La izquierda ha normalizado los privilegios de la Iglesia Católica

La ciudadanía de este país hace tiempo que inició un proceso de normalización de determinadas propuestas y decisiones políticas que tan solo hace una década hubieran sido inaceptables y que hoy en día se perciben como hechos consumados y, por tanto, como una realidad inevitable. El electorado de derechas ya no se asusta cuando el PP pacta con VOX allá donde puede hacerlo para gobernar. Lo da por hecho, como lógico y natural (y no solo el electorado de derechas). Cuando escuchan a sus dirigentes políticos pactar la “prioridad nacional” (criterio para discriminar a las personas según su origen), los votantes de la ultraderecha aplauden y los de la derecha menos ultra asienten. El resto de la sociedad se ha acostumbrado, y lo que hace unos años hubiera motivado la ocupación de las calles con la indignación contra esta propuesta xenófoba, hoy no produce más que un rechazo verbal acompañado de una gran dosis de resignación. Como sociedad, se está normalizando la idea de que entre personas que conviven, el ser español (español normativo, claro) se convierta en el criterio definitivo para beneficiarse de las medidas de protección que puede ofrecer este Estado. La derecha política está haciendo su propio camino y lo hace con éxito.

La izquierda, tanto la ciudadana como la política, también ha normalizado otras situaciones fácticas, contra las que hace no mucho luchaban los partidos de izquierdas (o al menos así constaba en sus programas políticos aunque ya no se hace ninguna referencia a ellas). Me refiero a la discriminación ciudadana que se deriva de los privilegios de los que actualmente goza la Iglesia Católica (IC). El antimilitarismo, el antirracismo, el feminismo y el laicismo, entre otros, han sido históricamente valores defendidos por la izquierda política y ciudadana. De todos ellos, es el laicismo el valor al que con mayor claridad han renunciado los partidos de izquierdas (hasta el punto de confundir completamente su significado). Ni PSOE, ni Sumar, ni Podemos (por nombrar partidos de ámbito estatal, pero también podríamos hablar de los de ámbito autonómico) han dado ningún paso firme en defensa de la libertad de conciencia y de la igualdad de la ciudadanía independientemente de sus opiniones o creencias. Al contrario, su programa político ha retrocedido en laicismo, a medida que han ido alcanzando cotas de poder. Ser de izquierdas no es una esencia inalterable inmune a las decisiones políticas y a las ausencias programáticas. Ser de izquierdas significa, entre otras cosas, defender los valores de la izquierda, de palabra y obra. Y el laicismo es uno de ellos.

La defensa del laicismo implica la defensa de la libertad de conciencia en un sentido amplio y para que sea efectiva deben darse condiciones de igualdad, que son incompatibles con la existencia de privilegios relacionados con las creencias religiosas o ideologías políticas. Por eso es necesario que el Estado sea neutral (laico o aconfesional, como se le quiera llamar). El Estado verdaderamente democrático no debería favorecer a ningún colectivo en función de si creen o no en Dios y en qué Dios. Pero lamentablemente en este país existen determinadas creencias religiosas que gozan de privilegios frente a otras creencias (de ciudadanos que o bien profesan otras religiones o que son ateos). La IC es la gran privilegiada. 

Enumerar los muchos privilegios de los que goza la IC en España nos llevaría a sobrepasar con creces la extensión razonable de este artículo, pero hay algunos cuya mención es obligatoria. El Estado español financia a la IC con dinero público (mío, tuyo, de toda la ciudadanía, independientemente de las creencias religiosas de cada contribuyente) a través de la Declaración de Renta (429 millones en 2024 y subiendo); la IC no paga el IBI (la Contribución que pagamos todos por los inmuebles de nuestra propiedad), lo que le supone un ahorro anual de más de 700 millones de euros; al no pagar impuestos de sociedades, de patrimonio, ni plusvalías se ahorra más de 1.300 millones, que se suman a los multimillonarios beneficios que consigue con sus negocios, como alquileres o la venta de entradas (130 millones en 2025 solo en entradas para la Sagrada Familia); la IC recibe casi 800 millones anuales para el pago de profesores de Religión Católica en la escuela pública; otros 40 millones para pagar a los curas en cárceles y hospitales; y así podríamos seguir con muchas otras fuentes de financiación pública de la IC, hasta alcanzar la cifra anual de más de 13.000 millones de euros de dinero público, de las arcas del Estado; un privilegio exclusivo que favorece a una determinada creencia religiosa.

