El director de Política Lingüística castiga con un 0 sobre 40 a los periódicos en valenciano que siguen las normas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
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La guerra sin cuartel del Partido Popular por imponer sus criterios ideológicos al valenciano continúa. Esta vez, en las subvenciones a los medios de comunicación que publican en la lengua cooficial, desde televisiones a radios, pasando por prensa en papel y digital. La tergiversación de la norma por parte de la Generalitat ha sido tal que la Dirección General de Política Lingüística ha acabado castigando a los medios de comunicación que utilizan las normas que establece la Acadèmia Valenciana de la Llengua y prima un acuerdo político del anterior gobierno de Carlos Mazón por el que se intentó “popularizar” —en otras palabras, vulgarizar— el uso de la lengua en el registro administrativo. La política antes que la ciencia.
El artífice de este nuevo ataque al uso del valenciano ha sido el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres, licenciado en Filología Hispánica, especialidad en lengua valenciana; diplomado como maestro de valenciano y con el C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Y para muestra, un botón. Las subvenciones a periódicos que editan íntegramente sus contenidos en valenciano desde su fundación, como las revistas El Temps, La Veu del País Valencià o Saó, o medios de comunicación como elDiario.es en la Comunitat Valenciana, que apuestan desde hace más de una década por mantener una edición en valenciano basada en los criterios que recomienda la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Les pasa también a los principales diarios en papel, que han optado por trabajar informaciones en la lengua cooficial: Levante-EMV y Mediterráneo. La nota de la Dirección General de Política Lingüística al trabajo en valenciano de estas redacciones ha sido un 0 de 40 puntos, una puntuación que ha impactado en el volumen de la subvención que recibirán.
El gobierno valenciano politiza así el único reparto de fondos públicos a medios de comunicación que se planteaba de manera competitiva y quedaba fuera de la discrecionalidad del Palau de la Generalitat de Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca, que utiliza la publicidad institucional para castigar a los medios críticos y premiar a los afines.
Para “suspender” a gran parte de la prensa que mantiene los criterios de “valenciano en medios de comunicación” que recomienda la AVL —institución académica que rige y normativiza el uso del valenciano—, la Dirección General de Política Lingüística ha incluido como uno de los puntos fundamentales de baremación el cumplimiento de los “Criterios lingüísticos de la administración de la Generalitat”, publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 29 de abril de 2024. Estos criterios preferentes de la Generalitat del PP se imponen a los medios de comunicación, ya que, en caso de no cumplirlos, se les penaliza y les deja fuera de la posibilidad de obtener 40 puntos. Por ejemplo, el uso de “aquest” o “aquesta” se castiga como una incorrección, pese a que la AVL los considera válidos en el registro culto y para medios de comunicación. Lo mismo ocurre con el uso de “cadascú” o “mentre”, que la Generalitat también penaliza como incorrecciones y la AVL da por buenos.
Llamativa es también la inclusión de estos criterios en una convocatoria lanzada el 25 de octubre de 2025 y que evalúa las publicaciones de informaciones en valenciano entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. Es decir, este criterio se aplicó de manera retroactiva a los aspirantes a la subvención y penaliza en mayor medida a los más longevos en el uso del valenciano en sus redacciones.
La aplicación de este baremo ha generado, además, una rectificación de la propia Dirección General de Política Lingüística, ya que los criterios de puntuación no fueron publicados ni comunicados a los medios de comunicación aspirantes. Por resolución de 29 de octubre de 2026, el director general de Política Lingüística declaró la invalidez de la propuesta de resolución provisional en la que se castigaba a los medios de comunicación que usan los criterios de la AVL y ordenó la retroacción del procedimiento de concesión de las subvenciones al momento inmediatamente anterior a la fase de valoración técnica.
Pese a esta rectificación, una semana después publicó una nueva resolución en la que la comisión evaluadora aplica los mismos criterios lingüísticos propuestos por el PP, que vuelven a penalizar a quienes siguen las recomendaciones de la AVL. Es llamativa este decisión, puesto que aboca el proceso a numerosas alegaciones y a su previsible judicialización.