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El tono desabrido y chulesco que ha exhibido en el debate de política general contrasta con la memoria de los 229 muertos que gravitan sobre la negligencia de Carlos Mazón y su gobierno en las inundaciones causadas por la dana del 29 de octubre de hace un año. Nada de humildad o disculpa. El presidente de la Generalitat Valenciana ha echado mano de las desgastadas herramientas de la guerra identitaria para vestir su rendición incondicional a la extrema derecha de Vox, que le mantiene en el poder a pesar del profundo descrédito que pesa sobre él desde aquella sobremesa que tanto se prolongó mientras la catástrofe hacía estragos.
Sobrevivir políticamente, en el caso de Mazón, consiste en rebuscar en el trastero de la derecha para apuntalar una gestión descarrilada. Y ahí siempre están a mano los viejos prejuicios anticatalanistas (y antivalencianistas, cuando no directamente españolistas). Se trata, a falta de algo mejor, de atacar elementos identitarios como la lengua propia para exaltar los ánimos. Es un sucio recurso. De ahí que dedicara una parte significativa de su intervención a arremeter contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Una vez más, vendiendo humo.
Porque no otra cosa que humo es el anuncio de una reforma de la entidad normativa del valenciano, a la que pretende cambiar el nombre y que se llame Acadèmia de la Llengua Valenciana (algo que precisamente evitaron sus creadores en la época de Eduardo Zaplana como presidente para esquivar una lectura secesionista del organismo que habría hecho imposible el denominado “pacto lingüístico”). Sostiene Mazón que el cambio en la AVL no será sobre los propósitos que animaron su creación, sino sobre “la realidad en que se ha convertido”.
Claro que uno de los principales propósitos que animaron su creación fue explícitamente que no se pudiera interferir desde el poder político, como ahora pretende hacer Mazón, en las cuestiones lingüísticas, apartadas así del debate y la manipulación política. La Acadèmia Valenciana de la Llengua se creó en 1998, se constituyó en 2001 y se convirtió en una de las instituciones estatutarias, junto a la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, el Comité Econòmic i Social y el Consell Jurídic Consultiu, en la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006. Y solo una mayoría de dos tercios en las Corts Valencianes, más una posterior aprobación como ley orgánica en el Congreso de los Diputados, puede reformar la norma estatutaria.
Carecen el PP y Vox de esa mayoría cualificada. Y tal blindaje no es fruto de un capricho sino que fue el resultado de un arduo proceso de negociación que llevó a un pacto entre la derecha y la izquierda valencianas, con la implicación de importantes sectores académicos, cívicos y culturales. A Mazón le gustaría desbaratarlo porque, aunque alegue que fue “una iniciativa bien intencionada” que ha sufrido “una deriva” (seguramente porque la Acadèmia define el valenciano como una “lengua románica hablada en la Comunitat Valenciana, así como en Catalunya, las Illes Balears, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Principat d'Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de l'Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán”), solo es para él un arma arrojadiza. Y la pretensión de revertir el resultado de un consenso crucial en la configuración del autogobierno valenciano para desviar la atención de una opinión pública que clama por su dimisión revela el rumbo disolvente que ha adquirido su presidencia.