Las renovables valencianas denuncian una parálisis administrativa que provoca despidos y la fuga de proyectos

La Comunitat Valenciana sufre un serio atasco administrativo en la tramitación de expedientes de proyectos de energías renovables. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Pedro Fresco, denuncia la tardanza de la Generalitat en la devolución de los avales económicos presentados por las empresas para proyectos que finalmente resultan inviables. Estas garantías, que ascienden a 40.000 euros por megavatio, permanecen bloqueadas durante años en lugar de restituirse en cuestión de semanas o meses, como marca la ley y asegura que sucede en otras comunidades autónomas. Esta inacción afecta de forma crítica a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y desarrolladores locales, atrapados en un proceso burocrático-administrativo sin perspectiva de una pronta solución.

Estas garantías económico-financieras pretenden evitar la especulación con los puntos de conexión y frenar el acaparamiento de la red. Sin embargo, la legislación establece la devolución obligatoria de los fondos cuando un proyecto decae por causas ajenas al promotor, como una declaración de impacto ambiental desfavorable, la denegación de licencias municipales o el no disponer de un punto de conexión, y marca un plazo de tres meses. Asimismo, el retraso burocrático, que aseguran es de entre cuatro y cinco años para autorizar una instalación, provoca la pérdida de las vías de financiación originales. Ante esta situación, Avaesen solicita la no ejecución de las fianzas salvo en los casos de acopio intencionado.

Esta parálisis castiga especialmente al tejido de pequeñas y medianas empresas del sector. Para poder asumir las garantías financieras requeridas por la administración, los pequeños desarrolladores acuden a entidades de crédito y caución que cobran comisiones anuales elevadas. Determinadas sociedades han explicado a elDiario.es que deben abonar primas anuales de hasta 70.000 euros por proyectos sin viabilidad, con desembolsos acumulados que superan los 160.000 euros en expedientes inactivos. Estos sobrecostes obligan a las empresas a recortar sus plantillas —con reducciones drásticas de personal que en algunos casos alcanzan hasta un 70 %— para afrontar el pago de comisiones sobre iniciativas extintas.

Este cuello de botella en la tramitación, tal y como explican desde el sector algunas de las empresas afectadas, no afecta únicamente a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Así, reseñan que, a pesar de la emisión de resoluciones favorables a la devolución de los avales por parte de la Dirección General de Industria, los expedientes quedan retenidos en la Intervención de la Generalitat Valenciana, un departamento que también se encuentra saturado y que, por tanto, retrasa la orden final de pago. Aunque la conselleria defiende en las reuniones mantenidas con el sector que ha reforzado el personal y ha desplegado herramientas informáticas para acelerar la resolución de los expedientes, la respuesta resulta insuficiente para los afectados. Así, los pequeños promotores denuncian que la Generalitat Valenciana mantiene retenidos los avales a pesar de haber solicitado de forma justificada el archivo de las actuaciones.

La desesperación entre los desarrolladores locales provoca el rechazo a la tramitación de nuevas instalaciones en el territorio valenciano. Tras la pérdida de la primera ola de proyectos fotovoltaicos, desde el sector advierten del riesgo que corre la segunda generación de inversiones centrada en el almacenamiento con baterías. Si la administración no resuelve este bloqueo burocrático estructural, los promotores alertan que trasladarán sus inversiones a otras comunidades autónomas, con el consiguiente perjuicio para la transición energética y el empleo técnico en la Comunitat Valenciana.

280 millones en avales no ejecutados

El Gobierno valenciano ha iniciado la tramitación para renunciar al cobro de 280 millones de euros en concepto de avales presentados por promotores fotovoltaicos que decidieron desistir de sus proyectos, una decisión que beneficia a sociedades que no completaron los hitos administrativos exigidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, permitiéndoles recuperar o evitar la ejecución de las fianzas de 40.000 euros por megavatio. Esta medida contrasta con las demandas del sector local, que critica la desigualdad de trato entre los grandes grupos de inversión y las pequeñas y medianas empresas implantadas en el territorio.