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El Ayuntamiento de València publicaba este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, en pleno mes de agosto, el anuncio sobre el cambio de denominación de la ciudad propuesto por el equipo de gobierno municipal y aprobado en pleno por Partido Popular y Vox el pasado 22 de julio. Ahora, apenas dos años después de que en junio de 2023 se impulsara el cambio de denominación a través de una moción elevada al pleno por la entonces recién nombrada alcaldesa María José Catalá, se abre un período de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.
El cambio se sustenta, tal y como se recoge en diversos documentos adjuntos en el expediente de más de 850 páginas, en las apócrifas Normas del Puig, que están avaladas por instituciones secesionistas en el ámbito lingüístico como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, adoptando la fórmula Valéncia en valenciano, en contra del criterio avalado por la estatutaria Acadèmia Valenciana de la Llengua, y Valencia en castellano.
A este respecto, un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de València, Hilario Llavador, advierte que el acuerdo municipal “se excede de las competencias legales que se le otorgan al municipio, ya que la normativa lingüística en la Comunitat Valenciana la fija la Acadèmia Valenciana de la Llengua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Estatut d'Autonomia” de 2006: “La normativa lingüística de L’Acadèmia Valenciana de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana”. Por ello, el jurista alerta que el acuerdo “infringiría el ordenamiento jurídico”.
La decisión adoptada por el equipo de Gobierno de Partido Popular y Vox está avalada por un informe técnico del lingüista y académico de la AVL Abelard Saragossà, adjudicado en contrato menor del departamento municipal de Normalización Lingüística por un importe de 2.000 euros (IVA incluido), tal y como se refleja en el expediente. Se da la circunstancia de que Saragossa defendía la postura contraria, el acento abierto de València, en el artículo 'Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana', publicado en marzo de 1998 en el boletín de la Societat Onomàstica.
Saragossà, además, critica en su escrito -el principal argumento en el que se sustenta el criterio del consistorio para justificar el cambio de denominación de la capital valenciana- el dictamen redactado por la AVL en 2016 justificar en aquella ocasión -con Joan Ribó de alcalde y Compromís, PSPV i València en Comú en el gobierno municipal- la adopción de la denominación València como nombre oficial de la ciudad. Además, en esta ocasión, el ejecutivo local de María José Catalá no ha solicitado un informe a la propia Acadèmia.
Además, el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV), integrado por las universidades de Alicante, València y Jaime I de Castelló, aprobaba de forma unánime un documento de alegaciones ante el Ayuntamiento para defender el mantenimiento del topónimo oficial 'València': “El topónimo forma parte de la regularidad ortográfica del valenciano y de la identidad colectiva del pueblo valenciano”. “Alterarlo sin criterios filológicos consolidados supone una fractura cultural y lingüística que no tiene justificación alguna”, advierten, para añadir que la modificación “dificultaría el aprendizaje y provocaría confusión entre la población”.