El Comité de Empresa del Hospital de Salud Mental Provincial de Bétera ha denunciado públicamente una situación de extrema gravedad que afirman que compromete la seguridad de los pacientes y la integridad de la plantilla. Según advierten los representantes de los trabajadores, la falta de personal y la desorganización estructural han alcanzado niveles alarmantes, llegando a dejar pabellones enteros bajo la supervisión de una sola enfermera mientras los auxiliares deben realizar acompañamientos externos. Esta precariedad asistencial es el resultado de una gestión que el Comité califica como “deficiente” y carente de planificación por parte de la Gerencia, lo que ha derivado en un centro al límite de sus capacidades.
La escasez de recursos humanos es especialmente preocupante en el colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), donde de los 21 profesionales necesarios solo 13 se encuentran activos. Esta drástica reducción de la plantilla ha obligado a enfermeras y auxiliares a prolongar sus jornadas laborales hasta las 24 horas consecutivas durante los meses de diciembre y enero, una práctica que supone un riesgo directo para la salud del personal y la seguridad de los internos. Además, el equipo de enfermería cuenta únicamente con cinco profesionales y mantiene vacantes que la Gerencia se niega a cubrir, lo que se traduce en una sobrecarga asistencial extrema y en el incumplimiento sistemático de la planilla anual.
El impacto de este caos operativo recae directamente sobre los usuarios del hospital, personas con necesidades complejas que requieren estabilidad y una supervisión constante. La desorganización ha provocado una disminución de la vigilancia y la reducción de actividades terapéuticas esenciales para su recuperación. Al mismo tiempo, el personal denuncia un clima laboral deteriorado donde se cancelan vacaciones, se deniegan permisos de conciliación y se obliga a realizar funciones ajenas a la categoría profesional. Esta presión constante ha disparado las bajas por ansiedad y estrés laboral, un problema estructural que, según el Comité, la Gerencia prefiere ignorar mientras mantiene una ruptura total de la comunicación con los representantes sindicales.
Ante este escenario de desprotección, el Comité exige a la Diputación de Valencia una intervención urgente para dotar al centro de una plantilla estable y adecuada. Aunque valoran avances como el inicio de la negociación del convenio colectivo previsto para el 28 de enero o el reconocimiento de la carrera profesional, insisten en que estas medidas no solucionan la crisis inmediata. Por ello, solicitan la depuración de responsabilidades en la gestión y la restitución inmediata de los derechos vulnerados en materia de descansos y conciliación, subrayando que la dignidad y la calidad asistencial de un hospital de salud mental no pueden verse comprometidas por una falta de previsión administrativa.