“No tiene sentido revertir un servicio que está funcionando bien para la administración, para los trabajadores y para la seguridad vial”. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) se pronuncia así sobre la intención de la Conselleria de Economía avanzada por elDiario.es de notificarles en los próximos días que no se les prorrogarán las concesiones que vencen en noviembre de 2022.
De esta forma, la idea es que la Generalitat Valenciana recupere el control y la gestión de las estaciones al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por el ejecutivo autonómico que presidió Eduardo Zaplana (PP) y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial, que investiga el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
El aviso por parte del departamento que dirige Rafael Climent debe llegar a las diferentes empresas un año antes de que caduquen los contratos, es decir, antes del 5 de noviembre.
Al respecto, desde AECOVA han pedido a Climent que abra la mesa de diálogo anunciada hace unos meses para conocer de primera mano la hoja de ruta de la conselleria, ante el clima de incertidumbre que se ha creado entre los 1.200 trabajadores de las 25 estaciones fijas de la Comunitat Valenciana.
Ante esta petición, fuentes de Economía han afirmado que siempre están abiertos al diálogo, pero sabiendo que la no prórroga de las concesiones no es objeto de negociación, puesto que es un compromiso recogido de forma explícita en el Pacto del Botànico, que además está amparada por un informe económico.
Según el mencionado documento realizado por ‘Nuve Consulting’, se estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales. Además, el informe confirma que si se prorrogara la concesión administrativa actual, la Generalitat ingresaría solo 7,6 millones de euros y si se hiciera una nueva concesión con un nuevo pliego, la administración obtendría 19,2 millones de euros.
AECOVA, sin embargo, no se cree estos datos. Según afirman, el sistema concesional tal y como está concebido en la actualidad “supone un ingreso directo a sus arcas, sin necesidad de gestionar nada, de alrededor de 20 millones anuales según la propia Conselleria de Hacienda, de ahí que resulte incomprensible que en el informe en el que sustenta su posición la Consellería de Economía hable de que prorrogar el actual sistema solo generaría para la Generalitat 7´5 millones. Es un elemento más de la falta de rigor del referido informe”.
En cuanto a la posible creación de una empresa pública para gestionar las estaciones y acoger a sus 1.200 empleados, afirman que “supone muchos problemas de índole jurídica y técnica” para la Generalitat: “Subrogación del personal, ¿en qué condiciones?. Todos los directivos de los actuales concesionarios pasarían a la nueva empresa, inflación de directivos y de estructura por tanto de costes. Habría que justificar desde el punto de vista económico la necesidad de volver a la gestión directa, tal y como exige la Ley de Estabilidad presupuestaria”.