La carga y descarga de graneles al aire libre, y las nubes tóxicas que esta actividad genera en el Puerto de Alicante (y más concretamente, en el muelle 17), ha provocado que la Generalitat Valenciana abra un segundo expediente sancionador por contaminación ambiental que afecta a la Autoridad Portuaria y a la empresa Eiffage Infraestructuras SA. La multa a la mercantil, al tratarse de una falta grave la infracción cometida, asciende a 40.000 euros. El Puerto, que ha sido multado con 20.000 euros también por una falta grave, ha presentado alegaciones al expediente sancionador de Transición Ecológica al considerar que no se ha producido perjuicio para el medio ambiente.
La Plataforma por un Puerto Sostenible, que engloba a diversos colectivos vecinales “afectados y perjudicados” por esta actividad, ha comunicado que el Servicio de Protección de la Atmósfera de la Conselleria de Transición Ecológica, en base al informe de los técnicos de inspección medioambiental, constató que la empresa emitió “grandes nubes de polvo visibles desde la ciudad” la noche del 2 y la madrugada del 3 de enero pasados, una circunstancia de la que la Autoridad Portuaria de Alicante “es conocedora”. Según denuncia, no se trata de una circunstancia puntual, sino que es un hecho que se repite de forma habitual: “Pasa cada día y ni la empresa, que dispone de una nave cuya construcción finalizó hace un año y que debe ser utilizada para el almacenamiento de graneles, ni el Puerto hacen nada por evitarlo”, explica José Santamaría, portavoz de la Plataforma por un Puerto Sostenible, a elDiario.es.
Según advierte la Generalitat Valenciana en el expediente, se han superado en dos años el plazo concedido para “ajustar el funcionamiento de la nave” y, a pesar de ello, tal y como denuncia la coordinadora ciudadana, la empresa, “con la complicidad de la Autoridad Portuaria, continúa operando con graneles al aire libre y contaminando continuamente”.
La emisión a la atmósfera de grandes cantidades de partículas en suspensión supone un “elevado daño potencial sobre el medio ambiente y las salud de las las personas”, de forma que obliga a la empresa a adoptar las medidas posibles para la prevención y restauración de los daños producidos.
Satisfacción relativa entre los vecinos
Tanto la plataforma ciudadana como las asociaciones de vecinos han mostrado su satisfacción por la apertura de este expediente sancionador por parte de la conselleria, aunque lo consideran insuficiente debido a que no se contemplan diversos aspectos.
Así, apuntan que se reconoce la emisión de grandes nubes de polvo “sin especificar que se trata de sustancias tóxicas y cancerígenas, como quedó demostrado en el primer expediente abierto en diciembre de 2022, en el que se recoge que los acopios realizados en el muelle 17 por la empresa Eiffage fuera de la nave cerrada eran de caliza y fluorita”. Las descargas, apunta Santamaría, se realizan a apenas 500 metros de distancia de los grandes núcleos de población y a 300 de un centro educativo y de los barrios más próximos.
La plataforma denuncia la “complicidad” de la Autoridad Portuaria de Alicante al “ocultar” la contaminación que se produce en el recinto portuario “durante muchos años”. En este segundo expediente sancionador, explica, se reconoce la situación denunciada por la Inspección: “No se ha tomado ninguna medida preventiva, y la Conselleria no sanciona al Puerto”.
Actividad “fuera de la nave”
La coordinadora ciudadana desmiente que, tal y como queda reflejado en el expediente, Eiffage realice la carga y descarga de graneles en la nave cerrada: “Podemos demostrar que toda la actividad de acopio y amontonamiento del material, carga y descarga se realiza fuera de la nave y es la causa de las nubes de polvo, incumpliendo de forma reiterada la resolución de la conselleria de julio de 2020 y toda la normativa aplicable, con el beneplácito de la Autoridad Portuaria”.
Asegura que esta actuación es “deliberada” con el objetivo de “ahorrar costes de mantenimiento y funcionamiento de la nave y obtener mayores beneficios al trabajar al aire libre”. La empresa y el Puerto, afirma, “demuestran así una enorme insensibilidad y falta de respeto hacia el cumplimiento de la normativa, y un total desprecio al derecho a la salud de los alicantinos”.
También desmiente que los hechos denunciados se produjeran únicamente la noche del 2 al 3 de enero, “obviamente un barco no se carga en una sola noche, y los vecinos de la zona somos testigos de que se trata de una operativa contaminante continua, que se realiza durante todo el año en sus diferentes fases, todas ellas contaminantes: descarga de camiones, formación de acopios, carga o descarga de los buques al aire libre emitiendo polvo tóxico... Recordamos que éste es un puerto urbano”.
Sobre el mandato de la conselleria para que se adopten las medidas adecuadas para minimizar al máximo la emisión de partículas contaminantes, los vecinos opinan que se debería exigir, “tal y como establecen sus sucesivas autorizaciones”, operar únicamente en nave cerrada, una instalación que apuntan supuso una inversión de 14 millones de euros, “de los cuales desconocemos qué porcentaje fue de dinero público”, por lo que apuntan a un posible fraude de ley al mantener la nave inoperativa.
Reclaman una mayor sanción
La plataforma rechaza que se opte por una sanción económica mínima, “ignorando que los hechos ilícitos expresados no son puntuales sino continuados y recurrentes”. Tampoco se consideran en el expediente, señala, “elementos agravantes, como son la intencionalidad y la reiteración continuada, ni el potencial daño a la salud de las personas reconocido para imponer una sanción superior”. A juicio del colectivo vecinal, esta sanción debería ser la suspensión y clausura de la actividad contaminante que se realiza a cielo abierto, de forma que la nave cerrada “se ponga en funcionamiento de forma inmediata”. “La ley permite la clausura o la suspensión de la actividad”, relata Santamaría.
Por último, la plataforma ciudadana exige a la conselleria que “actúe ya y sancione a la Autoridad Portuaria de Alicante” por permitir esta misma actividad en los muelles 11 y 15, “que actualmente operan en situación de ilegalidad y clandestinidad al no disponer de autorización ni proyecto de nave cerrada”.
Nueva sanción al Puerto
En febrero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó una multa de 40.000 euros impuesta por la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental como consecuencia de la contaminación atmosférica generada por la actividad de carga y descarga de graneles.