Las promotoras han renunciado a 165 proyectos de renovables en Valencia sin que la Generalitat ejecute un solo aval

Desde 2020 se han presentado proyectos de producción de energía eléctrica en la provincia de Valencia por una potencia conjunta de 6.927,77 MW. Esta cifra incluye todos los expedientes en cualquier estado de tramitación: autorizaciones, denegaciones o en trámite. Según explica la Plataforma per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, el total de las garantías por estos proyectos (calculada la potencia multiplicada por 40 euros el kW) asciende a más de 277 millones de euros, unas garantías que o bien se devuelven o se incautan por el incumplimiento de los interesados.

Sin embargo, denuncian que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio está devolviendo todo el importe de garantías, “cuando hay proyectos a los que se ha recurrido sobre esas garantías específicamente, ya que se han incumplido los preceptos por los que el promotor puede recuperar esos avales”.

165 instalaciones de renovables desestimadas

La Plataforma per la Ubicació Racional de les Energies Renovables alerta de que se han desestimado en la 165 instalaciones de renovables en todo el territorio valenciano y que, “en ningún caso” se han ejecutado los avales: “Según la Conselleria todos tienen justificación para no ejecutar los avales”.

Ante esta situación, la plataforma ha planteado, “desde el principio”, diversos recursos de alzada en los que se reclama que las resoluciones que desestimaban las plantas “no eran correctas y debían modificarse al no explicitar si los avales se ejecutaban o no”; algunas de ellas, detallan, tienen más de tres meses y están denunciadas al Síndic de Greuges por no tener respuesta.

Así, se preguntan si la Generalitat Valenciana puede no ejecutar los avales a aquellas plantas donde hay un recurso de alzada sin contestar en el que se argumenta que la desestimación “no es correcta”; al margen de conocer los criterios por los que la Administración autonómica no ha ejecutado ninguno de los avales de las plantas que han sido desestimadas.

“Se trata de una importante cantidad de dinero que podría estar en manos de la Administración y, sin embargo, no sabemos con qué criterios se les devuelve a los promotores en todos los casos, cuando son las empresas las que se retiran al no interesarles el proyecto”, sentencian.

Pregunta de Compromís a la consellera

El diputado de Compromís, Vicent Granel, presentó una pregunta al respecto dirigida a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, tras reunirse con representantes de la Plataforma per la Ubicació Racional de les Energies Renovables. El Ejecutivo autonómico respondió el pasado mes de noviembre asegurando que no les constaba ningún expediente de ejecución de avales “pese a la existencia de centenares de proyectos de reserva que mantienen bloqueadas centenares de hectáreas de suelo”.

Granel apunta que la pregunta pretendía conocer cuántos proyectos se han presentado, cuántos se han desechado, cuántos proyectos existen y cuántos avales se han ejecutado: “Hay un agujero que no se quiere tapar”. Y sostiene que si el aval deja de ser una garantía, “pasa a ser papel mojado”, y lamenta que no se han desarrollado criterios claros de ejecución de avales ni expedientes sancionadores: “No se pone fin a los proyectos especuladores porque se pueden presentar todos los proyectos que se quieran”.

El diputado de Compromís considera “preocupante” la política energética del Consell de Pérez Llorca: “Queremos saber de cuántos expedientes y de cuánto dinero estamos hablando”. La coalición valencianista tiene previsto presentar una Proposición No de Ley para tratar de forzar un posicionamiento político del Gobierno valenciano y pedir la ejecución automática de avales de aquellos proyectos retirados sin justificación de desestimación para evitar la especulación.

La ejecución de avales, si hay infracción

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio explica a elDiario.es que la normativa solo contempla que se ejecuten los avales cuando hay una infracción por parte del promotor del parque fotovoltaico o de la instalación renovable: “En estos casos hablamos de que la instalación no ha salido adelante por causas ajenas, como informes desfavorables porque es incompatible con alguna zona natural, paisaje, o similar”. Así, no se pide el cobro del aval, “ni tampoco en los proyectos nacionales”. Las plantas pequeñas y medianas (hasta 50 MW) las autoriza la Generalitat Valenciana y las grandes el Gobierno, “y se sigue la misma línea en ambos casos”.

Los casos de especulación, “los menos”

Marcos Lacruz, presidente de Avaesen (Asociación Valenciana de Empresas de Energía), comenta cómo estos avales se formalizan al principio del procedimiento para garantizar que el proyecto siga adelante. El problema, reseña, es que hay algunos que se iniciaron hace cinco o seis años “y todavía no han podido comenzar a desarrollarse, y las condiciones han cambiado”. En ocasiones, porque la Administración ha ido recabando informes y los condicionantes hacen que el proyecto sea muy diferente, “modificaciones que no son imputables al promotor”. Por ese motivo se producen las renuncias, “y todo eso está muy reglado”.

Lacruz reconoce que claro que existe quién ha jugado a la especulación, “pero esos casos son los menos”. “Calculamos que hay entre 300 y 400 proyectos en tramitación en la Comunitat Valenciana, pendientes de resolverse y que el expediente concluya en un sentido o en otro”, relata el presidente de Avaesen, que quiere “romper una lanza” por las iniciativas que se llevan a cabo en el territorio valenciano, “proyectos más pequeños, que impulsan pequeñas y medianas empresas, y que se ven perjudicadas por el atasco administrativo, que nos hace mucho daño”.