La oposición en el Ayuntamiento de València exige a la alcaldesa de la ciudad, la popular María José Catalá, que cese a la concejala de Vox investigada por delito de odio, Cecilia Herrero. Compromís y PSPV han reiterado la demanda al PP, que gobierna con Vox en la única gran capital en la que los ultras tienen peso, después de conocerse que Fiscalía solicita una pena de tres años de cárcel para la edil, como ha publicado elDiario.es.
La portavoz de Compromís -coalición denunciante de los mensajes- en el consistorio, Papi Robles, ha señalado este martes, tras conocer la propuesta del Ministerio Fiscal: “No podemos más que pedir la expulsión inmediata del gobierno municipal de Cecilia Herrero. Una medida que ya llega tarde. La responsable de esta situación no es otra que María José Catalá, que lleva meses protegiendo no solo a Cecilia Herrero, sino también al instigador de odio y concejal de gobierno investigado por la UCO, Juanma Badenas, dos personas que decidieron irse de escapada romántica mientras València sufría los consecuencias de la Dana. Y en todos estos momentos Catalá los encubrió”, censura la líder de los valencianistas en el municipio.
“Los tuits de Cecilia Herrero fueran vomitivos, por eso Compromís lo llevamos a Fiscalía en 2024. Hace unos meses supimos que la Fiscalía veía indicios de delito de odio en estas publicaciones y ahora sabemos que el Ministerio Público pide tres años de prisión a Cecilia Herrero por delitos de odio”, ha señalado.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, también ha exigido el cese inmediato. Esta petición judicial se fundamenta en la difusión de mensajes de carácter racista y homófobo a través de sus perfiles en redes sociales, unos hechos que el PSPV considera de extrema gravedad para un cargo con competencias de gobierno. Sanjuán ha sido tajante al afirmar que no es admisible mantener en el ejecutivo local a una persona sobre la que pesa una acusación penal de esta naturaleza por comportamientos que ha calificado como absolutamente antidemocráticos.
Para el portavoz socialista, la permanencia de la concejala de Vox en el gobierno municipal representa una vergüenza para la ciudad y una falta de respeto hacia los vecinos de València, quienes merecen representantes que cumplan con la dignidad institucional que el cargo requiere. En sus declaraciones, Sanjuán ha insistido en que en el gobierno de la ciudad no debe haber cabida para perfiles racistas o homófobos, instando a la alcaldesa a actuar hoy mismo para evitar que la imagen del consistorio siga deteriorándose. El PSPV sostiene que mantener este tipo de perfiles en el ejecutivo es incompatible con el respeto a los valores democráticos esenciales que deben regir cualquier administración pública.
Asimismo, la formación socialista ha vinculado esta situación con lo que describen como una deriva de opacidad generalizada en el actual gobierno municipal, señalando que este episodio de Vox no es un hecho aislado. En este contexto, Sanjuán ha recordado que el Grupo Municipal Socialista denunció recientemente que otros concejales del equipo de gobierno, como José Marí Olano, estarían ocultando información sobre sus actividades empresariales privadas a pesar de los requerimientos explícitos del Síndic de Greuges. Para los socialistas, este entorno de falta de transparencia agrava la decisión de Catalá de no expulsar a la edil de Vox de forma fulminante.
Finalmente, el portavoz del PSPV ha advertido de que la responsabilidad de mantener a una persona acusada de racismo por la Fiscalía recae exclusivamente sobre la figura de María José Catalá. El grupo de la oposición considera que la alcaldesa debe elegir entre proteger la integridad y la dignidad institucional de València o seguir sosteniendo a una concejala de Vox cuyas acciones han sido judicializadas por delitos de odio. La exigencia de expulsión inmediata se presenta así como la única salida ética y democrática posible para el PSPV ante la gravedad de la pena de prisión solicitada por el Ministerio Público.