conservación, dirección de proyectos y gestión de instalaciones, todo ello en un entorno puerto-ciudad”, un requisito que encajaba como anillo al dedo en el perfil de la adjudicataria que había ejercido como jefa de infraestructuras del Consorcio València 2007 casi desde su creación (en 2004).

En el caso de la plaza de jefa de apoyo a la gestión económico-financiera, también se añadió como requisito “un mínimo de 10 años de experiencia profesional en administración, organismo o ente de derecho público, realizando funciones similares a las requeridas para este puesto”. La adjudicataria fue la que hasta entonces había ejercido como jefa de administración del consorcio.

En cuanto a la puntuación de los méritos y de la entrevista, también hubo cambios. Mientras que en los borradores los méritos tenían un peso de un máximo de 50 puntos y la entrevista otros tantos, finalmente se dio mayor peso a los méritos. En los documentos finales se podía lograr hasta 70 puntos por méritos y 30 por la entrevista. En ambos casos se podían obtener hasta 40 puntos “por cada año de experiencia adicional” a los 10 exigidos como requisito.

Los correos de Mar Chao

Los correos electrónicos intercambiados por Mar Chao confirman la participación de la presidenta de la APV en la elaboración de las bases de las plazas y aumentan la presión del Gobierno central para que la Generalitat la destituya. En un e-mail fechado el 16 de abril de 2024, Chao escribió que Puertos del Estado había “revisado las bases, todo ello con la mejor intención de ayudar y colaborar” y a tenor de los “incendios abiertos” en el seno del organismo.

El correo de la presidenta del organismo contestaba a otro e-mail anterior remitido por la entonces jefa de Recursos Humanos, que aportaba “consideraciones” sobre las “debilidades del procedimiento”. La interlocutora sugería que se definiera la necesidad de personal, que se incorporaran evaluaciones de competencias genéricas y pruebas psicotécnicas y que se sumara a su departamento al tribunal encargado de la selección de plazas.

El e-mail acababa con una advertencia directa a la presidenta de la APV: “Por último, desaconsejo que las bases se redacten en primera persona por ti, Mar, sin prejuicio de que des las indicaciones pertinentes respecto del perfil que crees idóneo para el puesto o que se ha de buscar”.

Las posibles irregularidades detectadas por la Intervención

Un informe de la Intervención General del Estado, publicado en exclusiva por elDiario.es, detectó presuntas irregularidades al haberse incumplido, supuestamente, los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma la Intervención.

Sobre la jefatura de apoyo a la gestión económico-financiera, el informe destaca “la exigencia de un mínimo de experiencia de 10 años en administración, organismo, o ente de derecho público, realizando funciones similares a las requeridas para este puesto”.

“Obviamente y de modo final, de los 11 candidatos que se presentan solo dos superan la primera fase de experiencia. Hay un candidato que ha trabajado en el ente a que se hace referencia expresa en las funciones. Así mismo, las bases exigen una licenciatura, y a diferencia de otros, no señala expresamente cuáles concretas. Se da la circunstancia que la persona que finalmente obtiene la plaza, es Licenciada en Ciencias Empresariales”, apostilla el informe, que pone de relieve que se descarta a un trabajador para uno de los puestos sin que haya “soporte legal para dicha exclusión”.

La Intervención también reprocha, en referencia a la plaza de subdirección de Infraestructuras, que de 11 solicitudes únicamente se admiten cinco y que “las funciones que se exigen no solo están relacionadas con la próxima liquidación del Consorcio, que se encuentra en dicho entorno, sino que las inversiones más relevantes no son precisamente esas del entorno puerto-ciudad, y que la experiencia, en este caso, excluye totalmente al sector privado, circunstancia que prima sobre la experiencia en obra portuaria, sea del sector que sea”.