La jueza de la dana se ha pronunciado por primera vez sobre las quejas presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de las defensas de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa. Se trata, según afirma en un auto dictado este pasado lunes, de una estrategia que “de forma burda” pretende apartar a la magistrada de la instrucción del procedimiento. La resolución recuerda que la “independencia e inamovilidad” de los jueces y magistrados es “uno de los fundamentos del Estado de Derecho”. “Los jueces no se eligen por las partes”, recuerda la instructora.
Por otro lado, el auto alude a la “campaña difamatoria” ventilada en ciertos medios con informaciones, de un “machismo atroz”, que se “repite y publicita” en las querellas contra la jueza, relativa a la supuesta participación en la causa del marido de la magistrada, el también juez Jorge Martínez Ribera.
“Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido”, afirma.
La jueza afirma que las dos defensas han presentado quejas ante el CGPJ con meras “informaciones periodísticas insultantes” hacia ella y su marido. “Poco ha importado que hasta el momento las resoluciones [dictadas por la magistrada] hayan sido confirmadas por la Audiencia Provincial de Valencia”, agrega.
La defensa de Emilio Argüeso, que ejerce el letrado José María Bueno Manzanares, pidió en un escrito del pasado 31 de julio, que la Letrada de la Administración de Justicia certificara si el marido de la magistrada había participado en interrogatorios o en la “redacción de resoluciones”, entre otras insinuaciones sobre el actual titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València, marido de la instructora de la causa de la dana.
La petición de prueba, más que una “defensa desnortada”, supone el “enésimo capítulo de una estrategia” que “de forma burda” pretende apartar del procedimiento a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, afirma el auto, que ordena abrir una pieza separada para “determinar la procedencia de sanción” al abogado. Se trata del mismo letrado que se definió como “jefe de los servicios jurídicos” de Manos Limpias (una expresión que luego matizó tanto Bueno Manzanares como el pseudosindicato).
Manos Limpias, con recortes de prensa desmentidos por la Fiscalía, presentó una querella por los supuestos delitos de prevaricación y coacciones contra la magistrada de la dana, después de su expulsión de la causa a consecuencia de la incompatibilidad con el papel de abogada de la defensa de Argüeso que ejerce Bueno Manzanares. Un letrado que se ha caracterizado por numerosas iniciativas fuera de lugar, tales como pedir un examen psiquiátrico a uno de los principales testigos del procedimiento.
Así, la magistrada advierte: “Se violan por dicho letrado frontalmente todos los principios más elementales de la deontología profesional”. “Se pretende convertir por el letrado este procedimiento en el lugar, no donde se investigan los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido”, agrega.
En definitiva, la magistrada considera que la estrategia de la defensa de Argüeso supone una “deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos”.
La jueza lamenta que el abogado José María Bueno Manzanares dé pábulo a la difusión de unas fotografías de ella y de su marido, algo que “evidenciaba una falta de respeto” hacia ambos magistrados.
“Dicho letrado es conocedor que los fotogramas que están circulando jamás pueden corresponder a la grabación de la declaración, dado que ninguna es facilitada a las partes”, explica el auto.
Imágenes de la hija menor de edad “subrepticiamente”
La instructora ha desvelado cómo se obtuvieron las imágenes de ella y de su marido que han publicado algunos medios conservadores. Uno de los letrados de la causa, a quien no identifica, dejó encendida la cámara del sistema Webex al acabar una de las declaraciones, “grabando subrepticiamente a todos los que entraban en la Sala”.
“No solo a mí, a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la Sala en dicho día, tras la práctica de la declaración”, relata. La magistrada recalca: “Algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante”.