El Consell ocultó un informe del Consejo de Inclusión crítico con el presupuesto autonómico en servicios sociales

El Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales (CVIDS) está reconocido por ley como el máximo órgano de participación en materia de servicios sociales. Representa a entidades y usuarios y, entre sus funciones, destaca la emisión de recomendaciones y dictámenes previos sobre anteproyectos de ley y decretos, además de colaborar en la planificación, el funcionamiento y el seguimiento de las políticas inclusivas en la Comunitat Valenciana.

Además, según el artículo 6 de la normativa por la que se rige, debe emitir un informe sobre el anteproyecto anual de los presupuestos autonómicos en materia de servicios sociales, un documento que debe elaborar en la fase inicial de tramitación del anteproyecto de ley.

Así lo hizo el organismo el pasado 3 de julio, durante la fase de tramitación de las cuentas autonómicas en el apartado referido a los servicios sociales. Sin embargo, el informe, que en algunos aspectos fue crítico con las previsiones de la Conselleria, no se remitió a les Corts hasta el 30 de julio, cuando las cuentas ya estaban aprobadas, impidiendo su conocimiento por parte de la oposición y su debate en el Parlamento valenciano.

Entre otras cosas, el informe pone de relieve que, en relación con el análisis económico del apartado 'Sostenibilidad de la Inclusión Social y de la Renta Valenciana de Inclusión', la Comisión recomienda proteger el crédito estructural frente al temporal, con el fin de evitar que se produzca “una merma en los derechos subjetivos de la ciudadanía, considerando que el crecimiento del programa lo hace gracias a un refuerzo clasificado como DANA Integrado”, gracias a una partida de 17 millones de euros dentro de la línea de Renta Valenciana de Inclusión.

Además, evidencia que “las prestaciones ordinarias del Sistema Valenciano de Dependencia —un derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia— permanecen prácticamente congeladas en términos estructurales, y el crecimiento aparente del programa descansa sobre una clasificación DANA de naturaleza temporal”.

La Comisión advierte expresamente “del riesgo que ello entraña: de no consolidarse ese crédito como dotación estructural, su extinción situaría a la dependencia ante una caída abrupta de recursos”.

Sobre el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), detecta que “una vez aislada la inversión no recurrente financiada con fondos europeos, la Comisión observa que la actividad ordinaria de la entidad experimenta una reducción global moderada (−1,69 %), concentrada en dos partidas: el gasto de funcionamiento, que disminuye un 27,58 %, y las inversiones reales ordinarias, que se reducen un 29,19 %”.

La fuerte caída que presentan las cifras agregadas (−8,39 % en el total y −77,30 % en inversiones) se explica, en su mayor parte, “por la finalización del programa temporal financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y no por un recorte estructural de la entidad”.

Por este motivo, “la Comisión recomienda garantizar al IVASS una dotación de funcionamiento y de inversión suficiente para preservar la capacidad operativa y la calidad de sus centros, y que la reducción de la inversión ordinaria se acompañe de una justificación expresa sobre su impacto en el mantenimiento y la renovación de los equipamientos”.

El PSPV critica la falta de transparencia

Al respecto, la portavoz del PSPV en servicios sociales, Silvia Gómez, ha criticado que “el PP no puede esconder la información y después pedir confianza; si están tan orgullosos de sus presupuestos, que publiquen todos los datos, que permitan a la oposición analizarlos y que dejen que la sociedad valenciana conozca qué está pasando con la dependencia y con los servicios sociales”.

La diputada socialista ha denunciado que “el PP está intentando convertir los servicios sociales de la Generalitat en un territorio de opacidad”, puesto que “han ocultado a los grupos de la oposición un informe del propio CVIDS, fechado el 3 de julio, que analiza sus presupuestos y que deja en evidencia que el órgano que representa la participación social reclama al Consell más transparencia, información sobre las listas de espera y datos periódicos sobre la ejecución de la dependencia”.

Según Gómez, “mientras los populares presumen de diálogo, esconden los informes; mientras presumen de transparencia, borran o dejan de publicar información; y mientras presumen de reforzar la dependencia, el propio CVIDS advierte de que su crecimiento estructural es prácticamente inexistente y reclama garantías para que no se pierdan recursos cuando desaparezcan los fondos DANA”.

Esto ya no es un problema de comunicación, “es una decisión política de ocultar información sobre la situación real de los servicios sociales y de impedir que la oposición, las entidades y la ciudadanía puedan fiscalizar la gestión del Consell”.