Hablemos (sin mordazas) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. El 1 de julio de 2025 se cumplieron diez años de la entrada en vigor de la controvertida Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida “Ley Mordaza”. Miles de voces en la sociedad civil se han alzado contra esta normativa que vulnera derechos fundamentales, y han surgido campañas en defensa de las libertades públicas.
Una vulneración más de derechos humanos en peligro en todo el mundo. El derecho a la protesta pacífica es uno de ellos y está en riesgo.
Miremos por donde miremos ese derecho se está vulnerando de manera flagrante.
El presidente Trump ha intensificado acciones coercitivas contra voces críticas, incluyendo periodistas, opositores e incluso figuras empresariales, lo que ha causado un clima de intimidación a la disidencia. Se ha llegado incluso a retirar libros escolares y se han suprimido términos en páginas gubernamentales.
La Constitución cubana no se corta en aclarar cuáles son los límites de la libertad de expresión: “Los ciudadanos tienen libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”.
La libertad de expresión en Rusia está gravemente restringida, especialmente desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022; existen leyes contra la “propaganda extremista” y la “información falsa” que permiten al gobierno criminalizar el disenso.
¿Y qué pasa en Corea del Norte, Irán, China?
En nuestro artículo de junio expusimos el riesgo que corre el periodismo. Los gobiernos recurren a prácticas autoritarias o sibilinas para acallar las voces que cuentan lo que “no conviene”, evidenciando una inclinación hacia un autoritarismo más o menos disfrazado de democracia.
Y la libertad de expresión y, con ella, la libertad de prensa, es fundamental para asegurar el derecho humano reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce la libertad de expresar libremente opiniones, buscar, recibir y difundir información e ideas sin censura previa.
El periodismo corre riesgos cuando cuenta la verdad, cuando revelar violaciones de derechos humanos puede significar jugarse la vida en países regidos por gobiernos de autoridad ilimitada. Pero hay más, en países considerados democráticos se puede ser cancelado profesionalmente, ser boicoteado, linchado socialmente por medio de acusaciones sin las necesarias evidencias.
En esta ocasión vamos a referirnos más concretamente a las libertades de la sociedad civil en España y a lo que significa para esas libertades la Ley de Seguridad Ciudadana, siempre polémica y, en realidad, antigua ya que existe desde los años 80. Se modificó en 2015 (como respuesta al 15M) y sigue limitando derechos humanos, incluso reconocidos en la Constitución.
Desde 2015 se ha intentado cambiarla registrándose ocho iniciativas legislativas en el Congreso. PSOE, Sumar, Bildu y PNV registraron una en 2024 pendiente de informe por parte de la Comisión de Interior del Congreso. Otras dos proposiciones de modificación de Sumar y Grupo Mixto todavía no han iniciado su tramitación parlamentaria.
Aunque la ley no censura directamente opiniones, acorrala y castiga formas legítimas de expresión, especialmente en el espacio público, lo cual ejerce un efecto intimidatorio que, en la práctica, restringe la crítica, la denuncia y la protesta social.
La denominación popularizada es “Ley Mordaza”, término crítico utilizado para describir leyes que, según sus detractores, limitan la libertad de expresión, reunión y protesta. En el contexto de las protestas, se refiere a normativas que buscan restringir o sancionar manifestaciones públicas, protestas sociales, o expresiones contra el gobierno u otras autoridades.
Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier limitación debe ser estrictamente necesaria, proporcionada y estar sujeta a control judicial efectivo. La “Ley Mordaza”, al basarse en sanciones administrativas, elude muchas garantías legales.
Las principales críticas consideran que se trata de una herramienta para disuadir la protesta social, criminalizar el derecho a la manifestación pacífica reduciendo la transparencia y ejerciendo un control ciudadano sobre la actuación judicial.
