Javier Burón: “Muchas autonomías son terraplanistas; defienden que solo construyendo vivienda bajará el precio”
Resolver los problemas de acceso a la vivienda en España requiere de voluntad política, acciones coordinadas y presupuestos. Hay que incrementar el parque público, diversificarlo y blindarlo. Y, a corto plazo, no parece que estas medidas vayan a estar sobre la mesa. Los agentes sociales y los expertos insisten en que los problemas de acceso a la vivienda, que no son solo generacionales, impactan sobre el resto de derechos, sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, y se están convirtiendo en un problema aún más grande. Hay decenas de respuestas sobre la mesa pero escasa voluntad y capacidad de aplicación a gran escala, critican.
Que las comunidades autónomas han renunciado en general a ejercer competencias activas en materia de vivienda parece un hecho consensuado. Así al menos lo manifestaron los expertos reunidos por Comisiones Obreras (CCOO) en la Universitat de València este lunes, en las jornadas Vivienda: respuestas organizadas por el sindicato y moderadas por el periodista David Noriega, especializado en vivienda en elDiario.es. “La política pública de vivienda en España general ha sido bastante anémica. Y da la sensación de que no es una competencia autonómica. Las comunidades en general no se sienten obligadas a tener presupuesto”, expresó Javier Burón, director gerente de la sociedad pública de vivienda y urbanismo de Navarra - Nasunvisa-, antes responsable de Vivienda en Euskadi y Barcelona, y autor del libro El problema de la vivienda (Arpa, 2025). Secundó la afirmación Ana García, secretaria general de CCOO País Valencià, que recordó que el PP se ha negado a aplicar la ley en las comunidades en las que gobierna y que en la Comunitat Valenciana ha desarrollado un cambio normativo respecto a las viviendas protegidas, limitando el derecho de tanteo y retracto. La postura de los gobiernos populares es contraria a limitar precios y crear zonas tensionadas, recordaron los representantes sindicales.
Carlos Bravo, responsable de Política Social de CCOO, apuntó que “el modelo que durante décadas hemos mantenido es un modelo de transición de vivienda financiada con fondos públicos para acabar en el sector privado; por tanto, sin mantener esa función social que debería mantener de manera estable y y permanente”. “La construcción de nueva vivienda no cubre las necesidades que ahora mismo tenemos como consecuencia del crecimiento de población en términos netos”, reiteró.
Los expertos reunidos en la UV abogan por construir vivienda, pero no fían el éxito a esta cuestión. Ha de ser protegida, formar parte del parque público y no saltar después a manos privadas. “Muchas comunidades autónomas son ”terraplanistas“; defienden que solo construyendo más vivienda de mercado por la abundancia de unidades bajará el precio unitario, ironizó Burón, que recordó la burbuja inmobiliaria. ”Se va a solucionar el problema solo construyendo vivienda? No. ¿Se va a solucionar no construyendo vivienda? Tampoco. Porque la clave es qué construimos o qué compramos o qué movilizamos o qué captamos“, sostiene el responsable de vivienda en Navarra, que apunta que en España hay poca diversidad en el parque público. Ha de combinar tipologías, tamaños, compra y alquiler, apuntó el experto.
La actual situación del mercado, donde la vivienda es un activo rentable, “supone una extracción de renta de unas personas a otras”, destacó Bravo, que insistió: “Con ello estamos generando una situación de desigualdad o de exclusión para muchos sectores [Es un problema que tenemos que abordar, sabiendo que las soluciones son lentas y que requieren tiempo, pero que hay que combinar soluciones inmediatas y políticas coherentes y sostenidas”. El responsable de CCOO considera que se debe reorientar la política de ahorro en el país, donde 3 de cada 4 euros se dedican a vivienda, precisamente por la elevada rentabilidad.
Gema Gallardo, Co-Directora General en Asociación Provivienda, señaló que en este contexto han encontrado una elevada discriminación en el acceso a la vivienda. “Estamos viendo situaciones de discriminación brutales en el en en las agencias inmobiliarias en este país. La intermediación en el mercado de alquiler está copado por pequeñas agencias inmobiliarias muy atomizadas y en el último informe que hicimos en Provivienda, el 99% de las inmobiliarias realizaban algún tipo de discriminación directa en las personas más vulnerables”, en referencia a migrantes, jóvenes o familias monoparentales. Gallardo subrayó la necesidad de blindar el parque público, pero también recalcó: “Hay que evitar la fuga también de vivienda que se está destinando a otros usos. Hablamos de los usos de turísticos, pero se está desviando mucha vivienda a modelos de negocio que eh como es el alquiler de temporada, que salva la ley de arrendamientos urbanos o es el alquiler de habitaciones. Y ya se están ofreciendo productos en el mercado de alquiler de habitaciones para salvar los compromisos y obligaciones de la ley de arrendamientos urbanos”.
