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El fracaso en la normativa de la zona de bajas emisiones de Valencia, una propuesta del PP que Vox tumbó en el Ayuntamiento, aboca a la ciudad a un escenario de incertidumbre y tiene a numerosos agentes en vilo. La norma debe entrar en vigor antes de finalizar este año para no perder 115 millones de euros en financiación europea, un agujero que sería tremendamente perjudicial para las arcas públicas. Pero, cuestiones económicas al margen, la regulación o no de la contaminación en la ciudad resulta clave para la salud de los vecinos. Es por ello que la oposición y las asociaciones de vecinos insisten en que la norma tiene que salir adelante y debe hacerlo con garantías.
“La ciudad de València no puede permitirse ponerse de espaldas a un modelo de ciudad que ha de ser más limpio y sostenible”, dijo la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), Maria José Broseta, tras la última sesión plenaria, y días después de criticar la legislación de mínimos planteada por el PP para buscar un acuerdo con Vox. La coalición Compromís presentó este viernes un plan alternativo de movilidad con una regulación más ambiciosa y apuntó que no serán “cómplices” de la propuesta del PP. La “inacción” del gobierno que lidera María José Catalá, afirman, “pone en riesgo la salud de la ciudadanía y hasta 155,6 millones de euros de los valencianos” y “castiga al vecindario”.
En su lugar, el concejal Giuseppe Grezzi planteó ocho medidas concretas: recuperar el doble carril bus-taxi en Colón antes de final de año para reducir el colapso actual, cerrar el túnel de Pérez Galdós y después transformarlo en un espacio verde y seguro para los barrios, reactivar las zonas verdes de aparcamiento para residentes y crear aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad, renaturalizar y pacificar las calles Xàtiva, Guillem de Castro, la Alameda, Ausiàs March y el proyecto del Bulevar Verde García Lorca, reforzar la EMT con más vehículos y mejores frecuencias y exigir más inversión en Metrovalencia y Cercanías; detener la ampliación del Puerto de València, incompatible con cualquier política de reducción de emisiones; crear carriles VAO en las principales vías de entrada para priorizar autobuses y vehículos compartidos y redactar una nueva ordenanza de ZBE que “combine justicia social y eficacia ambiental, sin castigar a quienes menos tienen”.
Según la portavoz de los valencianistas, Papi Robles, los datos oficiales son “alarmantes”: en dos años, los desplazamientos en coche han aumentado un 5%, con picos de hasta el 12% en el centro histórico, y la ciudad registra 150.000 movimientos diarios más que con el gobierno de Compromís. “Más del 90% de los puntos de medición superan los límites recomendados por la OMS”, señaló la portavoz en rueda de prensa.
Días antes, los socialistas, que denuncian la paralización de los proyectos de movilidad sostenible, exigieron el cese del concejal responsable, Jesús Carbonell y la recuperación de proyectos como el Corredor Verde. Su portavoz, Borja Sanjuán, denunció que el proyecto de regulación lleva más de un año frenado y creen que la gestión ha sido “ineficaz y negligente”: “Carbonell no solo ha bloqueado la acción contra la contaminación, sino que también ha hecho oídos sordos a las advertencias del Gobierno central” sobre la pérdida de fondos, insistió. El PSPV, como Compromís y Vox, votaron en contra del proyecto presentado por el equipo de gobierno, al considerarlo -la bancada izquierda- absolutamente insuficiente. Ambos partidos de la oposición han reclamado medidas más contundentes.
La alcaldesa de València, María José Catalá, censuró el pasado martes que los grupos “no han querido llegar a un acuerdo” y les hace responsables de la posible pérdida económica. “No tienen ningún ánimo de llegar a ningún consenso por responsabilidad o por lo que sea”, dijo la dirigente popular.