Y no solo se trata de privilegios económicos. La IC dispone de una asignatura en todos los centros escolares públicos para propagar sus creencias con la intención clara de evangelizar al alumnado menor de edad. La IC también cuenta con la prerrogativa para indultar a condenados siempre y cuando estos demuestre su fe católica mediante la incorporación a alguna hermandad de la Semana Santa; la existencia de un arzobispo castrense con grado de general de división o la presencia de la simbología católica en instituciones públicas (colegios, hospitales, ayuntamientos) y en actos institucionales son otros tantos privilegios exclusivos de la IC.

Todos estos privilegios vienen amparados por los Acuerdos que el Estado español firmó con la Santa Sede hace ya casi 50 años. Acuerdos que en su día los partidos de izquierdas se comprometieron a derogar por suponer una clara discriminación de la ciudadanía en función de sus creencias. Esos partidos de izquierdas que están, o han estado en el gobierno de España, han renunciado a revocar estos Acuerdos discriminatorios, hasta el punto de retirar cualquier mención al respecto de sus programas de gobierno. En lugar de denunciar los privilegios de la IC se han dedicado (primero PSOE en solitario y después en coalición con Unidas Podemos y actualmente con Sumar) a consolidarlos e, incluso, a agrandarlos (el gobierno de Zapatero aumentó del 0,52% al 7% la asignación tributaria a la IC). El gobierno progresista ha dado por buena la apropiación de más de 100.000 inmuebles por parte de la IC, privándonos a todos los ciudadanos de un patrimonio que era público y que queda ahora en las manos privadas de la IC por el procedimiento inmoral de la inmatriculación por parte de los obispos. El gobierno legisló para que la IC siguiera disponiendo del altar privilegiado que supone disponer de la asignatura de Religión en la escuela pública. El gobierno ha dejado en un limbo definitivo la ley de libertad de conciencia que podría regular la intromisión de los evangelizadores (católicos o no) en las mentes de los menores de edad. O bien por acción o bien por omisión, los diferentes gobiernos supuestamente progresistas han favorecido a la IC.

Esta semana llegará el Papa de Roma a España. No viene únicamente como Jefe de Estado; viene sobre todo como líder espiritual de una determinada fe religiosa. El gobierno ha preparado mediáticamente el terreno con varias declaraciones de ministros sobre los muchos y muy satisfactorios acuerdos que han alcanzado gobierno e IC. E incluso le abren las puertas del Parlamento para que su presencia en el estrado proyecte la imagen de que este gobierno está en perfecta sintonía con la IC y su líder espiritual. Por si quedara alguna duda de que el gobierno está codo con codo con la IC, el mismo presidente del gobierno asistirá a la misa que ofrecerá el Papa en la Basílica de la Sagrada Familia; sí, el mismo que ha declinado hasta ahora su participación pública como presidente en actos religiosos. 

Y todo esto, lo hemos normalizado totalmente. Poca resistencia ciudadana ha habido contra la violación por parte del ejecutivo español de la aconfesionalidad que debería caracterizar a nuestro Estado y que deberían defender nuestros dirigentes políticos de izquierdas (a los de derechas, lamentablemente se les dio por perdidos para la causa laicista hace mucho tiempo). Y mucha menos oposición hay entre la ciudadanía contra la cantidad ingente de privilegios de los que disfruta la IC, ciudadanía que, en su mayoría, permanece ajena a la pérdida de sus propios derechos, o que considera que la IC y su estatus privilegiado forma parte natural de las tradiciones y del acervo cultural de nuestro país. El problema no solo es que la ciudadanía haya normalizado esta situación, sino que los partidos que dicen ser de izquierdas hayan renunciado a uno de los ideales esenciales de su razón de ser. No sé hasta qué punto son conscientes de que al renunciar al laicismo están renunciando a su propia esencia, pero lo cierto es que los políticos de izquierdas se han acercado a la IC con absoluta naturalidad, llegando incluso a proponerla como referente moral. Y así nos va. Y así nos irá.