Sin embargo, el Artículo 1 de la ley expresa que su objetivo es regular actuaciones orientadas a proteger la seguridad ciudadana, a las personas y sus bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Se enumera también un listado de conductas que se consideran infracciones, que pueden ser leves, graves o muy graves, y establecen las sanciones administrativas correspondientes que no requieren del aval de ningún juez, por lo que son susceptibles de abusos.
Pero ¿qué es la protesta social?
Se trata de una forma de expresión colectiva mediante la cual un grupo de personas manifiesta su desacuerdo, rechazo o demanda de cambio frente a una situación percibida como injusta, opresiva o perjudicial. Un mecanismo fundamental, por lo tanto. en cualquier sociedad democrática y una herramienta clave para la participación ciudadana mediante manifestaciones, concentraciones, huelgas, boicots o protestas digitales.
Diversas organizaciones políticas consideran que esta ley es un poder extremo en manos del Estado que atenta contra las libertades individuales y contra los derechos de los ciudadanos.
La Comisaría de Derechos Humanos en Europa ha mostrado disconformidad con la ley ya que impacta negativamente en el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, por lo cual envió una carta al Gobierno de España en este sentido.
¿Cuál es el resultado (seguramente buscado)?
Desalentar a la ciudadanía en su legítimo derecho a la protesta y a su libertad de movimientos para expresarla. La sola palabra de un policía es suficiente para tener una sanción administrativa ya que es una ley que “castiga” conductas no constitutivas de delito pero que impone el pago de multas. Sanción administrativa que hay que pagar con independencia de que se recurra posteriormente ante los tribunales por la vía contencioso administrativa.
Dos derechos de una ley que, como hemos dicho, sigue coartando el derecho de manifestación, el de reunión y la libertad de expresión, por lo cual ha sido criticada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Europa.
Así pues, la protesta social puede ser reprimida, criminalizada y estigmatizada mediáticamente.
En resumen, la “Ley Mordaza” ha supuesto un retroceso en las libertades civiles en España, en especial para quienes ejercen su derecho a protestar y las organizaciones sociales y de derechos humanos reclaman su derogación total o reforma profunda.
Amnistía Internacional, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil, exigen que se concrete de una vez la reforma de esta ley que vulnera tantos derechos humanos cuando se ha cumplido el 10º aniversario de su entrada en vigor. Una ley que criminaliza la libre expresión.
Vamos por el tercer intento de reforma que se inició en mayo de 2024.
En lo que concierne a la libertad de expresión se pide una modificación de las infracciones más lesivas para la protesta, como los artículos 36.6 y 37.4, evitando su interpretación arbitraria por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El derecho a la protesta está garantizado por el derecho de libertad de expresión y de reunión pacífica. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: derecho a la libre información y de opinión.
Lo que se considera infracción en la Ley que afecte al derecho a la protesta debe ser definido de forma precisa con el fin de no criminalizar indebidamente actos de protesta pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. El delito de desórdenes públicos solo debe contemplar sanción para actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda.
La protesta es una forma inestimable de decir la verdad al poder, fuerza motriz de algunos de los movimientos sociales más poderosos a lo largo de la historia habiendo puesto en evidencia injusticias y abusos y exigido rendición de cuentas.
En su campaña “Protejamos la protesta” Amnistía Internacional ha trabajado intensamente con el fin de denunciar las violaciones del derecho a protestar y apoyar a movimientos en todo el mundo que se esfuerzan por lograr cambios positivos. Lejos de reprimir la protesta es de justicia que los Gobiernos protejan a quienes ejercen su derecho y eliminen los obstáculos y las restricciones injustificadas para poder ejercer sus derechos de libertad de expresión.
La sociedad civil no ha dejado de movilizarse durante diez años con el fin de lograr la derogación de la ley o, por lo menos, la reforma de los aspectos más lesivos de la misma, reivindicando el derecho a la legítima protesta, y ha conseguido mantener una interlocución con los grupos parlamentarios porque la protesta es una fuerza de cambio muy potente, y por ello es reprimida cuando molesta y no conviene al poder establecido.