Tras la multitudinaria protesta que recorrió las calles de Llíria el pasado sábado, la empresa promotora de la futura planta de biometano ha roto su silencio para defender la integridad del proyecto. La compañía ha negado tajantemente cualquier riesgo para la salud pública y ha arremetido contra los argumentos de la plataforma opositora, calificándolos de estar basados en un planteamiento meramente “ideológico” y “reduccionista”. Esta respuesta llega en un momento en el que el Ayuntamiento de Llíria está matizando su apoyo al proyecto ante la movilización ciudadana.
En el cuerpo de su defensa, la empresa aborda directamente la solvencia de los expertos que sustentan las críticas vecinales. Según la promotora, las opiniones de estos especialistas están condicionadas por una “perspectiva ideológica” que les lleva al “reduccionismo”. Critican, por ejemplo, que la oposición defienda la instalación de pequeños biodigestores en cada granja en lugar de centralizar el servicio en una planta profesional. Para la empresa, esta idea no solo es inviable por la falta de inversión privada, sino que además el “reduccionismo” de los críticos ignora que multiplicar el número de focos de gestión dificultaría el control e inspección, aumentando los riesgos para los acuíferos y la salud pública en comparación con un centro controlado.
La compañía también ha querido desmentir de forma categórica uno de los puntos que más alarma ha generado entre la población: el tratamiento de restos animales. Aseguran que es totalmente falso que se vayan a gestionar cadáveres, remitiendo a los interesados a la documentación oficial donde se detallan exhaustivamente los residuos. Estos materiales procederán íntegramente de la Comunitat Valenciana, la gran mayoría de un radio de 50 kilómetros, y en ningún caso se tratará de residuos calificados como peligrosos. La promotora insiste en que su labor no es incentivar la generación de más desechos, sino gestionar de manera eficiente y segura los que ya existen en el territorio.
Respecto a las emisiones, la empresa acusa a los opositores de utilizar un “razonamiento de la metonimia” para generar miedo infundado. Explican que, si bien en el proceso se genera ácido sulfídrico, este compuesto representa menos del 1% del total y se captura mediante filtros especializados. La empresa subraya que la gestión clásica actual —en vertederos o balsas de purines— sí libera este gas y metano de forma descontrolada a la atmósfera. Bajo esta lógica, la promotora sostiene que oponerse a la planta sería tan irracional como renunciar a los automóviles por los componentes cancerígenos de la gasolina o a los frigoríficos por sus gases tóxicos.
Finalmente, frente a la información “no objetiva” de la asociación vecinal, la empresa contrapone el aval de numerosos científicos y catedráticos de universidades como la Politécnica de Catalunya, la Universitat de València l la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. Defienden que el proyecto se ampara en un modelo consolidado en Europa, con más de 1.600 plantas de biometano operando sin sentencias que las vinculen con daños a la salud. Para la promotora, la campaña en contra carece de respaldo médico o legal y se basa únicamente en una premisa alarmista que busca la movilización social mediante el desconocimiento de una tecnología contrastada.