Compromís y PSPV exigen al Ayuntamiento un informe jurídico sobre las permutas de vivienda de València
La oposición en el Ayuntamiento de València vuelve a aliarse. Esta vez, a razón de las permutas de solares a cambio de vivienda protegida en la ciudad, que los socialistas ya han llevado a la Fiscalía. Compromís y el PSPV exigen al consistorio un informe jurídico sobre el acuerdo mediante el que el Ayuntamiento adquiría 39 viviendas de la promotora Domio Desarrollos II y entregaba a cambio cuatro solares para construir 200 viviendas protegidas, después de conocer que había familias que ya habían señalizado los pisos.
La oposición también recalca que uno de los concejales que impulsó la permuta, José Marí Olano -entonces en Patrimonio- fue compañero en la Abogacía de la Generalitat de la apoderada de la empresa matriz, que es, a su vez, la mujer del promotor. El propio concejal reconoció en el pleno que se conocían y habían tenido buena relación profesional -“Es muy maja”, dijo-.
PSPV y Compromís reclaman al Ayuntamiento que revise tanto el expediente de la permuta como la documentación presentada por las familias afectadas, en la que se acreditaba que las viviendas estaban ya prerreservadas. El objetivo es que la Asesoría Jurídica analice toda la información relevante, incluidas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía la situación de esas viviendas antes de adjudicar la operación. “No vamos a permitir que el Gobierno de María José Catalá remita a los servicios jurídicos información sesgada para impedir que se analice lo sucedido de manera transparente y objetiva”, ha advertido Borja Sanjuan, portavoz del PSPV
La alcaldesa de València y líder del PP municipal, María José Catalá, ha considerado que el portavoz del PSPV “Construye un relato intentando forzar la máquina”. La dirigente ha defendido a Olano y cree que no es “un bombazo” que se conozcan de la Abogacía de la Generalitat. Sobre la permuta, ha insistido, “hemos pedido explicaciones a la empresa” sobre las reservas de las viviendas. De haber estado comercializadas, podría suponer un incumplimiento de los pliegos del contrato, además de introducir información errónea en la declaración responsable.
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