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Gemma Ubasart i Gonzàlez

Profesora de Ciencia Política de la Universitat de Girona. Vicedecana académica y de comunicación de la Facultad de Derecho.

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Jueces, políticos y excepcionalidad

En varias de las informaciones contextualizadoras del juicio a José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra se resaltaba la figura de la juez Concepción Espejel caracterizándola como amiga de Dolores de Cospedal (y por eso recusada en el juicio del caso Gürtel). En otro contexto esta información sería más bien propia de la prensa rosa que de la crónica política pero a día de hoy se trata de un dato importante. La relación entre política y justicia ha devenido central en el llamado proceso de judicialización de la política alrededor del procés y por eso se pone el foco en la cuestión. Ahora bien, esta vinculación entre ambas esferas se lleva a cabo a través de dinámicas distintas, que tienen relación, pero que conviene analizar separadamente.

En primer lugar, se ha producido una suerte de activismo judicial. Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España. Así pues, frente a una supuesta inacción de los líderes políticos hacia el desafío independentista, ellos toman las riendas en el contencioso. La alta magistratura entendía que se debía erigir como partisana en la defensa de un bien superior que afectaba al Estado. Este tipo de prácticas tienen más que ver con dinámicas endógenas de una élite judicial que con presiones externas. El uso del derecho con finalidades políticas, para proteger a un supuesto bien superior, no es la primera vez que se produce.

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Activismo judicial

Puede discutirse el papel que tuvo el gobierno de Mariano Rajoy a la hora de activar la maquinaria judicial para enfrentar los hechos de octubre de 2017. Puede teorizarse sobre los inputs que recibió el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para activar la querella por rebelión hacia los líderes del procés hoy en la cárcel o en el extranjero. Lo que no es objeto de duda es el papel activista que en los altos tribunales algunos han adoptado. Sectores del Estado (entendido como el weberiano monopolio de la violencia) que se tomaron y se toman por su cuenta la batalla por la unidad de España y la lucha contra el enemigo interior. Así, frente a la supuesta tibieza del entonces presidente (Rajoy) y del que le sucedió (Sánchez), ellos mostrarían mano dura. La guerra sucia de las cloacas policiales o el fatídico discurso del rey del 3 de octubre se enmarcan también en estas coordenadas. Ley y orden (ambas entendidas a su manera) contra los desafíos de España.

Por todo esto es pertinente reflexionar sobre la independencia del poder judicial (en aras a la defensa de la montesquieueuniana tesis de la separación de poderes también nos debería preocupar el avasallamiento del judicial sobre el ejecutivo: bajo la batuta de Ferran Requejo, el Institut d’Estudis d’Autogovern debatió sobre ello recientemente).  Aunque me parece aún de mayor interés adentrarnos en el papel partisano que una parte de magistrados se han adjudicado, sobretodo a la hora de dirimir cuestiones con alto contenido político. Las dinámicas actuales de judicialización de la política (y sobre todo las dificultades de desandar la escalada represiva) responden también a una actitud corporativa de jueces y juezas, a una suerte de autoconciencia "trascendente" (versus políticos contingentes) que les ínfula una cierta obligación moral de actuar. Un fenómeno que además parte de una comprensión mayoritariamente conservadora y centralista, pero sobretodo excesivamente legalista, del mundo complejo e incierto que deben juzgar. 

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El tercer grado… y la paradoja penitenciaria española

La primera ley aprobada por el legislativo español después de la ratificación de la Constitución fue la Ley Orgánica General Penitenciaria (1/1979). No se trata de un hecho causal ni tampoco menor. En aquel entonces existía una enorme conciencia de la necesidad de pasar página respecto a los 40 años de dictadura: superar la crueldad de las cárceles franquistas devenía una apuesta cargada de contenido pero también de simbolismo. Muchos dirigentes de la oposición antifranquista habían pasado por este tipo de establecimientos y se encontraban muy sensibilizados con el tema. A la vez entendían que tomarse en serio la construcción de un Estado social democrático y de derecho iba de la mano con una cierta manera de articular el monopolio de la violencia (definición de Estado según Weber). Los y las ciudadanas delegamos al Estado el uso de la fuerza (mediante instituciones como el aparato policial, magistratura y las cárceles) y por lo tanto estas deben de ser objeto de nuestra preocupación y control.

En este contexto, la ley penitenciaria nacía como una de las más garantistas y progresistas de la época (se inspira en parte de la ley penitenciaria italiana de 1975). Quería hacerse realidad el artículo 25.2 de la Carta Magna: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Los objetivos de reeducación y reinserción social debían inspirar la política de ejecución de penas en España. Para estos fines se introducen tres grados de tratamiento penitenciario permanentemente revisables (primero: régimen cerrado; segundo: ordinario con permisos de hasta 36 días año; tercero: semi-libertad), así como medidas complementarias de flexibilidad en la ejecución de las penas (art. 100.2 y 117).

