El Gobierno valenciano ultima la recuperación pública de las ITV que Zaplana, investigado por el cobro de comisiones, otorgó a empresarios afines

El servicio de las 25 Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana volverá a ser 100% público. La Conselleria de Economía dará cumplimiento a uno de los mandatos del Pacto del Botánico y en las próximas semanas notificará a las empresas concesionarias que a partir de noviembre de 2022, la Generalitat Valenciana recuperará el control y la gestión de las estaciones al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por el ejecutivo autonómico que presidió Eduardo Zaplana y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial.

El aviso por parte del departamento que dirige Rafael Climent debe llegar a las diferentes empresas un año antes de que caduquen los contratos, es decir, antes del 5 de noviembre.

A partir de ese momento, se articulará un procedimiento muy parecido al que se ha llevado a cabo para recuperar la gestión pública del departamento de salud del hospital de Alzira en 2018 y de Torrevieja. Este último se hará efectivo el próximo 15 de octubre.

En ambos casos, tras sendas concesiones de 15 años otorgadas a Ribera Salud también en los años de gobierno del PP, el ejecutivo izquierdas que preside Ximo Puig en coalición con Compromís y Unides Podem ha devuelto los servicios sanitarios a la tutela pública al finalizar los contratos y renunciar a una eventual prórroga.

Precisamente, desde Economía se acogen al aval que recientemente otorgó en una sentencia el Tribunal Supremo a la recuperación pública de la gestión del hospital de Alzira, una vez caducado el contrato.

Así, la conselleria tiene vía libre para iniciar este procedimiento, máxime tras plantear el pasado mes de julio que se realizara por acuerdo de todo el Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem) y encontrarse con la negativa del PSPV, al entender los socialistas que no es necesario el mencionado acuerdo puesto que Economía, departamento controlado por el conseller Climent, de Compromís, cuenta con todas las atribuciones para hacerlo efectivo.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.

En el proceso de adjudicación tanto la empresa Sedesa, de la familia Cotino, como Grupo Lubasa y Pavasal ganaron el concurso millonario. El 17 de noviembre de 1997, según reflejan las agendas incautadas durante el registro del despacho del expolítico del PP en Telefónica, Zaplana se reunió con Juan Cotino, con el empresario Luis Batalla y con Pavasal.

El lote dos (zona València norte) fue a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba la mercantil Técnicas y Tratamientos Medioambientales SA, de la que el empresario Luis Batalla era administrador único. En el quinto lote (zona Alicante-Elche), Pavasal participaba en la UTE que resultó adjudicataria.

Pavasal está investigada en el caso Taula por los pagos a las campañas electorales de Rita Barberá. Lubasa es propiedad de la familia Batalla de Castelló. El padre, Luis Batalla, estuvo dos años sin poder contratar con administraciones públicas por fraude fiscal. Su hijo Gabriel es ahora presidente de la compañía y admitió haber financiado al PP de Francisco Camps.

Un informe anterior de la UCO concluyó que el reparto posterior de las comisiones fue de 10,5 millones para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas.