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CV Opinión cintillo

A río revuelto, ganancia de patronales

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Desde hace tiempo, CCOO viene incidiendo en la injusta regulación que sufre el sector del transporte de mercancías por carretera. Sin ánimo de recitar exhaustivamente el glosario de reivindicaciones que un plan para la recuperación del sector debiera abordar, sí me permito dejarles algunas de las cuestiones que están castigando a las personas trabajadoras de este ámbito: insuficiente precio pagado por los portes, subcontratación, atomización, extensión de la figura del falso autónomo, fraude en los tiempos de conducción o a la Seguridad Social en los sistemas de retribución, obligación del personal conductor de realizar carga o descarga. No crean que he acabado de enumerarles miserias, más bien corro el riesgo de acabar el papel.

Con la intención de poner fin a la degradación del sector, y la espiral en la que vive inmerso en un proceso de “deslaborización” que parece no tocar fondo, donde miles de personas autónomas y pequeñas empresas sufren la falta de poder de negociación, el pasado mes de noviembre ya se solicitó a la ministra la convocatoria de una mesa para tratar de atajar decididamente la problemática. Acto seguido, en diciembre, el sindicato que represento entregó una batería de propuestas que no han sido atendidas. La creación de esa mesa de concertación social podría haber evitado la situación que estamos sufriendo estos días. El aumento del costo de carburantes es detonante de un malestar y consecuencia a la vez de una guerra que amenaza con llevarse por delante la pronta recuperación que las políticas expansivas de la UE y los aciertos en el marco del diálogo social nos habían traído tras el shock que supuso la covid.

Durante días hemos asistido atónitas ante un sinfín de titulares que han insistido en calificar como una huelga lo que ha sido un paro patronal de manual, convocado por la minoritaria Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera. Una entidad que no aglutina ni tan siquiera al 10% de representación del sector, blanquedada por determinados tratamientos informativos convertidos en cómplices de su causa, con mayor o menor intención de otorgar legitimidad a quien no la tenía. De la misma manera, se ha utilizado indiscriminadamente terminología derivada del derecho de huelga, que más que un ejercicio de pedagogía informativa ha resultado ser una torticera confusión de concepto que bien puede haber influido en el estado de opinión de buena parte de la ciudadanía. El paro patronal no tiene la cobertura legal de una huelga, no ampara constitucionalmente a las personas asalariadas del sector y, por consiguiente, no da cobertura a los piquetes informativos. Dicho lo cual, las prácticas que estamos contemplando están muy lejos de poderse calificar como piquetes. Otra peligrosa intoxicación profusamente alimentada estos días por algunos medios de comunicación.

Aunque tarde, el Ministerio del Interior ha adoptado medidas algo más serias para garantizar la integridad física de las personas trabajadoras del transporte de mercancías, y con carácter más amplio, la seguridad ciudadana en nuestras carreteras. Al mismo tiempo, el 19 de marzo, como respuesta al conflicto, resolvía exceptuar temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso de sus profesionales, medida que pone en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras. Una paradoja que resulta muy ilustrativa de lo que vengo diciendo en estas líneas.

Lo cierto es que estamos contemplando situaciones inadmisibles. Profesionales del sector están sufriendo una violencia gravísima, agresiones que van desde el lanzamiento de piedras a camiones en marcha hasta desenganches de plataformas o linchamientos al estilo del lejano oeste. Como decía anteriormente, actitudes muy alejadas de la labor de los piquetes informativos en una huelga.  A estas prácticas violentas y mafiosas, las personas responsables del paro han fiado el éxito a la propia adhesión de profesionales a la protesta. Lo que estamos viviendo debiera despertarnos todas las alertas, en la medida que las similitudes con lo ocurrido en Francia el año 2018 son más que evidentes. Me refiero, como sin duda saben, al fenómeno de los chalecos amarillos, un movimiento con muchísimas más sombras que luces, que parece inspirar, casi calcar, la situación vivida en estos días. Todo un vivero para la extrema derecha de allí. Y de aquí. 

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte, que engloba a las organizaciones empresariales legitimadas a negociar, en torno a un 90% de representatividad. Entre las medidas acordadas, ya saben, una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio, y un paquete de medidas complementarias que supondrán un total de 1.050 millones para las patronales. Un estímulo que a corto plazo pretende parchear la enorme herida abierta por la guerra de Ucrania en el sector, y de paso dar por zanjado el episodio vivido. Pero no se hagan ilusiones. Tan solo desde un diálogo social eficaz con los distintos agentes sociales (entre ellos, las organizaciones sindicales más representativas), se evitará que se reproduzca más pronto que tarde el conflicto. Aunque ya saben, mientras tanto, a río revuelto, ganancia de patronales.

  • Ana García Alcolea es secretaria general de CCOO PV.
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