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Gestión de la seguridad: nunca a golpe de titular

La seguridad ciudadana ha devenido el tema del verano en Barcelona. Los periódicos y los informativos van llenos de crónicas de sucesos, con réplicas en las redes sociales. Que los meses estivales sean los más calientes en el debate seguritario no es nuevo. Vayan a la hemeroteca y vean. Estas fechas son las más críticas en relación a la gestión de la seguridad, sobre todo en zonas con una alta presión turística. Pero a esta realidad empírica debemos sumarle una cierta construcción mediática: mucho espacio para cubrir y una suerte de sed sensacionalista.

Dicho esto, es cierto que en Barcelona en el último año han aumentado los robos con violencia e intimidación (reduciéndose ligeramente los hurtos, el delito más común en la ciudad) hecho que ha generado una cierta alarma ciudadana. Y también es cierto que en pocos días se han concentrado tantos homicidios como los que sucedieron durante todo el año anterior, muchos de ellos por vinculación a la droga (la heroína que parecía desterrada ha vuelto). Aun no estamos en disposición de afirmar si se trata de un fenómeno coyuntural o estamos frente a cambios estructurales en los indicadores de seguridad ciudadana. Tendremos que estar atentas a la evolución de los datos y otras informaciones procedentes de los cuerpos policiales. De momento, las autoridades municipales y catalanas hacen bien en aumentar la presencia de efectivos como medida de respuesta inmediata.

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La socialdemocracia: el problema de la falta de proyecto

A estas alturas del partido, cada una se ha construido con sólidos argumentos su idea de cuándo, cómo y quién hizo saltar por los aires el acuerdo entre el PSOE y Podemos. Información y razones se han multiplicado en el espacio mediático y, a día de hoy, creo que no existe ninguna persona “politizada” que esté en disposición de cambiar de opinión. Cabe decir también que la mayor parte de votantes hace tiempo que ha desconectado, que se ha perdido en el juego maquiavélico en el que asesores de comunicación y expertos en tacticismo han empujado a la vida política española.

Por todo esto no voy a ahondar más en las circunstancias de la investidura fallida. En los siguientes párrafos intentaré profundizar en el porqué, en las razones de fondo. Un porqué contextualizado en el caso español, pero que podría ser aplicado en otros lugares. Vamos por partes.

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Barcelona: Colau o Maragall. O quién conseguirá movilizar más voto útil

El día de inicio de la campaña de las municipales constataba en un artículo la existencia de un empate técnico entre Ada Colau y Ernest Maragall. Mientras que los candidatos de la CUP y el PP luchaban por entrar en el consistorio, quedaba bastante consolidado el hecho de que Collboni (PSC), Artadi (JxCat) y Valls (Cs) disputarían las posiciones intermedias. Así las cosas, los 15 días de campaña serían decisivos para los resultados, y estos se disputaríanen gran parte entre parejas de bailes. Las decisivas se encontraban entre BeC y el PSC por un lado, y ERC y JxCat por el otro.

Cabe tener en cuenta que el sistema de elección en los ayuntamientos es diverso del de otros niveles de gobierno. Este, como muy bien apunta el profesor Josep M. Reniu, dificulta el desarrollo de lógicas coalicionales. A la vez, refuerza una suerte de presidencialismo que no propio del entramado institucional español. Así pues, el artículo 196 de la LOREG dicta que la alcaldesa o el alcalde se elige por una mayoría absoluta de concejales o, si ninguno consigue la mayoría, el/la proclamado/a es quien encabece la lista que haya obtenido más votos populares. Por lo tanto, como difícilmente ningún cabeza de lista va a conseguir sumar 21 concejales debido a la fragmentación y la polarización del escenario político, va a hacerse con la vara de alcalde quien obtenga un voto, un solo voto más, de los sufragios emitidos. Es por esta razón que el voto útil adquiere una importancia central en las elecciones municipales. Y más si son tan reñidas como las actuales.

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Madrid-Barcelona: debates electorales

El lunes y el martes la campaña estuvo marcada por los dos debates entre los cuatro candidatos de partidos de ámbito estatal con representación parlamentaria. Ayer miércoles, y mientras aún están en pie los análisis sobre los encuentros en RTVE y Atresmedia, se celebró el debate en TV3 entre los/las cabezas de lista en Catalunya (o los que ejercen de ello, en el caso de JxC y ERC que tienen sus números 1 encarcelados).

