La sugerencia de Roig de “monetizar” las visitas de Fallas empuja a Catalá a abrirse a una tasa turística pactada con el sector
El debate sobre la recuperación de la tasa turística ha cogido fuerza con la entrada de Juan Roig a favor de este tipo de recaudación. El presidente de Mercadona ha abogado abiertamente por “monetizar” la fiesta, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante esta semana.
Según Roig, las Fallas son un evento de talla mundial que debe ponerse en valor para, entre otros objetivos, garantizar una remuneración digna a los artistas falleros, quienes sostienen el corazón de la fiesta pese a la precariedad que arrastra el sector. Cabe recordar también que Juan Roig es el impulsor del nuevo Roig Arena, el pavellón que se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de espectáculos en recinto cerrado de España.
Estas palabras añaden presión al cambio de postura de la alcaldesa de València, María José Catalá ante este tipo de tasa que el PP ha rechazado históricamente. Aunque la formación de derechas se ha opuesto tradicionalmente a la tasa turística —llegando a derogar la ley autonómica que la permitía apenas tomaron posesión del Consell—, la primera edil se ha mostrado ahora receptiva a estudiar un “tipo impositivo o de gravamen” sobre la realidad de las fiestas. No obstante, Catalá ha condicionado cualquier movimiento a que sea una medida consensuada y que vaya “de la mano del sector”, rechazando lo que ella denomina “imposiciones” y trasladando la pelota al Gobierno central para que cree un marco regulatorio general.
Esta apertura a una tasa turística pactada ha generado una respuesta inmediata por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La representante socialista ha criticado con dureza lo que considera una falta de coherencia y de capacidad de gestión por parte de la alcaldesa. Bernabé ha recordado que la ciudad ya podría estar recaudando fondos desde 2023 si el actual gobierno no hubiera eliminado la ley que daba cobertura legal a los municipios para establecer este cobro por pernoctación, una medida que podría haber inyectado entre 10 y 15 millones de euros anuales a las arcas públicas.
El trasfondo de esta disputa técnica y política reside en el modelo de gestión de un evento que, si bien es el motor económico de la ciudad en marzo, también genera unos costes de limpieza, seguridad y servicios públicos que actualmente sufraga la ciudadanía. La sugerencia de Juan Roig colabora al viraje del equipo de gobierno local para que pase de un “no” rotundo a la tasa a buscar una fórmula tributaria que permita sufragar estos gastos sin entrar en conflicto directo con los empresarios hoteleros.