La izquierda valenciana repudia la iniciativa para una ley de señas de identidad presentada por un dirigente de la ultraderecha valenciana extraparlamentaria en las Corts Valencianes. La propuesta, una Iniciativa Legislativa Popular, fue tramitada por la Mesa de las Corts Valencianes que preside Vox el pasado noviembre, y aboga por prohibir el uso del término “País Valenciano”, denominación recogida en el Estatut d'Autonomia, y perseguir a quienes defiendan que valenciano y catalán son la misma lengua, como sostiene la Acadèmia Valenciana de la Llengua, organismo normativo oficial.
El texto para impulsar una ley fue registrado por Juan García Santandreu, un ultra que fue candidato falangista en los ochenta y dirigió el colectivo anticatalanista GAV en los noventa, propone una revisión de la ley de Señas de Identidad que impulsó el PP valenciano, y pide considerar una falta administrativa e “ilegal” el uso de la denominación País Valenciano, con las correspondientes sanciones administrativas. La iniciativa legislativa fue remitida a la Junta Electoral para su consideración sin votación en la Mesa de las Corts Valencianes, donde la izquierda manifestó su rechazo, dado que los letrados no se opusieron a aceptar el trámite.
Los grupos parlamentarios de la izquierda, Compromís y el PSPV, consideran que su tramitación abre una puerta “peligrosa” para el funcionamiento democrático básico. “Se tramitan cuestiones contrarias al Estatut d'Autonomia, que consideran delito el mismo cumplimiento de la ley”, señala la diputada socialista Mercedes Caballero, que recalca el pasado falangista de su precursor. La diputada acusa a la ultraderecha de dar cabida a estos discursos, y al PP de secundarlos: “Están intentando reabrir las batallas de la lengua y los símbolos que le dieron rédito electoral a la derecha, pero que crisparon a la Comunitat Valenciana”, critica la parlamentaria, que exige al partido de Carlos Mazón que “deje de plegarse a la estrategia de la extrema derecha de expandir el odio” y borre el asunto de la agenda política. El PP no ha respondido sobre cuál será su posicionamiento respecto a la iniciativa, si consigue las firmas necesarias para tramitarse.
Por parte de Compromís, la diputada y secretaria de la Mesa de las Corts, Maria Josep Amigó, censura la iniciativa. “Consideramos muy peligroso y absolutamente intolerable que se proponga una ILP que atenta contra los principios básicos de la democracia y potencia la persecución de entidades que no comulguen con las ideologías ultra”. La diputada, que dejó constancia de su rechazo en la reunión de la Mesa en la que se conoció la medida, insiste en que le parece “lamentable” que se acepte una iniciativa que “vulnera las libertades garantizadas por la Constitución y el Estatut d'Autonomia”. “Proponer la ilegalización de partidos políticos, asociaciones o sindicatos por razón ideológica o porque usan el valenciano normativo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua -cuestionada por PP y Vox- es un ataque propio de un movimiento dictatorial que pretende blanquear la posibilidad de atentar contra los derechos humanos fundamentales”, concluye la diputada.