La Fiscalía reclama a Canet información sobre la plaza de funcionario del subdelegado del Gobierno en València
La Fiscalía Provincial de València ha dado un paso para investigar el historial administrativo del actual subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, mediante la apertura de diligencias. A través de un oficio emitido por la Sección de Diligencias de Investigación, la fiscal jefe, María Pilar Tomás Gómez, ha requerido formalmente al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer la remisión del expediente íntegro de su nombramiento como técnico de la Administración General, perteneciente al Grupo A1, nivel 26. El escrito, fechado el 17 de febrero de 2026, interesa que dicha documentación sea entregada a la mayor brevedad posible para avanzar en las pesquisas sobre el proceso de selección del funcionario.
El origen de este procedimiento se remonta a la etapa de Joan Llinares al frente de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), entidad que resolvió en diciembre de 2022 que el ascenso de Rodríguez Jurado no se ajustó a la norma. Según la resolución de la agencia, el paso del subgrupo C1 al A1 tras licenciarse en Derecho no permitía la promoción interna vertical “per saltum” sin pasar por el subgrupo B, por lo que instó al consistorio a revisar el procedimiento. Pese a que el Ayuntamiento, dirigido por Pere Joan Antoni, se negó inicialmente a realizar dicha revisión alegando discrepancias jurídicas, la actual dirección de la Agencia Antifraude decidió abrir una nueva investigación el pasado mes de noviembre tras recibir denuncias que apuntaban a un posible quebranto institucional al ocupar el afectado un puesto de alta representación estatal.
Ante este escenario, fuentes del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer han manifestado que la tranquilidad en el seno del consistorio es absoluta y reiteran su máximo respeto por todas las decisiones que adopte la fiscalía. El gobierno municipal insiste en la legalidad del ascenso “ad saltum”, argumentando que esta modalidad ha sido reconocida tanto por la propia Agencia Antifraude en expedientes posteriores como por el Tribunal Supremo en su sentencia del 21 de junio de 2021.