Pinchar la burbuja del rentismo
El experto en políticas de vivienda recalcó el coste electoral de afrontar la situación: “Pinchar la burbuja de la especulación y del rentismo, que no son lo mismo, tiene unos costes políticos y electorales. La mayor parte de las propiedades inmobiliarias, no todas, pero la mayor concentración, está en manos de boomers, de personas de 50 y tantos, que votan. Y tienen un comportamiento electoral bastante consistente”, señaló. Se estima, según los datos aportados en la ponencia, que el 72% de quienes alquilan una vivienda son pequeños propietarios. Una masa electoral importante.
El derecho del que dependen otros derechos
El problema de la vivienda no es un problema ni exclusivamente generacional ni se circunscribe solo a la necesidad de un techo, ni siquierda de habitar un espacio. Es ya un problema de trabajo, un problema de movilidad y está generando grandes cambios en las ciudades y en sus áreas metropolitanas. El sindicato Comisiones Obreras ya advierte del rechazo de ofertas de trabajo porque el salario es insuficiente para sufragar el alquiler. De qué sirve negociar los convenios al alza o incrementar el salario mínimo si no llega para pagar la casa, se preguntan.
Como apuntó Gema Gallardo, responsable de Provivienda, “La vulnerabilidad habitacional se ha incrementado y cronificado, se alquila cualquier cosa y se aleja a la clase trabajadora a zonas metropolitanas”. El trabajador se desplaza hacia el área metropolitana, que ve incrementada su presión, del mismo modo que el transporte público y privado. Ese desplazamiento suma tiempo dedicado al trabajo -al trayecto diario-, un tiempo que se va de otras actividades cotidianas: conciliación, cuidados, descanso. García advirtió también del impacto en la salud mental que tiene la dificultad de acceder a la vivienda: el proyecto de vida se trunca al no poder emanciparse, pero también nos afecta esa falta de tiempo diaria, o alejarnos de familia y amigos, de las redes de cuidados, del espacio que hemos considerado nuestro, cuando no podemos seguir pagando una vivienda.
“En ciudad en ciudades como València se está perdiendo población trabajadora joven y tiene consecuencias en el medio plazo: envejecimiento, desequilibrio social y pérdida de tejido comunitario. Es decir, en los barrios se pierde ese ese asociacionismo que podría darse o que se ha dado en otras en otras épocas”, expuso la representante de CCOO PV. “Al final se acaba expulsando a jóvenes formados de nuestro territorio y eso es un problema demográfico, económico y social. Y de salud: vivir con esa incertidumbre de no poder pagar un alquiler genera estrés, ansiedad, desgaste emocional. Sumamos además largas jornadas, y esto impacta notablemente en la salud mental y física”, señaló.
Burón, que lleva veinte años desarrollando políticas de vivienda a nivel municipal y autonómico, pone en duda las cifras sobre viviendas vacías en España, que se estiman en cuatro millones. “Conviene que seamos serios: al menos no hay 4 millones de viviendas masivamente en los lugares donde necesitamos las viviendas. Hay vivienda vacía, poca, en muy mal estado con muchos problemas de diversos tipos y alguna retención especulativa habrá, pero pocas porque hay pocos incentivos. Los precios crecen y es extraordinariamente rentable”, consideró. Para movilizar vivienda en las zonas tensionadas, planteó: “Hay que ponerse en contacto con el potencial que son los propietarios y propietarias que tienen viviendas, generalmente más a los no profesionales, más a los pequeños tenedores, y ofrecerles garantías y seguridad, decirles que si introducen una vivienda en un programa público, pueden tener subvenciones para rehabilitar, que podrán acceder a beneficios fiscales y que hay garantía de suministro de inquilinos y que cuando quieran retirar la vivienda de los programas públicos, la recibirán en perfecto estado y en el momento en el que quieran salir. A cambio, lo que se pide es un esfuerzo en el precio. Ha de ser más bajo”, expuso. Las medidas, sostuvo, requieren “voluntad política, requieren dinero, hace falta para subvencionar el diferencial entre lo que paga el inquilino y lo que le paga el propietario y hace falta equipos de seguimiento”, remarcó.
Sobre la ley estatal de vivienda, el responsable de Política Social del sindicato consideró: “Ha pecado de algún voluntarismo en algunas cuestiones y de una falta de compromiso de algunos de los artífices”.La jornada, de casi tres horas de duración, puede visualizarse completa en el canal de Youtube de Comisiones Obreras.