Ahora más que nunca, se trata de debates absolutamente conectados. En los que se celebraron en Madrid, Catalunya fue una protagonista evidente. En el que se ha celebrado en Barcelona, el tema estrella – como no podía ser de otra manera – ha sido el contencioso independentista. Pero también los nuevos escenarios que pueden abrirse (o cerrarse) fruto de pactos post-electorales.

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Sin rebelión... ni República

El jueves fue un día intenso en el Tribunal Supremo. Aunque Josep Lluís Trapero no tenía obligación de declarar al estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, este lo hizo con rigor, precisión y extensión. El testimonio, hasta el momento, ha sido el más largo. Su lógica argumental no era nueva, le habían precedido los comisarios Manuel Castellví y Emili Quevedo. No hubo contradicciones, todos remaron hacia el mismo sitio. Eso sí, Trapero lo redondeó, le dio empaque al relato. Con sus declaraciones, los altos mandos de la policía catalana defendieron la honorabilidad y profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra. De sus palabras se desprendió sentido de Estado. Marcaron muy claramente la separación entre gobierno e institución.

Tres ideas importantes de la declaración del major. En primer lugar, dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que hizo la dirección política. Irresponsables fue la palabra utilizada. Según sus explicaciones, en la reunión celebrada el 27 de setiembre entre la cúpula de la policía catalana y Puigdemont, Junqueras y Forn se insistió en la necesidad de respetar la ley, el 1-O y no solo ese día: "Les emplazamos a cumplir la legalidad y las órdenes judiciales. Les dijimos que, evidentemente, nosotros las cumpliríamos, que no se equivocasen con nosotros". En segundo lugar, explicó que no sentaron bien las declaraciones a prensa del conseller de Interior y el de Presidencia en la recta final del 1-O: "Les dijimos que no acompañábamos el proyecto independentista". En tercer lugar, declaró que los Mossos desde el 25 de octubre tenían preparado un dispositivo para detener al president y a los miembros del Govern si así lo requería la autoridad judicial.

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Las elecciones que vienen: ¡A jugar! (I)

En los últimos días se han ido publicando, en varios medios de comunicación, encuestas y estimaciones para las elecciones generales del 28 de abril. La precipitación con la que se ha convocado la cita electoral ha generado una sed de datos en políticas, comunicadores, analistas y ciudadanía en general. Hay nervios en las direcciones de partido. A contrarreloj, deben elaborarse las candidaturas para las legislativas (que se suman a las que ya estaban trabajando en los municipios, europeas y en las autonomías de régimen común). Las y los ciudadanos también se muestran preocupados en cómo va a resolverse el ciclo electoral de 2019. Este será el segundo ciclo electoral completo desde la ruptura del bipartidismo hace ya cinco años. El sistema de partidos que se dibujó en las elecciones preconstitucionales de 1977 mantuvo una relativa estabilidad hasta la llegada inesperada de Podemos en el tablero político y electoral español.

La mayor parte de las encuestas citadas, lejos de ayudar a acotar el campo de juego, dibujan un escenario muy abierto. Aún hay mucho juego por delante. Afrontamos unas elecciones con una alta volatilidad declarada (tasa de ciudadanos que modifican su opción de voto de unas elecciones a otras) y unos importantes niveles de indecisión que no se resolverán hasta fechas cada vez más próximas a las elecciones. Pequeños cambios de voto y de movilización pueden ser definitivos.

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La tentación de Ciudadanos

Las elecciones andaluzas abren un escenario político inesperado en la comunidad autónoma. Si bien el declive del socialismo andaluz era una realidad constatable demoscópicamente, pocos habían previsto un desenlace final tan abrupto: el batacazo de Susana Díaz, la suma aritmética de las derechas y la entrada con fuerza de Vox. Los resultados se explican en parte por dinámicas internas andaluzas: la "carterización" e institucionalización conservadora del PSOE-A después de 36 años de gobierno ininterrumpido de la Junta; la falta de proyecto para una comunidad económica y productivamente estancada y la poca innovación para enfrentar las necesidades sociales de importantes segmentos; el débil liderazgo de Díaz (a pesar de haber sido la apuesta de una parte de los barones socialistas, no ha conseguido ganar ni una elección importante); las dificultades de Adelante Andalucía de presentar un proyecto atractivo para el votante socialista desencantado pero no demasiado politizado; la debilidad del Partido Popular en la comunidad, etcétera.

Pero a pesar de todo esto, los resultados han tenido (y tendrán) repercusiones en la vida política española. Andalucía manda mensajes (a Pedro Sánchez, a los barones del PSOE, a los partidos independentistas), pero sobre todo Andalucía puede ser un laboratorio político en el campo de la derecha. Justo después de la sesión de constitución del Parlamento andaluz, Pablo Casado se apresuró a apuntar que la fórmula de suma de las derechas es exportable a las próximas elecciones locales-autonómicas-generales.

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