El Ayuntamiento de València avala la permuta de 39 VPP que ya habían sido prerreservadas y la promotora canceló
El Ayuntamiento de València avala la legalidad de la permuta por la que adquirió a una promotora 39 viviendas de protección pública pese a que los pisos ya estaban pre reservados. El informe jurídico, encargado por el consistorio tras la denuncia del PSPV en Fiscalía, no ve irregularidades en el proceso público ni en la declaración responsable de la promotora, pese a que en los pliegos se señalaba que las viviendas no debían estar comercializadas. La promotora canceló las reservas y devolvió el importe a los vecinos que se habían interesado, aunque al menos cinco de ellos se negaron y plantearon sus dudas a la administración local.
Los servicios jurídicos del ayuntamiento analizan tres cuestiones a petición de PSPV y Compromís: si se cumplió el requisito previo de la no comercialización, si la promotora -Domio Desarrollos II- incluyó datos falsos en la declaración responsable y si se debe revisar el procedimiento. Y en los tres casos concluye que el consistorio actuó debidamente.
Tras analizar el contrato, los servicios jurídicos consideran que no se puede entender que las viviendas estuvieran comercializadas y que no había derechos sobre las viviendas: los mil euros de prerreserva no eran entregas a cuenta y este contrato no es un instrumento jurídico que la valide, como consta en las cláusulas. Además, los documentos que firmaron los interesados en los pisos contemplaban que la promotora los pudiera rescindir. “Los contratos de pre-reserva suscritos por DOMIO con terceros interesados en la adquisición de los inmuebles, solo determinaban la obligación del Promotor de notificar al Solicitante la puesta a disposición de la documentación informativa”, dice el informe, que señala también que la promotora devolvió el importe. Es decir, que la señal y el contrato apenas tenían valor sobre el piso.
El análisis del consistorio también destaca que en la declaración responsable de Domio Desarrollos II, en la que afirma “que las viviendas del edificio residencial en construcción ofrecido para permutar no están comercializadas por la promotora”, es “de fecha 30 de julio de 2025, es decir, posterior a las notificaciones de la resolución de los contratos de pre-reserva y subsiguiente devolución, con intereses, de la cantidad ingresada en tal concepto”. Con este argumento rechaza que hubiera información falsa en la documentación de la promotora.
Así, siguiendo este hilo argumental, los servicios jurídicos consideran que no cabe revisar el proceso administrativo, ni que el Ayuntamiento actuara mal, al tener conocimiento de que había un conflicto sobre las viviendas. Los acuerdos de gobierno que validan las permutas son posteriores a la cancelaciónde las pre-reservas operada entre febrero y diciembre de 2024, señalan.
Con la permuta, la mercantil entrega 39 viviendas construidas al Ayuntamiento a cambio de cuatro solares en los que construir cerca de 200 pisos protegidos, además de 1,5 millones que compensan la diferencia de valor entre el suelo y el inmueble. La constructora podría comercializar los pisos por cerca de 53 millones de euros gracias a la actualización del precio por metro cuadrado del Consell de Carlos Mazón.