El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Valencia admite a trámite la denuncia del PSPV contra el acuerdo de permutas de vivienda del Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox. El juzgado da veinte días al consistorio para que entregue los expedientes administrativos que motivaron el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local, donde se rechazó ya un recurso del PSPV a las permutas.
El Ayuntamiento que dirige María José Catalá aprobó el pasado 11 de julio la convocatoria de un “procedimiento de concurrencia pública para la adquisición, en pleno dominio, de uno o varios edificios residenciales de obra nueva ubicados en el término municipal de València, destinados a la construcción de viviendas de protección pública de promoción privada, mediante su permuta por la plena propiedad de parcelas de propiedad municipal”.
El acuerdo implica ceder cuatro solares de titularidad pública, donde se preveía edificar 250 viviendas, a una mercantil para que construya las viviendas protegidas, de las que solo 39 pasarán a ser de gestión pública directa, destinadas para alquiler para jóvenes. Todas las viviendas han de tener protección, pero la diferencia radica entre las llamadas VPP de promoción pública y la privada; estas últimas pueden salir al mercado libre al cabo de unos años. Es en este punto donde en el PSPV ven la posibilidad de un “pelotazo” urbanístico, y denuncian además que la empresa encargada de la promoción, Domio Habitat, la empresa promotora del grupo Inversiones Montelimar, no cumple con los requisitos.
El PSPV considera que ni la desestimación de su recurso ni el acuerdo en sí se ajustan a derecho y recurrió al Contencioso, que ahora admite a trámite la denuncia. La permuta de bienes patrimoniales es un elemento previsto por la ley, pero requiere que se acredite la necesidad. El consistorio tiene otros mecanismos a su alcance como la construcción directa o el tanteo y retracto. El escrito de los socialistas, al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que la permuta de solares se realiza a la vez que el Ayuntamiento rechaza “sistemáticamente” ampliar su parque de vivienda pública a través de los derechos de adquisición preferente de los que es titular en virtud del Convenio firmado en el año 2021 entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana e insiste en que no se ha analizado el impacto de las permutas.
“Denunciamos que estábamos ante una operación ruinosa para el Ayuntamiento porque era evidente que intercambiar la posibilidad de tener más de 250 viviendas por solo 39 no tenía ninguna justificación y que era muy nocivo a medio plazo para el interés municipal de contar con un parque público grande con el que tratar de rebajar los precios y evitar crisis de vivienda como la que está atravesando la ciudad con Catalá”, ha apuntado el portavoz socialista, Borja Sanjuán, tras dar a conocer la decisión judicial.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha respondido al PSPV que “desde el primer momento que nos responsabilizamos de la alcaldía de Valencia nos pusimos en marcha para afrontar el problema de la vivienda y diseñamos un plan, el plan + Vivienda, con el objetivo de llegar al año 2027 con más de 1.000 viviendas de protección pública (VPP) y de alquiler asequible puestas a disposición de los jóvenes y de las familias con menos recursos”. El plan, apunta el edil, “tenía entre sus ejes de actuación la construcción de VPP y la reactivación del suelo municipal paralizado durante los ocho años por la izquierda para promover la construcción de vivienda protegida”. Giner ha defendido que se han puesto en marcha todos los mecanismos legales que tiene el Ayuntamiento “por su puesto, con todos los informes técnicos y jurídicos necesarios”, y ha preguntado al PSPV “qué problema tiene” con la vivienda en la ciudad.